Los presupuestos de este año no incluirán fondos para la compra de los muelles de Batería y Calvo Sotelo a la Autoridad Portuaria. Ya lo había adelantado el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, en el pleno del mes pasado, pero ayer lo ratificó la portavoz de Marea, María García, durante la presentación del acuerdo político de las cuentas: “En estos presupuestos no va ninguna partida presupuestaria para adquirir los muelles interiores”, sentenció, mientras que la alcaldesa Inés Rey, que la acompañaba, no realizó declaraciones sobre la cuestión.
El Gobierno local estableció el año pasado negociaciones con la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y la Xunta para comprar y urbanizar en parte por los muelles interiores, sin uso por la construcción de punta Langosteira, si bien no llegó a firmar ningún acuerdo.
Pero, Marea siempre se mostró favorable a que los muelles se cedan gratuitamente a la ciudad, como ha pedido reiteradamente el pleno municipal. García repitió ayer que su partido se niega a que se desembolsen “20 millones de euros para que siga siendo público lo que ya es público”, y defendió que esos fondos “hacen mucha falta en algunos barrios”. Recordó que, según contó LA OPINIÓN, la Autoridad Portuaria de Tenerife ha aprobado ceder gratis terrenos tasados en 28 millones de euros al Ayuntamiento de la ciudad, si bien esta decisión aún tiene que ser ratificada por Puertos del Estado.
Esta entidad, dependiente del Gobierno, se niega a que A Coruña reciba gratuitamente los muelles interiores, desafectados por la construcción de punta Langosteira. Insiste, en cambio, en que la Autoridad Portuaria los venda para ayudar a financiar la deuda asumida para la construcción del puerto exterior. Puertos del Estado es acreedor de parte de esa deuda, 200 millones de euros, por los que percibe cuantiosos intereses, y el año pasado dejó claro que solo flexibilizará el pago de la deuda si otras administraciones pagan por la adquisición de los muelles.
La postura del Gobierno local tiene más matices que la de Marea. La alcaldesa Inés Rey reclamó al Estado que perdonase la deuda de la Autoridad Portuaria, sin éxito, pero también se ofreció a comprar parte de los muelles interiores. En septiembre del año pasado la Autoridad Portuaria, Puertos, el Ayuntamiento y Xunta plantearon un convenio por el que el Concello adquiriría un 75% de Batería y Calvo Sotelo, el Gobierno gallego el 20% y la Autoridad Portuaria se quedaría con el resto.
El Puerto llegó a redactar un convenio, pero, como este establecía que la urbanización se pagaría en la misma proporción, el Ayuntamiento rehusó firmarlo. Pedía a la Xunta que abonase más del 20% de las obras, y las conversaciones se atascaron entre un cruce de acusaciones con el Gobierno gallego.
Según defendió Villoslada el mes pasado, el Gobierno local decidió no reservar una suma para comprar los muelles en los presupuestos de este año porque el convenio no está cerrado y, por lo tanto, no se conoce qué porcentaje le correspondería finalmente al Ayuntamiento. En realidad, tampoco se sabría la suma incluso si estuviera firmado, ya que antes de comprar los muelles habría que realizar una nueva tasación. El Gobierno local no ha mencionado entre sus motivos la oposición de Marea, aunque esta probablemente haya influido en la decisión.
Por otra parte, una vez que se aprueben los presupuestos, el Gobierno local podría firmar el acuerdo para la compra, y, si tiene el respaldo plenario necesario (por ejemplo, por el apoyo del Partido Popular, partido en el que milita el presidente de la Autoridad Portuaria, o con la abstención de este grupo y Marea), el Gobierno local podría realizar una modificación de las cuentas para incluir esta partida.
Incógnita sobre si se pagará por la cárcel
Tanto Inés Rey como Marea Atlántica evitaron pronunciarse acerca de si los presupuestos incluirán el pago de los 1,2 millones de euros que, según una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el Concello debe abonar para recuperar la parcela de la vieja prisión provincial de las inmediaciones de la Torre. Aunque esta era originalmente municipal, ahora pertenece a una empresa pública dependiente del Estado, y, desde que el edificio perdió su uso penitenciario en 2009, ha estado sometido a un deterioro permanente. Según desveló el pasado miércoles LA OPINIÓN, el Gobierno tapiará y pondrá vigilantes en el inmueble, a petición del Concello, que denuncia que ha tenido ocupantes puntuales. El verano pasado, los bomberos tuvieron que acudir en dos ocasiones a apagar fuegos que habían empezado en colchones abandonados, y que fuentes municipales achacaron a grupos de adolescentes que se reunían en el edificio vacío. En enero del año pasado el Ayuntamiento afirmó que estaba en negociaciones para recuperar el edificio, algo que requeriría de la presentación de un plan director que hasta la fecha no se ha hecho público.
