Los tres policías filipinos investigados por la muerte del coruñés Diego Bello se han reafirmado, con sendas declaraciones juradas, de su versión original de los hechos. Según ellos, mataron a tiros al joven en las puertas de su casa en la isla de Siargao durante una operación contra el narcotráfico, y después de que Bello les disparase. Pero el NBI, un órgano semejante al FBI estadounidense que investiga el caso, ha emitido un documento de respuesta con el objetivo de “refutar” esta versión. Rechaza sus explicaciones porque no coinciden con las pruebas forenses y los acusa de fabricar una versión falsa “ocultar la verdad”.
En el escrito, firmados por los dos agentes de la División de Investigación de Homicidios que realizaron un informe anterior en el que señalaban varios puntos oscuros de la muerte, se destaca un dato de las declaraciones que apuntan a que son falsas. Los tres policías juran que, al final del tiroteo entre ellos y Diego Bello que habría tenido lugar fuera de la propiedad de este, el joven español saltó el murete que cerraba su casa y realizó un último disparo. Los agentes entraron entonces en la propiedad. Afirman al unísono que se encontraron al joven español caído y no dispararon de nuevo.
Esta historia, destaca el NBI, “sería creíble, si esta oficina no hubiese encontrado [cerca del cuerpo de Bello] una perforación en la parte baja del muro de cemento” que resultó ser una marca de bala, y, en el suelo, un casquillo de un proyectil de nueve milímetros que “fue disparado por el arma de servicio del sargento Cortes”, uno de los tres agentes investigados. Por lo tanto, sí dispararon al menos una vez dentro de la propiedad. El informe “no puede encontrar motivos” para esto excepto que los policías “hayan creado historias para respaldar un escenario totalmente confeccionado [por ellos mismos] y de este modo ocultar de manera efectiva la verdad”.
Este detalle ya aparecía en el informe original del NBI, que recogió en su día LA OPINIÓN, y, junto con otras pruebas forenses, apunta a que el último disparo que recibió Diego Bello, en cabeza y cuello, fue resultado de una ejecución a sangre fría cuando el joven ya estaba herido y parcialmente tumbado o sentado.
Los investigadores insisten en que los agentes deben ser juzgados por asesinato, falsificación de pruebas y perjurio. De acuerdo con el abogado coruñés Guillermo Mosquera, uno de los que representan a la familia de Bello, el informe favorece que se juzgue a los agentes, pero el proceso para llegar al tribunal todavía no ha acabado. Para recaudar fondos con los que sostener el juicio, los allegados del joven fallecido están vendiendo un CD con la canción 1906, y ropa de la colección Mamonsurfco, creada por el joven, que se pueden reservar por WhatsApp en el número 650 694 900.
Por lo demás, el NBI señala que las declaraciones juradas de los agentes son “meras repeticiones” de sus declaraciones originales y no introducen información nueva en relación a la que el órgano de investigación tuvo para elaborar su anterior informe. Este documento, así como otro realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, ha señalado un gran número de contradicciones entre la versión de los agentes y los hechos comprobados.
Una de las más destacables es que los policías afirmaron que Diego Bello era un narcotraficante [tras la muerte, la Policía llegó a declarar que era el “número 1” en el comercio de estupefacientes en la zona], pero no figuraba como tal en ningún registro, y los interrogatorios a sus allegados y las autoridades locales no encontraron ninguna evidencia de que tuviese relación con drogas. Los únicos testigos de esto son los agentes ahora investigados y un supuesto confidente anónimo.
En cuanto a otro de los puntos centrales de su declaración, que Bello iba armado con una pistola y que abrió fuego contra los agentes cuando quisieron detenerlo, el NBI considera que es una invención de los agentes: la disposición de los casquillos no encaja, y, para el órgano de investigación, Bello estaba desarmado. Es cierto que junto a su cuerpo los agentes declararon que hallaron cocaína y un arma, pero el NBI pone en cuestión que fuese Bello el que los llevase allí, y no ellos mismos.
El cónsul general se reunió con los investigadores
Según han declarado a este diario fuentes del Ministerio de Exteriores, los dos agentes del NBI que han llevado la instrucción del caso de Bello se reunieron con el cónsul general de España en Filipinas el pasado 11 de octubre para informarle de la investigación. De acuerdo con esta fuente, los representantes españoles en Filipinas llevan casi dos años realizando un “seguimiento muy estrecho” del caso, con contactos tanto de los servicios centrales como de las oficinas consulares con las autoridades del país asiático. El embajador, como ya había trascendido, ha realizado diversas gestiones con los ministros filipinos de Justicia e Interior, así como con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que realizó un informe sobre la muerte de Bello que desmontaba la versión policial. La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores ha “indicado la importancia de que se esclareciera la muerte en el marco de las relaciones bilaterales con el Gobierno filipino”. Uno de los abogados de la familia, el coruñés Guillermo Mosquera, considera que las “buenas relaciones entre España y Filipinas” así como el hecho de que Bello fuese un ciudadano extranjero, juega en favor de que se enjuicie a los policías acusados de la muerte. En cuanto a la asistencia a la familia, Exteriores indica que se les ha asistido en la realización de trámites legales para avanzar en la investigación a los policías acusados de la muerte, además de ayudarlos a gestionar los bienes y cargas que dejó Bello a su muerte.
