Segundo aviso en la cárcel de la Torre este verano. Los bomberos tuvieron que volver a acudir a la antigua penitenciaría después de que ciudadanos divisasen humo en el interior del inmueble desde el paseo. De nuevo, al igual que en la intervención de julio, el foco fueron colchones abandonados en las habitaciones de la prisión, que se ha convertido en punto de reunión ocasional de adolescentes, según confirman fuentes municipales. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), entidad titular de las instalaciones en estado ruinoso, las mantiene sin ningún tipo de seguridad desde hace más de un año.

El conato de fuego no tuvo mayores consecuencias, aunque los bomberos tuvieron que acudir al lugar en dos ocasiones, pasadas las seis de la tarde y, posteriormente, a las ocho menos diez. Fuentes municipales apuntan a la entrada de jóvenes en el recinto como origen del incendio, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias.

El suceso calca las circunstancias de la alerta del 24 de julio. También por la tarde, a las 19.40, los bomberos y agentes de la Policía Nacional y Local, acudían a la prisión y sofocaban el fuego en una habitación con colchones apilados y abandonados que, según explican los bomberos, son altamente inflamables. También en esta ocasión fue lo único que ardió. Vecinos y entidades como Proxecto Cárcere llevan años denunciando el progresivo deterioro del complejo, en el entorno de protección de la Torre de Hércules. La pasada semana, puso la situación en conocimiento del Icomos, entidad colaboradora de la Unesco en el nombramiento y preservación de los monumentos y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

La alcaldesa, Inés Rey, confirmó esta semana que el Ayuntamiento no tiene abierto ningún expediente al Estado por el abandono de la prisión. A preguntas de este diario, aseguró que el Gobierno local está en negociaciones con la propietaria del edificio para definir el traspaso de la titularidad del inmueble, toda vez que el Superior dictaminó en 2020 que el Concello debía pagar 1,2 millones en caso de que quisiese incorporar el inmueble al patrimonio municipal. Indicó que “se está trabajando en una solución para esas cantidades que tiene que abonar el Concello”, en virtud del acuerdo firmado por Francisco Vázquez en 2005.