Objeto del protocolo. Mismo fin común, diferente lenguaje. Una vez expuesta la “relevancia económica y social del Puerto de A Coruña a escala estatal, autonómica y local” y reconocida la deuda financiera que recae sobre la entidad por las obras del puerto exterior, el protocolo tiene como fin el “desarrollo, ejecución e integración urbana de la fachada marítima del puerto correspondiente a los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego”. En estos ámbitos se implantarán “nuevos usos acordes con el desarrollo de la ciudad” y “sin perjuicio de las necesidades económicas” del Puerto.

Titularidad pública. De nuevo hay matices terminológicos para un objetivo común. La propuesta de la Xunta plantea como finalidad del protocolo “favorecer al máximo el mantenimiento de la titularidad pública de los frentes litorales urbanos” para compatibilizar el uso ciudadano de esos espacios y “la obtención de ingresos para la financiación del puerto exterior”.

Hoja de ruta. En la ejecución del proyecto difieren los planteamientos. La Xunta propone, “debido a la complejidad técnica, jurídica y económica de la actuación”, tres fases: la primera para adecuar y humanizar los terrenos del muelle de Batería para uso ciudadano; la segunda para urbanizar Calvo Sotelo y aportar soluciones en la movilidad de la avenida do Porto, tras la necesaria planificación urbanística en el ámbito; la tercera, una vez ejecutadas las dos fases anteriores, consistiría en urbanizar los terrenos ocupados por el muelle de San Diego, también tras las consiguientes modificaciones urbanísticas.

Compromisos. La Xunta detalla a qué se comprometería cada administración. Se asigna la adquisición del 51% de Batería y Calvo Sotelo, ámbitos en los que desarrollaría obras de integración urbana, y financiaría parte de las actuaciones de movilidad en la avenida do Porto. Al Concello y a la Diputación les propone la compra de un porcentaje sin definir de ese mismo suelo, opción que han rechazado. Transportes desafectaría los muelles del dominio público portuario, Puertos del Estado y Adif colaborarían en esa desafección y el Puerto enajenaría los terrenos necesarios. Cada administración recabaría de sus plenos y consejos la autorización para participar “en la entidad jurídica que lleve a cabo el desarrollo” de la reordenación de los muelles.

Convenios. Al protocolo le sucederá un convenio a través del cual se harán vinculantes los compromisos manifestados. La Xunta los llama “convenios de desarrollo” y solo cuando se firmen estos acuerdos de colaboración entre las administraciones dejarán de tener vigencia los convenios de 2004 para la construcción del puerto exterior que se pretenden anular; mientras no se dé este paso, seguirán en vigor, apunta el borrador de protocolo de la Xunta.

Seguimiento. Velar por el cumplimiento de los compromisos contraídos será función de una comisión de seguimiento compuesta por un integrante de cada una de las siete administraciones y organismos. El Puerto constituirá una comisión delegada presidida por el consejo portuario.