El carpetazo definitivo que la Junta de Gobierno Local dio ayer al escándalo urbanístico de Someso evidenció el contraste de posturas respecto a las consecuencias del caso: la venta de fincas municipales a promotores privados sin concurso público y para construir edificios de venta libre cuando solo podría haberse transferido el suelo para pisos de protección. El Ejecutivo de Inés Rey se apoya en el argumento de la “seguridad jurídica” para la administración local para no revertir los acuerdos de 2005 y 2006, del Ejecutivo socialista de Francisco Vázquez, que propiciaron el desarrollo urbanístico, pese a que el propio Gobierno local admite que fueron contrarios a la legislación. El BNG salió de la junta de gobierno con la decepción de que el Concello “dejase impunes” a los cargos políticos y técnicos del Ejecutivo de Francisco Vázquez que adoptó los acuerdos.

La alcaldesa omitió ayer alusiones a los responsables del caso Someso y se centró en que el Consello Consultivo avala que no se revisen los acuerdos en consonancia con la postura del Ayuntamiento. “El Consultivo dijo que los acuerdos son nulos, pero que en este momento no hay causas para revisarlos, precisamente por el argumento nuestro basado en la seguridad jurídica y el tiempo transcurrido. Los afectados ya han sido resarcidos en sus pretensiones económicos. Creemos que es positivo que el Consultivo avale la resolución dictada por este Gobierno local apoyada en la seguridad jurídica para solucionar así el asunto”, comentó Rey.

El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, lamenta que los acuerdos no se hubieran revisado antes, especialmente, recordó, a raíz de la solicitud de revisión promovida en 2013 por el que entonces era portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril. “El caso Someso es un ejemplo paradigmático de un modelo de urbanismo al servicio de los intereses particulares a costa de sacrificar el interés general y causar un grave quebranto económico al Concello, un modelo de urbanismo que o BNG quisiera ver desterrado para siempre de A Coruña”, manifestó Jorquera.

Inés Rey informó tras la Junta de Gobierno Local sobre la adjudicación de dos peatonalizaciones cuyas obras se ejecutarán en 2022: una es la de la calle Compostela, considerada como la primera fase de la transformación de Los Cantones, que tendrá un coste de 820.000 euros y será responsabilidad de la empresa Rivas Boquete; la otra es la de las calles Alcalde Marchesi y Primavera en Cuatro Caminos por valor de 861.000 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses a cargo de López Cao.

También fueron aprobadas las obras de rehabilitación del jardín de San Carlos, proyecto que supondrá la recuperación del trazado original, la sustitución de los bancos, la restauración de las lanzas de Ciórraga, la colocación de la estatua de bronce de Mazarredo y la renovación de una parte de la flora del jardín. Rey cifró en 764 las licencias de obra concedidas este año, 35 más que en 2020 y 85 más que en 2019. Del total, 187 son en la zona del casco histórico.