La Junta de Gobierno Local decidió ayer adjudicar la gestión de las bibliotecas municipales a la empresa LTM Servicios Bibliotecarios por 2,7 millones de euros anuales y durante dos ejercicios, aunque el contrato establece que se puede prorrogar el servicio un año más.

El Gobierno local abrió el procedimiento en enero de 2021. Durante el proceso de recepción de ofertas, se presentaron tres recursos especiales ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, de los cuales solo uno, el de la empresa Real Compañía de los Mares Virtuales fue admitido parcialmente, ya que advertía de que el cálculo de algunas partidas del contrato no estaba bien hecho, como, por ejemplo, el precio de la implantación de la biblioteca digital y la formación de los trabajadores. El recurso que interpuso el comité de empresa de los trabajadores que prestan servicio en las bibliotecas no fue admitido, como tampoco el de Axiña Servizos Deportivos. Tras las resoluciones del tribunal de contratación, el Gobierno local tuvo que rectificar el precio del contrato, siendo el nuevo presupuesto de 2,7 millones de euros anuales, en lugar de los 2,6 millones presupuestados anteriormente. Según el informe que aprobó ayer la Junta de Gobierno local, las arcas municipales pagarán como máximo 676.087 euros en 2021; 2,7 millones el año que viene y 2,02 millones en 2023, por la gestión de las seis bibliotecas municipales incluidas en este contrato: la del Ágora, el Fórum Metropolitano, la Sagrada Familia, la de Os Rosales, la Infantil y Juvenil de Salvador de Madariaga y el punto de préstamo instalado en el centro cívico de Mesoiro.

La adjudicación de este contrato implicará que la gestión de las bibliotecas no volverán a tener reparos de intervención, como hasta ahora, ya que el servicio tendrá un marco que lo sustente.

El BNG, que incluyó la adjudicación de este contrato en el pacto con el PSOE para el inicio de la legislatura, considera que el precio por el que se adjudica el servicio es “insuficiente” para todas las tareas encomendadas, como, por ejemplo, la implantación de una biblioteca virtual municipal o la cobertura de las vacaciones de los trabajadores. La concejala del BNG, Avia Veira, considera que adjudicar ahora este contrato incumple el acuerdo al que había llegado su formación con el PSOE, ya que, entonces, el Gobierno local se había comprometido a “darle la mejor solución legal y laboral posible en el primer año de mandato a la situación del personal de las bibliotecas, con el objetivo de unificar la red a través de la gestión directa”. Veira considera que de este contrato, que tiene una duración máxima de tres años, no se vislumbra la intención del Gobierno local de municipalizar el servicio.

Según el contrato, la empresa adjudicataria se compromete, entre otras cosas, a realizar 120 horas anuales de sesiones informativas con los usuarios sobre el funcionamiento de las bibliotecas y también de divulgación. Ofrecerá también quince horas semanales de dirección de las bibliotecas a mayores de las 225 mínimas exigidas en el pliego de condiciones, por lo que no tendrán coste para las arcas municipales. El 1% del contrato tendrá que invertirse en actividades de divulgación, comunicación y participación de la ciudadanía.

Durante el mandato de Marea Atlántica, el Gobierno local había intentado gestionar de manera directa la red municipal de bibliotecas, aunque no culminó ese proceso.

Marea Atlántica considera que el contrato de gestión de las bibliotecas “llega tarde” y, también como el BNG, cree que la adjudicación es “la constatación de que el Gobierno local no tiene ninguna intención de respetar sus promesas y de continuar con la remunicipalización de todo el servicio municipal de bibliotecas”.

La formación recuerda que este camino —el de no optar por la gestión directa del servicio— “incumple una moción de la Marea Atlántica, aprobada en la sesión plenaria del 12 de septiembre de 2019 con los votos favorables del PSOE y el BNG. La formación considera también que se “desaprovecha así el trabajo jurídico realizado” por el Ejecutivo anterior.

“Renunciar a la municipalización supone renunciar a mejoras en la atención a la ciudadanía, mayores garantías de empleo y al ahorro de 300.000 euros anuales al eliminar a las intermediarias privadas”, relatan fuentes de Marea.