En 1940 falleció el filántropo coruñés Manuel Piñeiro Pose, propietario de dos edificios con fachada conjunta que dan a Payo Gómez, Teresa Herrera y la plaza de Pontevedra. Según su testamento, parte de las rentas de la casa debían ir a pagar misas y cuidar de su tumba, pero la mayor parte se destinarían a los enfermos del Hospital Municipal. Eventualmente, esta institución debía quedarse con la propiedad, pero desapareció hace décadas. Ahora el Ayuntamiento reclama la finca, pero los tres sacerdotes que gestionan la herencia afirman que no le corresponde heredar “en ningún caso” y que está realizando una interpretación “sesgada” del testamento. El Concello no acepta sus argumentos.
De acuerdo con un recurso de reposición del abogado que representa a los tres sacerdotes (el abad de la Colegiata y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás), el testamento hablaba de transferir la propiedad al Hospital Municipal, pero este desapareció en 1985, y el Ayuntamiento “no tiene las competencias” que le correspondían. Además, el texto alega que el Concello no ha explicado a qué fines destinará la herencia si la recibe, y considera que estos no serán los que previó Piñeiro Pose: el socorro de los enfermos pobres y la mejora del tratamiento científico de las enfermedades. El Gobierno local ha mencionado la posibilidad de convertir el edificio en un equipamiento público a medio plazo.
Los albaceas interpretan que transmitir la propiedad al Hospital Municipal era una “recomendación, que no obligación” y que Piñeiro Pose deseaba que los inmuebles “nunca” cambiasen de propietario. El Concello, al forzar la transmisión, vulneraría el Código Civil, que prohíbe “al legatario actuar motu proprio” sin contar con los albaceas.
En el escrito, fechado el lunes de la semana pasada, los albaceas también mencionan reparos formales. Afirman que no se les transmitió el expediente completo del caso, pese a que lo pidieron, provocándoles indefensión. También que no se avisó a otros albaceas previstos en el testamento: el decano del Colegio Notarial de Galicia, el presidente del Patronato de la Fundación Galicia Obra Social (que renunciaron explícitamente a ser testamentarios, pero que según los sacerdotes lo hicieron “a título personal”) y a la Madre Superior de las Hermanas de la Caridad (la congregación participaba en la gestión del hospital en 1940).
El último punto de desacuerdo es el económico. De acuerdo con el testamento, cuando el Hospital Municipal se quedase con la propiedad del edificio, debía pagar una parte del valor de la propiedad a los albaceas (un 6,51%) que se invertirían en renta pública para seguir pagando las misas con los intereses. El Ayuntamiento ya depositó la cantidad que considera pertinente en el juzgado: 172.339 euros, lo que corresponde a un valor de unos 2,65 millones. Pero, según los albaceas, la cantidad debería calcularse en base al valor catastral actual. “A nadie escapa que el valor de dos inmuebles con dos locales a pie de calle arrendados a empresas de reconocido prestigio empresarial [sic] como Orange o Punto Roma, con veintinueve viviendas, y en pleno centro de la ciudad” excede esta suma, defienden.
Rechazo del Concello
Pero la Junta de Gobierno local de hoy desestimará el recurso. Según un informe municipal del área de Regeneración Urbana, no ha habido “indefensión”, ya que a los albaceas se les transmitió la documentación necesaria durante el proceso, y se informó a todos los testamentarios, incluidos los que renunciaron a su cargo.
El Ayuntamiento insiste en que es el “propietario del legado” de Piñeiro Pose, y no el Hospital Municipal, ya que este nunca tuvo personalidad jurídica propia y la propiedad le corresponde. No se pronuncia sobre la cuestión económica.
Los albaceas no podrán interponer de nuevo un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno local para que cambie de criterio. Pueden presentar un recurso extraordinario de revisión, lo que es improbable porque solo se puede hacer en casos tasados, aceptar la transferencia de la propiedad o judicializar el asunto ante un juzgado de lo contencioso-administrativo.
Cierre al ‘caso Someso’ sin negar las ilegalidades
La Junta de Gobierno Local aprueba hoy el carpetazo definitivo al escándalo urbanístico del polígono de Someso. El actual Gobierno local admite que el Ayuntamiento realizó en 2005 y 2006 actos contrarios a la legislación y que por tanto deberían revertirse: se vendieron fincas de propiedad municipal a promotores privados sin un concurso público, y para realizar edificios de venta libre, cuando solo podría haberse transferido el suelo para viviendas de protección. Pero considera que revertir estas decisiones sería lesivo para los actuales propietarios y para el propio Concello, que tendría que pagar indemnizaciones millonarias. El Consello Consultivo emitió recientemente un informe vinculante en el que aceptaba que no se revirtiesen los acuerdos para no afectar a la “seguridad jurídica” de los dueños particulares. Con esta decisión se cierra la posibilidad de pedir responsabilidades pecuniarias a los políticos y miembros del Gobierno local de aquellos años, presidido por Francisco Vázquez. Contra el exalcalde también se presentó una denuncia penal, archivada, en la que se le acusaba de favorecer por intereses espúreos a uno de los promotores implicados en el proyecto, Antonio Fontenla, que presidía la junta de compensación. Durante la gestión del polígono se transfirieron fincas municipales que no estaban debidamente registradas a propietarios privados, entre ellos la empresa de Fontenla, y las propias fincas se habían expropiado de manera irregular, lo que costó posteriormente al Ayuntamiento más de 20 millones en indemnizaciones.
