El plan del Gobierno local para la zona portuaria de San Diego incluye el mantenimiento de la actividad ligada al mar en parte de esos terrenos, que los convenios para el desarrollo urbanístico de los muelles firmados en 2004 destinaban en su integridad a la construcción de viviendas. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, se mostró ayer partidario de que en San Diego siga habiendo usos productivos como los actuales, ligados al sector pesquero y a las economías azul y verde, pero también se mostró partidario de que en otros sectores de esa misma área se levanten edificios de viviendas.
Villoslada hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida por su equipo con representantes de Marea Atlántica sobre la ordenación futura de los muelles, a cuyo término la portavoz de este grupo municipal, María García, condicionó el apoyo al plan municipal para adquirir terrenos portuarios a que se impida construir viviendas en San Diego. “Si va a haber un esfuerzo por parte de las administraciones, será para sacar de delante los convenios que prevén el desarrollo inmobiliario de los muelles”, advirtió García sobre la posibilidad de que se edifique en San Diego, a la que calificó de “amenaza”.
“Ningún urbanista rechazaría en una planificación las posibilidades de que haya algún uso residencial”, manifestó Villoslada sobre esta cuestión, a lo que añadió que “una forma de vivir la ciudad es a través de la vivienda”. Pero el responsable de Urbanismo puso de relieve que la intensidad edificatoria en San Diego debe ser “mucho menor” de lo que marca aún el plan general y que la vivienda de protección oficial y la pública en régimen de propiedad y de alquiler son “oportunidades” que no se pueden descartar en las zonas que no tengan usos productivos.
Marea denunció el “silencio atronador” que existe sobre el futuro de San Diego en las negociaciones entre Concello, Xunta y Gobierno central para la reordenación de los muelles y reclamó una “solución global” para todos ellos que garantice su titularidad pública y la inclusión de usos productivos, equipamientos públicos y espacios libres. “Si este es el objetivo, podemos empezar a hablar de cuál es la aportación de cada administración”, señaló María García.
Villoslada admitió que, aunque considera legalmente superados los convenios de 2004, sus determinaciones urbanísticas siguen vigentes en el plan general, por lo que debe ser modificado. El borrador del protocolo que sustituirá a los acuerdos sobre los muelles está “bastante avanzado”, según indicó, y el Gobierno local defiende la creación de un ente de gestión de los terrenos portuarios a través del que adquiriría el 75% de la propiedad de la Batería y Calvo Sotelo. El concejal se pronunció a favor de elaborar un nuevo Plan de Ordenación de los Espacios Portuarios y un convenio específico para adecuar el muelle de la Batería a su apertura al público.
García exigió la condonación de la deuda del Puerto y recordó a los socialistas que necesitan de los votos de Marea para aprobar en el pleno municipal su propuesta sobre los terrenos portuarios y reconoció que este asunto puede afectar a la negociación con el Gobierno local sobre el presupuesto del próximo año. Villoslada calificó el perdón de la deuda portuaria de “altamente complicada”, por lo que defendió la búsqueda de alternativas, y sobre las conversaciones presupuestarias indicó que “todo se puede interrelacionar pero unas cosas tampoco pueden condicionar absolutamente otras”.
También el PP se pronunció ayer a favor de la condonación de la deuda del Puerto, al tiempo que reclamaba que las negociaciones sobre los muelles incluyan a todos los grupos municipales en la comisión del Borde Litoral. La portavoz de los populares, Rosa Gallego, alertó además de que se manejan “unas cantidades y unos plazos que reducirían el margen de maniobra de futuras corporaciones”.
