El año del inicio de la pandemia se caracterizó en A Coruña por un aumento considerable de los delitos informáticos, que se dispararon desde los 224 procedimientos judiciales iniciados en 2019 a los 405 de 2020, lo que supone una subida del 80,8%. El incremento se produjo en toda la comunidad gallega, según reflejan los datos de la memoria de la Fiscalía de Galicia, ya que la subida en el conjunto de las cuatro provincias fue del 74,16% al alcanzar los 1.085, frente a los 622 del año anterior y contrasta con el comportamiento del resto de delitos en ese mismo periodo, que cayeron un 36,36%.
Las dificultades para llevar ante los tribunales a los responsables de estos delitos hacen que tan solo un 10% de los cometidos no lleguen a denunciarse, puesto que para que se inicie un procedimiento judicial debe figurar la persona o personas a las que se atribuya su autoría y en la inmensa mayoría de los casos es muy difícil conocerla, a pesar de la existencia de una fiscalía especial para la persecución de este tipo de delitos.
Eso hace que una gran parte de los hechos delictivos cometidos a través de internet se queden impunes, por lo que a lo largo del año pasado solo se dictaron en la provincia 59 sentencias condenatorias y hubo 38 personas condenadas, aunque esos delitos pudieron haberse cometido en ejercicios anteriores.
Al igual que en el resto de Galicia y España, los delitos contra el patrimonio son los que concentran la mayor parte de la actividad de los ciberdelincuencia en la provincia coruñesa. De los 405 procedimientos judiciales incoados en 2020, 371 correspondieron a esta modalidad delictiva y, casi la totalidad de ellos, 368, a las estafas cometidas a través de internet. A ellas hay sumar dos casos de daños informáticos y otro de descubrimiento de secretos empresariales.
Los delitos contra la libertad sexual son los siguientes en cuanto al volumen de procedimientos iniciados, con 12 sobre pornografía infantil o contra personas con discapacidad, mientras que se contabilizaron otros 12 de este mismo tipo pero en los que no había menores implicados. En este apartado es relevante el elevado número de casos denunciados en la provincia de Pontevedra el año pasado en relación con el resto de Galicia, ya que aunque solo hubo 7 procedimientos por pornografía infantil, fueron 6 los de acoso a menores de 16 años a través de internet y 41 los cometidos contra la libertad sexual de adultos.
El descubrimiento y revelación de secretos a través de medios informáticos es el delito contra la intimidad con más casos iniciados en A Coruña el año pasado, con 5 procedimientos iniciados, seguido por otros dos que fueron ataques a sistemas informáticos o interceptación de la transmisión de datos. Otras modalidades de delitos informáticos tan solo dieron lugar a la puesta en marcha de un procedimiento judicial, como amenazas y coacciones a través de internet, calumnias o injurias contra un funcionario o la autoridad o la falsificación a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
La Fiscalía de Galicia destaca que estos medios tecnológicos han tenido un “doble impacto” en la actividad delictiva, ya que por una parte suponen un “medio para ejecutar nuevas formas de comisión de delitos clásicos”, entre los que menciona las estafas, amenazas, injurias o calumnias. Pero, además, alerta de que han permitido el “surgimiento de nuevas figuras delictivas” como el ataque a sistemas informáticos, los daños informáticos o la interceptación de la transmisión de datos.
También pone de relieve la Fiscalía gallega que la variedad de delitos que se cometen haciendo uso de las nuevas tecnologías hace que el Código Penal no los distinga de forma específica, por lo que aparecen diseminados a lo largo de su parte especial. La ciberdelincuencia tiene sin embargo algunos rasgos específicos, según explica el Ministerio Público, entre los que figura la facilidad para cometer los delitos, la posibilidad de que sus efectos trasciendan las fronteras nacionales, las dificultades para su prevención, el alto grado de impunidad, así como la potencial producción en los casos más graves de daños de gran magnitud, que tienen una repercusión en los ámbitos económico y tecnológico.
Para los fiscales gallegos, la delincuencia tecnológica “requiere un tratamiento jurídico específico, acorde con su propia idiosincrasia”, con el fin de favorecer que las autoridades puedan llevar a cabo intervenciones tanto preventivas como represivas de los poderes públicos. Para ello consideran necesario abandonar “las utópicas tesis abstencionistas que conciben internet como un espacio libre de toda intervención pública”.
La reforma legal permite una mejor investigación
La Fiscalía de Delitos Informáticos califica a la prueba electrónica , la información que permite demostrar la existencia de un delito informático, de “esencial para la investigación y persecución de las diversas modalidades de cibercrimen”, no solo por parte de los medios judiciales, sino también por los policiales. La reforma legislativa efectuada en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la investigación de estos delitos proporcionó, según los fiscales, nuevos instrumentos para afrontar los retos que plantea la ciberdelincuencia, al tiempo que se respetan los derechos fundamentales y las garantías del control judicial.
Entre las novedades que introdujo esa modificación figuran la “ciberintervención”, que permite intervenir las comunicaciones a través de internet, el “ciberpatrullaje” o rastreo de las redes por los cuerpos policiales, el “agente encubierto informático” que investiga estos delitos con una identidad supuesta, así como el “ciber registro” o revisión de sistemas y dispositivos informáticos.
La Fiscalía llama la atención además sobre la fuerte presencia del uso de estos medios tecnológicos en algunos tipo de delitos e incluso de forma relacionada entre ellos, como los delitos patrimoniales y socioeconómicos; los de injurias, calumnias y amenazas; los de odio y discriminación contra grupos vulnerables, los cometidos por menores a través de las redes informáticas, como el ciberacoso y la violencia de género, además de los cometidos por grupos criminales, como el tráfico de drogas, armas o seres humanos y el ciberterrorismo.
