Este lunes se cumplió un mes desde que la Sociedad Recreativa e Instructiva A Gaiteira, con décadas de historia, fue desalojada de su histórico local de la avenida de Oza. El lanzamiento se debió al impago del alquiler, pero los problemas económicos de la entidad derivan en gran parte en una deuda impagada con la Diputación que, con los intereses, ahora supone unos 12.000 euros —3.000 más de los que publicó este diario, en base a declaraciones de la propia asociación— y que la inhabilita a pedir ayudas públicas, tanto de la entidad provincial como de otras. Su presidente, Francisco Blanco, señala que está en contacto con las administraciones y que sigue trabajando en buscar a una solución al problema, y el Concello confirma que un funcionario municipal está ayudando a la asociación a preparar la documentación para refinanciar esta. Sin embargo, la Diputación señala que, por el momento, y aunque un cambio reciente en la normativa da facilidades a las entidades sin ánimo de lucro deudoras de la entidad provincial, “no consta presentada ninguna solicitud de aplazamiento o fraccionamiento” por parte de la sociedad coruñesa.

La deuda, según informa la Diputación, se originó por una subvención concedida a A Gaiteira para financiar el programa de actividades del ejercicio 2013. La ayuda era de 3.100,03 euros, muy por debajo de la cantidad que ahora se le reclama. La entidad provincial tramitó un expediente de control financiero (una especie de auditoría para determinar que las subvenciones se han empleado correctamente) en el que determinó que la asociación había aportado documentos falsos en relación a la justificación de la ayuda.

Francisco Blanco no era en aquel momento presidente de la entidad, y la persona que ocupaba ese puesto ya ha fallecido. El actual dirigente considera que de los responsables de la asociación a día de hoy ”no tenemos culpa, ninguno estábamos en la junta directiva” que cometió las presuntas irregularidades. Señala que la entidad actuó de buena fe en relación a la Diputación, y, cuando realizó la auditoría, le suministró todos los documentos que requería.

De cualquier manera, la entidad provincial les reclamó la devolución de la cantidad que les había proporcionado como ayuda, y, a mayores, inició un procedimiento sancionador por la que consideró una “infracción muy grave”. Como resultado de esta, exigió una “multa pecuniaria proporcional del doble” de la cantidad que se les había suministrado. Esto es, tras recibir una subvención de 3.100 euros, la asociación tenía que pagar 9.300, de los que 6.200 se corresponden con la sanción provincial.

La sociedad trató de recurrir a los tribunales. Según informa Blanco, se interpuso una denuncia contra el anterior presidente. Sin embargo, el actual directivo de la entidad cuenta que, debido al criterio del fiscal, este asunto nunca se llegó a juzgar, y cuando más tarde interpusieron un recurso este fue desestimado de nuevo. Blanco afirma que “no somos capaces de entenderlo”, pues cree que se emplearon diferentes criterios por parte de la Justicia y de la Diputación.

La sociedad, que Blanco recuerda que no tiene “ánimo de lucro”, no podía pagar la deuda. Según indica la Diputación, se sobrepasaron “todos los plazos de pago” posibles, y a partir de estos el importe inicial empezó a ir sumando intereses de demora. En la actualidad, la suma asciende a unos 12.000 euros, según indican fuentes de la entidad provincial. El pago se encuentra “en periodo ejecutivo por el procedimiento de apremio” con derivación de responsabilidad hacia la persona que “en aquel momento era presidente de la entidad”, si bien no se podrá dirigir ninguna acción contra él porque, según indica Blanco, ya ha fallecido.

Esta deuda fue mermando las posibilidades de la asociación de conseguir ingresos. Además de no poder solicitar ayudas a la Diputación, tampoco podían pedir subvenciones a otras administraciones. Según señalan fuentes del Concello, este es el motivo por el que no se pudo ayudar a la sociedad recreativa desde el Gobierno local. La falta de ingresos fue empeorando las cuentas, y, tras acumular una deuda de 5.000 euros con los propietarios del local en el que realizaban sus actividades, estos los desahuciaron el pasado 23 de julio, pese a la movilización vecinal en protesta.

Seis días después del lanzamiento, la Diputación cambió su normativa relativa a la renegociación de deudas, si bien fuentes de la entidad provincial señalan que no se hizo a propósito para este caso. La modificación permite ahora que las entidades sin ánimo de lucro inscritas como tales y que soliciten aplazar o fraccionar el pago de su deuda “quedarán dispensadas de los deberes de aportar la documentación justificativa de las dificultades económico-financieras y de presentar garantía”. Con demostrar que están acreditadas en el registro de asociaciones y una declaración responsable de su representante legal de que “la entidad atraviesa por dificultades económico-financieras de carácter transitorio” bastará. Fuentes de la Diputación confirman que se introdujo para “facilitar” a estas entidades la refinanciación, o, al menos, proponerla.