Un estudio concluye que las ayudas por el dragado de la ría tiene que pagarlas el Estado

En el documento, el catedrático refrenda la tesis que defiende la Consellería do Mar, de que tiene que ser el Estado —como promotor de la obra— la Administración que pague las compensaciones a los mariscadores, a pesar de que es la Xunta la que suspende sus permisos de explotación y la que tiene derivadas las competencias del marisqueo. A pesar de defender esta posición, la Xunta llegó a ofrecer en varias ocasiones al Ministerio para la Transición Ecológica, que el plan social se integrase con fondos también de la Administración autonómica, que aportaría un 10% del total, y con fondos municipales de los concellos ribereños. Esta idea, sin embargo, nunca fructificó.

La Consellería do Mar publicó en el Diario Oficial de Galicia en septiembre de 2020, su compromiso de suspender los permisos que permiten a los mariscadores faenar en la ría de O Burgo el día en que se inicien los trabajos de regeneración del estuario, para que la adjudicataria del proyecto —una unión temporal de empresas liderada por Acciona— cuente con la plena disposición de los terrenos.

Este anuncio se publicó después de que los equipos jurídicos de la Consellería do Mar y de Abogacía del Estado llegasen a este acuerdo para desbloquear la licitación del contrato de regeneración de la ría, toda vez que habían solicitado fondos europeos para su ejecución y tenían que agilizar la publicación del concurso para no perder esa aportación económica procedente de Bruselas, que tenía —y tiene— fecha de caducidad.

El catedrático, en su informe, concluye que la suspensión de los planes de explotación que ejecutará la Xunta responde al “deber constitucional y legal” de que las administraciones colaboren cuando se trata de ejecutar obras de interés general y que este hecho no obliga a la Consellería do Mar a financiar las ayudas a los mariscadores, ya que, sin la retirada de los permisos para faenar, no se puede ejecutar el proyecto, y que prevalece la obra de interés general sobre la actividad extractiva.

Para llegar a esta conclusión, el profesor Míguez Macho analiza sentencias, leyes y las competencias de cada Administración, que se pueden aplicar a este caso, y también el propio proyecto de regeneración del estuario, ya que cuenta, en su redacción, con una mención expresa a que la actividad marisquera es incompatible con las obras durante los 26 meses en los que se ejecutarán las tareas de dragado. Esta cuestión fue una de las alegaciones que hicieron los mariscadores, con la intención de que el proyecto incluyese también las ayudas, pero no lo consiguieron.

La Dirección General de la Costa y el Mar adjudicó a principios de mes las obras de regeneración de la ría de O Burgo a la Unión Temporal de Empresas constituida por Acciona Construcción y Matías Arrom Bibiloni, que presentó una oferta de 32,23 millones de euros con impuestos —26,64 millones sin IVA— y un plazo de ejecución de 26 meses —el máximo que contemplaba el pliego de condiciones—. Para Míguez Macho es una obra de “interés general”, basándose en la Ley de Costas, que indica que serán competencia del Estado las actuaciones necesarias “para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren; las de creación, regeneración y recuperación de playas; las de acceso público al mar no previstos en el planeamiento urbanístico; las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y las de iluminación de costas y señales marítimas”.

Los mariscadores —que actualmente son poco más de medio centenar— han defendido siempre la necesidad de que las Administraciones lleguen a un acuerdo para garantizarles que cobrarán una ayuda durante el plazo de ejecución de las obras, ya que consideran que no pueden expulsarles de su lugar de trabajo sin una compensación. Y es que, a pesar de que no puedan faenar tendrán que seguir haciendo frente a gastos como la cuota de autónomos o la Seguridad Social. Los afectados cuantifican en unos 700.000 euros, el dinero necesario para “no perder” durante el dragado del estuario.

Los mariscadores alertan de que no facilitarán el inicio de las obras hasta que sean compensados

El portavoz de la Agrupación de Mariscadores a Pé, Manuel Baldomir, explica que el colectivo de profesionales no facilitará el inicio de las obras de dragado hasta que se haya acordado el plan social que les dé cobertura durante los 26 meses de ejecución del proyecto de saneamiento de la ría de O Burgo. En el proyecto consta que tendrán que ser los mariscadores los que se hagan cargo de la retirada de los bivalvos antes de que entren las máquinas en el estuario, para que las crías puedan ser reinstaladas en otros polígonos, ya que la actividad extractiva es incompatible con el dragado de la ría. “No vamos a favorecer que se nos mande para casa sin una solución y menos cuando llevamos alertando de este problema desde el principio”, reivindica Baldomir, que se queja de que la Delegación del Gobierno no les haya informado todavía de si ha intentado que se reúnan los equipos jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Consellería do Mar para desbloquear esta situación. Los mariscadores se quejan también de que para formalizar las ayudas será necesario habilitar una partida económica, y alertan de que puede llegar el inicio de las obras y que el procedimiento no esté listo, de modo que pueden pasar meses sin que cobren unas compensaciones que defienden que les pertenecen.