La Autoridad Portuaria valora en 11.532.780 euros los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, aunque solo con relación a las concesiones que pudieran concederse en esos terrenos para el desarrollo de actividades portuarias. Esa cantidad es la única tasación oficial dada conocer sobre esas superficies y es notablemente inferior a la calculada para la venta de esa superficie al Concello y la Xunta con el fin de reducir la deuda del Puerto, ya que alcanza los 19,8 millones de euros.

El Puerto atribuye a los muelles de la Batería y Calvo Sotelo un valor de 142,38 euros por metro cuadrado, por lo que los 37.000 de superficie que tiene el primero son tasados en 5.268.060 euros, mientras que los 44.000 metros cuadrados del segundo se valoran en 6.264.720 euros.

Pero no toda la superficie de ambos muelles será puesta a la venta, ya que solo se pretenden desafectar 54.533 metros cuadrados porque una franja de 20 metros de anchura a lo largo de sus cantiles permanecerá siendo dominio público portuario. De acuerdo con esto y con la valoración otorgada por el Puerto a ese suelo, su coste sería de 7,6 millones, aún más lejos de la establecida para su venta a las administraciones local y autonomica.

El organismo portuario asegura que esta valoración “no tiene relación alguna con el proceso de transformación de los muelles para otros usos de carácter ciudadano” y que la estimada para la venta de ese suelo se basa en el valor de los terrenos urbanos del entorno y en los usos que el plan general autoriza ahora en la Batería y Calvo Sotelo.

La normativa urbanística permite en la actualidad la construcción de instalaciones comerciales y hosteleras, oficinas y hoteles en ambos muelles, lo que justificaría el incremento de la valoración realizada para su venta con respecto a la aplicada para los usos portuarios. Pero el Concello proyecta modificar el plan general precisamente para plasmar en el mismo las nuevas actividades a las que pretende dedicarlo, según figura en el estudio elaborado por la Universidade da Coruña sobre la transformación de los terrenos portuarios.

Al preverse que en su mayor parte estén dedicados a zonas verdes y espacios libres, su tasación debería ser menor, pero por el momento la elaborada para la operación de compraventa es casi el doble de la establecida para los usos portuarios. La venta de los muelles es justificada por todas las administraciones implicadas en la operación como imprescindible para garantizar que se dediquen a uso ciudadano e implicará que esos terrenos pierdan su actual condición de dominio público portuario.

Pero en este momento hay una zona del puerto que continúa perteneciendo a ese dominio y que tiene un uso ciudadano, el paseo marítimo de O Parrote, lo que revela que la Batería y Calvo Sotelo podrían tener el mismo uso sin necesidad de que fueran vendidos. La avenida de la Marina ha sido desafectada del dominio público portuario, pero sigue siendo propiedad del Puerto, que no se la cederá al Concello hasta que resuelva los conflictos que mantiene con él sobre el pago de las obras realizadas, aunque su uso es totalmente ciudadano, al igual que sucede en O Parrote.

Pero la adquisición de terrenos portuarios por parte de otras administraciones es la condición impuesta por el Ministerio de Transportes para que Puertos del Estado demore hasta 2035 el pago del crédito de 200 millones de euros concedido a la Autoridad Portuaria para financiar la construcción de la dársena de punta Langosteira. Sin esa operación, el organismo estatal mantendría el calendario de pagos establecido en 2011, que pondría al Puerto coruñés al borde de la quiebra.

Hasta el momento, la Autoridad Portuaria ha abonado ya a Puertos del Estado 39,5 millones de euros, pero que solo corresponden a los intereses del crédito, del que este año debían empezar a pagarse unas cuotas que asfixiarían económicamente a la institución, que además tiene que hacer frente a la devolución del préstamo de 130 millones concedido por el Banco Europeo de Inversiones, del que devolvió casi 30.

En la valoración de los muelles coruñeses publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, que se efectúa de forma periódica, el Ministerio de Transportes señala que esta operación se lleva a cabo “sobre la base de criterios de mercado” y dividiendo los terrenos por áreas funcionales, de forma que a los incluidos en cada uno de ellos se le asigna “un valor por referencia a otros terrenos del término municipal o de los términos municipales próximos, con similares usos y condiciones”.

Transportes advierte además que la valoración de los terrenos también tendrá en cuenta el grado de urbanización general de la zona, las características de su ordenación establecidas en el Plan Especial del Puerto, su centralidad en la zona de servicio, y su proximidad, accesibilidad y la conexión con los diferentes modos e infraestructuras de transporte, en particular, a las instalaciones de atraque y áreas de agua abrigada.

La Autoridad Portuaria añadió sobre esta cuestión que la actualización de los valores de los muelles se adaptó “a la evolución del mercado” y que el incremento aplicado al conjunto de estos terrenos es inferior al 1%, por lo que lo califica de “poco relevante”.

San Diego y Petrolero

Aunque el futuro de los muelles de San Diego y Petrolero ha sido pospuesto por el Puerto, la Xunta y el Concello, la valoración realizada ahora de los terrenos portuarios proporciona una orientación sobre el precio que podrían alcanzar en caso de que finalmente se vendan, como prevén los acuerdos de 2004 para financiar el puerto exterior, que siguen en vigor, y el propio plan general.

Según lo publicado ayer en el BOE, una parte de los 168.000 metros cuadrados de San Diego se tasa en 139,15 euros por cada uno de ellos, mientras que el resto alcanzaría los 142,38, aunque no se detalla qué superficie tiene cada una de esas áreas.

Aplicando la valoración más alta a todo ese sector, alcanzaría los 23.919.840 euros. El muelle petrolero se valora en 122,16 euros por metro cuadrado, por lo que sus 120.500 metros de extensión son tasados en 14.720.280 euros.