“Somos invisibles. Esa es una de las formas de maltrato más insanas que padecemos. Hay mayores que mueren en sus domicilios esperando por este servicio mientras las empresas se llenan los bolsillos”. La era de la reivindicación de los cuidados se ha olvidado de velar por las que cuidan. Así lo perciben, desde hace años, las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar, (SAF), que entonan un sonoro basta contra las precarias condiciones laborales en las que ha ido derivando el recurso que la Xunta pone a disposición de los beneficiarios de la Ley de Dependencia que precisen atención sociosanitaria. Las trabajadoras del SAF denuncian estrés extremo, perjuicios para su salud física y mental, abusos laborales, imposibilidad de conciliación, salarios de miseria y un largo etcétera que escenifica el hartazgo de un gremio que pide consideración y, sobre todo, dignidad.
En los últimos meses, las profesionales de la atención sociosanitaria se han asociado para romper el silencio que rodea su ocupación, y reivindicar mejoras que supongan algo más que meros ajustes en el convenio, sino un revulsivo urgente en la concepción social e institucional de su profesión. Empezando por el nombre. “No somos un servicio de ayuda. Yo, ayudar, ayudo a mis amigos. Una ayuda implica algo altruista; nosotras somos profesionales y, como tal, hacemos atención domiciliaria. No ayudamos, atendemos”, matiza Trinidad Palacios, una de las representantes de la plataforma que las trabajadoras constituyeron hace meses para protestar de forma organizada contra una situación que califican de “penosa”.
Palacios pone nombre y cara al colectivo porque, asegura, otras no pueden hacerlo. “Hay mucho miedo a los despidos. Ha habido despidos estando de baja. La mayoría piensa: cobro 500 euros, es una mierda, pero en los tiempos que corren, ya es algo”, explica la representante de la plataforma. Las trabajadoras denuncian que los puntos del convenio, que lleva desde 2011 sin ser actualizado, “se incumplen uno tras otro de manera continuada”. Aseguran que los contratos indefinidos y la estabilidad no existen en el sector, y que la conciliación es una necesidad que las empresas no contemplan.
“Al tener contratos temporales nunca cobras un trienio. Los horarios tampoco se cumplen. Si tienes dos horas por la mañana y tres por la tarde, con una hora muerta entre los servicios, es imposible buscar otra cosa”, señala Palacios. Los salarios, que rondan los 6 euros por hora, y la inexistencia de jornadas completas, no compensan ni remotamente la exigencia y la dedicación de las trabajadoras. “Tengo compañeras que ganan 400, 500 o 600 euros. Son contratos por obra. Yo llevo tres años en esta empresa y estoy en interinidad, nunca llegas a tener contrato indefinido”, añade Palacios, que lamenta que, en el sector, solo mejora quien lo pelea a conciencia. “Si no te quejas mucho, acabas trabajando 7 días a la semana, fines de semana y festivos”, señala. “Te llegan a mentir a la cara, y a decirte que es obligatorio que trabajes los festivos por las tardes, cuando es ilegal”, añade otra de ellas, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
Ni prevención de riesgos, ni enfermedades profesionales
“Es un sector con muchas bajas, y no por estrés, que también, sino porque no tenemos ayuda técnica de ningún tipo”, denuncia Palacios. Las trabajadoras aseguran que deben realizar movilizaciones y transferencias de personas dependientes adultas sin contar con herramientas o asistencia de ningún tipo, como grúas o camas articuladas. La mayoría de las veces, lamentan, se ven obligadas a realizar estas tareas, que requieren de una gran fuerza física, en solitario. “Si muevo de la cama a la silla de ruedas a una persona de 70 kilos, luego de la silla a la ducha, y luego de nuevo a la silla y a la cama, acabo haciendo cuatro transferencias que suponen 280 kilos”, calculan. Un sobreesfuerzo que acarrea, aseguran, graves consecuencias para su salud.
La mayoría denuncia haber desarrollado patologías derivadas de su actividad profesional que, no obstante, no tienen reconocidas en su convenio, a menos que se trate de accidentes laborales claros, con lo que la mayoría de las trabajadoras siguen acudiendo a los domicilios aun encontrándose enfermas o lesionadas. “Todas, o la mayoría, vamos a trabajar medicadas”, asegura Trinidad Palacios. “No puedes permitirte coger una baja, aunque tengas artrosis cervical. Te la dan por enfermedad común, o te dicen que es por la edad. Todas tenemos dolores. Dicen que no mantengas posturas forzadas: nosotras lo hacemos todos los días durante 5, 6 o 7 horas”, lamenta.
Las trabajadoras no disponen, tampoco, de un sistema adecuado de prevención de riesgos laborales, porque la Ley de Prevención de Riesgos no contempla los domicilios privados. “Como no trabajamos en un centro de trabajo, no pueden hacer valoración de riesgos en una casa particular. Es como si no existieran”, asevera.
El gremio pertenece al grupo de cotización 10, correspondiente a los peones, aunque ellas precisan de una titulación para ejercer sus funciones, que, reivindican, trascienden al ámbito de la limpieza; una consideración que reclaman casi como su demanda más prioritaria. “No somos limpiadoras. Nuestra función es dar atención sociosanitaria al dependiente. Hay familias muy aprovechadas, que llegan y te dicen que friegues las escaleras. No estamos para eso. La atención domiciliaria es un concepto muy equivocado, no somos chachas gratis”, zanjan.
Piden, sobre todo, compromisos inaplazables para garantizar la calidad del servicio, y que, a ojos de las afectadas, ya llegan tarde: la municipalización del servicio para impedir los abusos de las empresas, la actualización del mentado convenio, el cambio en la concepción del servicio y su profesionalización y la jubilación anticipada. “Hay personas de 65 años cuidando a usuarias de 70. No tiene sentido”, señalan. “Somos un servicio fundamental para que una persona llegue al final de sus días en su domicilio, y no en una residencia o en un hospital. Si somos esenciales, queremos dar un servicio de calidad, no a costa de nuestra salud física y mental”, apremian.
Xunta y Concello difieren
Aunque el servicio de ayuda a domicilio, como todas las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia, dependen de la Xunta, este se presta a través de los ayuntamientos. Ambas administraciones, local y autonómica, difieren en cuál de ellas debe poner solución a la situación que denuncian las trabajadoras. Desde el Concello aseguran que son “meros gestores de la prestación”, y que no es de su competencia decidir sobre las líneas en las que se presta el servicio, donde entraría la revisión del convenio, sobre cuya negociación, aseguran fuentes municipales, no existe acuerdo entre sindicatos, empresas y Xunta.
Desde la consellería de Política Social esgrimen que, aunque es el ente autonómico el que costea la mayor parte del servicio, “quien gestiona y tiene la relación laboral con las trabajadoras es el Concello”, para lo que recibe una ayuda autonómica de 4,3 millones de euros destinada a cubrir 400.00 horas de este servicio.
