El Ayuntamiento tapió ayer el piso que posee en el tercer piso del número 30 de la calle Barrera después de que sufriese un intento de robo. El edificio, que tiene sus plantas superiores en mal estado y en la que una red y andamio impiden la caída de cascotes, ha sufrido ocupaciones, si bien, según señala el Gobierno local, estas nunca se produjeron en la vivienda de propiedad municipal.
De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, a lo largo del día de ayer la Policía Local se puso en contacto con ocupas que habitan en el segundo piso del edificio, y, aunque no puede expulsarlos directamente sin orden judicial, les pidió que lo abandonaran. De los cuatro que allí viven, señalan las mismas fuentes, tres ya se han marchado, y el restante prometió “que se iría antes del viernes”.
En el piso del primero, los agentes del 092 vieron indicios que les llevan a pensar que hay ocupantes ilegales, pero la puerta estaba cerrada y nadie les respondió, por lo que no pudieron ponerse en contacto con ellos. Hay otra vivienda en la cuarta planta, sin signos de habitantes.
El piso que ahora pertenece al Concello lo compró el anterior Gobierno local, junto con otros, para destinarlo a vivienda social, pero la operación, según la Asesoría Jurídica municipal y el Consello Consultivo, era nula: la vivienda tenía una inspección técnica de edificación negativa, así que no se ajustaba a las bases de adquisición. El Ejecutivo de Marea decidió en 2018 revisar de oficio la venta de este inmueble y de otros con irregularidades, y en mayo de 2020 la Junta de Gobierno Local informó favorablemente de la nulidad de la compra. Pero el piso sigue a nombre del Concello.
