El Gobierno central ha sido tajante en su negativa a condonar la deuda de 200 millones de euros que pesa sobre el Puerto por la construcción de la dársena exterior en punta Langosteira. Descarta esta posibilidad en la respuesta a una pregunta formulada por el senador popular Miguel Lorenzo, quien, tras el acuerdo unánime de la Corporación municipal para pedir la condonación o bien una ayuda equivalente al préstamo, se interesó por los planes del Estado para incluir esta petición en los Presupuestos. “No existe fundamento legal alguno que avale el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Autoridad Portuaria de A Coruña”, señala el Gobierno central.
PSOE, PP, Marea Atlántica y BNG acordaron, el pasado 9 de septiembre, solicitar el Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluyese en sus presupuestos una mención expresa a la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria o la petición de una ayuda. Una moción, aprobada por unanimidad, con la que la Corporación municipal pretende que A Coruña reciba el mismo trato que en su día tuvo Valencia, a la que el Gobierno le perdonó la deuda de 350 millones por la construcción de las instalaciones para la Copa América de vela y la Fórmula 1. Sin embargo, el Estado no lo ve así: “La condonación de la deuda no está prevista por el Gobierno porque establecería un agravio comparativo con otros puertos y, en consecuencia, una distorsión de la competencia interportuaria”.
E insiste en que, si se eliminase la deuda de la Autoridad Portuaria, esto “contravendría el principio de autofinanciación de los puertos, quebrando un modelo que viene funcionando satisfactoriamente sin coste para el contribuyente y que es esencial para la economía española, ya que los puertos canalizan casi tres cuartas partes del comercio exterior de nuestro país”. El Gobierno central sostiene que la condonación provocaría que la Unión Europea la considerase “una ayuda de Estado”. “No se puede obviar que la obra del puerto exterior de A Coruña ha contado para su financiación con Fondos de Cohesión”, añade.
Pero ¿por qué esa diferencia entre ciudades? La deuda de 350 millones de euros recaía sobre el Consorcio Marina Valencia 2007, formado por Generalitat, Ayuntamiento, Estado y Autoridad Portuaria, mientras que en A Coruña no pesa sobre un consorcio, sino sobre el propio Puerto. El Estado asumió hace un año la deuda valenciana y acordó también pagar los costes que se adeudaban a la Autoridad Portuaria por las obras realizadas en las instalaciones del Puerto, lo que se realizó en dos plazos de 16,9 millones de euros, el segundo de los cuales figura en el proyecto de los Presupuestos del Estado presentado hace unos días.
Además, el crédito de 60 millones que solicitó el Consorcio Valencia 2007 al Banco Santander y que transferido al fondo de inversión TCA será asumido finalmente por el Ayuntamiento, la Comunidad Valenciana y el Estado. Como la diferencia está en la figura que solicita la condonación, tanto el Concello como el Puerto coruñés respaldan la creación de un ente, similar al consorcio de Valencia, para gestionar los terrenos portuarios.
Pero el Gobierno central, en su respuesta a Miguel Lorenzo, destaca que la condonación “significaría contravenir los principios legales que rigen en el sistema portuario estatal” e insiste: “La UE Calificaría los Fondos de Cohesión aportados para el puerto exterior como una ayuda de Estado, lo que supondría la obligación de la Autoridad Portuaria de devolver esas ayudas, con mayores costes”.
Aunque tanto la alcaldesa, Inés Rey, como el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, anunciaron en sus últimas intervenciones sobre este tema que el Concello “aboga por la condonación”, declararon que no es la vía más sencilla ni factible. “Somos conscientes, somos realistas, sabemos que es muy difícil que vaya adelante”, dijo Villoslada para justificar por qué el Concello trabaja en “fórmulas alternativas” para apoyar al Puerto: la recuperación de tráficos y el pago por el suelo público y así “reordenar o suavizar las cargas financieras” con Puertos del Estado hasta 2035.
A la espera de un convenio entre Xunta, Concello, Puerto y Estado sobre los muelles
Xunta, Concello, Puerto y Estado todavía están ultimando el convenio que regulará la transformación urbanística de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo. En la última reunión, el Gobierno autonómico ofreció financiar un equipamiento para la ciudad en los terrenos que se liberen con los fondos que no se dediquen a la adquisición y urbanización de los 20 millones que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, prometió dedicar para la compra del 51% de los dos muelles. Xunta y Puerto insisten en que el Concello debe costear el 75% de las obras de urbanización de los terrenos porque propuso abonar ese porcentaje por la compra de Batería y Calvo Sotelo, mientras que la Administración gallega aportaría el 20% y la Autoridad Portuaria el 5%. El Gobierno local, sin embargo, rechaza este reparto y propone que la Xunta haga un mayor esfuerzo económico. Hace unas semanas, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, recordó que la Ley del Suelo determina que los costes de urbanización deben distribuirse en función de la propiedad de los terrenos. Sobre el valor de los muelles, hay una tasación que lo fija en 26,4 millones y otra más reciente de 19,8 millones, pero será necesario encargar otra porque debe tener menos de un año de antigüedad en el momento de la firma del convenio. El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, anunció que están cerca de llegar al convenio definitivo. Se espera que haya una nueva reunión en noviembre.
