Los tres albaceas de la herencia del filántropo coruñés Manuel Piñeiro Pose, que en 1940 donó las rentas del edificio que ocupa el número 15 de la calle Payo Gómez y el 16 del de Teresa Herrera para financiar el Hospital Municipal, se oponen a la pretensión del Ayuntamiento de adquirir la propiedad del edificio, adelantada hace dos años por LA OPINIÓN. Se basan en dos argumentos: que la pretensión municipal se basa en un acuerdo plenario de 1940, en la dictadura, lo que los lleva a “cuestionar” tanto su “legitimidad como su legalidad”; y que Piñeiro Pose legó el edificio para ayudar al Hospital Municipal, y no está claro que el Concello lo haya sustituido como legatario.
Para entender el origen de la polémica hay que remontarse a 1938, cuando Piñeiro Pose, un piadoso y acaudalado vecino de la ciudad sin hijos, firmó su testamento. En él dispuso que las fincas ahora en disputa quedasen administradas por seis albaceas: el abad de la Colegiata, el presidente del Monte de Piedad, la madre superiora de las Hermanas de la Caridad (responsable del Hospital Municipal), el decano del Colegio de Notarios y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás. De estos, todos han renunciado o o el cargo ha desaparecido, excepto el abad y los sacerdotes, que son los que actualmente se oponen al Concello.
Los albaceas debían destinar las rentas que derivasen de una parte de la propiedad equivalente a 140.000 pesetas (que el Ayuntamiento calcula en el 6,5% del total) a cuidar su tumba y realizar misas por el alma de Piñeiro Pose y la de su esposa y familiares cercanos. El resto de los beneficios irían al Hospital Municipal para “fines benéficos”, en especial para mejorar su “tratamiento científico y la alimentación de los enfermos”.
La voluntad del filántropo era que este acuerdo se mantuviese a perpetuidad, y que las casas nunca se vendiesen, pero esta disposición era ilegal, por lo que se dispuso que podría extinguirse al cabo de treinta años. Cuando hubiese transcurrido ese plazo, la propiedad pasaría íntegramente al Hospital Municipal. Eso sí, el Ayuntamiento, propietario de este, debía primero comprar la “parte alícuota” de la propiedad dedicada al alma de Piñeiro Pose y sus familiares. El dinero iría para comprar deuda pública, y, con sus beneficios, dejar “asegurado el cumplimiento de la manda piadosa”.
Pago de 172.339 euros
Esto es lo que se dispone a hacer ahora el Ayuntamiento, para culminar un proceso empezado hace más de dos años por el anterior Gobierno local, de Marea Atlántica: abonar 172.339 euros a los albaceas (el equivalente del 6,5% de la propiedad del edificio) y quedarse con las fincas, como heredero del Hospital Municipal, una institución que, según los informes del Concello, carece de personalidad jurídica.
El propietario falleció en 1940, y el pleno municipal emitió un acuerdo ese año aceptando las condiciones del testamento. Como estaba formado por individuos designados por el bando golpista, los albaceas ponen en cuestión que tuviesen derecho para actuar en nombre del Ayuntamiento, y piden conocer “las personas intervinientes que adoptaron dicho acuerdo, a quiénes representaban y el sentido de su “voto”. Hay que añadir, sin embargo, que Piñeiro Pose ya firmó su testamento en la zona sublevada, en 1938.
El otro gran motivo por el que los albaceas cuestionan la transmisión, en un escrito conjunto enviado por su abogado, se basa en que, “en el hipotético caso de que el acuerdo plenario de un Ayuntamiento franquista fuese legítimo”, designar al Concello como legatario les parece “precipitado”, cuando en el testamento figura el Hospital Municipal. Este desapareció en 1985, y hasta ese año se siguieron realizando ingresos por parte de los gestores de los edificios, según la documentación del propio Ayuntamiento. Ese año el dinero dejó de llegar a las arcas municipales, si bien los gastos en misas pueden haberse seguido produciendo, puesto que el dinero debía entregarse al párroco de Santa Lucía, y este es uno de los gestores del legado.
Los albaceas señalan que desconocen si el Hospital Municipal “se liquidó” y quién ha asumido sus funciones: el propio Ayuntamiento, el Servicio Galego de Saúde o una fundación a la que se hayan cedido competencias. La finalidad de esa parte del legado, indican los albaceas, era atender a los enfermos.
Finalmente, también argumentan que la decisión de aceptar el dinero que ofrece el Ayuntamiento y transmitirle la propiedad de las fincas la tendrían que adoptar los seis albaceas de manera mancomunada, y que los tres que ahora actúan conjuntamente no tienen potestad para ejercer esos actos sin los restantes. Sin embargo, la dirección del Hospital Municipal ya no existe, y los ocupantes de los otros dos cargos han renunciado a su puesto.
