Hasta ahora, ninguna comunidad autónoma española se había comprometido a seguir un plan realizado por expertos para luchar contra el racismo y la xenofobia. El primero lo desarrollará hasta 2026 el Gobierno de Navarra, pero lo ha realizado un grupo de investigadores formado principalmente por miembros de la Universidade da Coruña (UDC). Entre las 47 medidas que propone se encuentran desde planes de formación y sensibilización a la creación de una oficina para atender a las víctimas de racismo, o una unidad policial específica para delitos de odio.
La directora del proyecto fue la catedrática de Sociología de la UDC Laura Oso, que contó con un equipo casi todo femenino en el que se cuentan otras cinco investigadoras y cuatro colaboradores. “La mayoría somos sociólogas” explica “aunque hay alguna compañera de Estudios Árabes o Ciencias Políticas”. Aunque el plan es pionero, tenían “experiencia” en proyectos con semejanzas.
La base del plan partió de un trabajo del diagnóstico en el que hablaron con casi 200 personas, entre ellas representantes de la sociedad civil, del tercer sector, de la administración y de entidades privadas. “Hicimos muchas entrevistas y grupos de discusión y empleamos otros tipos de técnicas más innovadoras” explica la socióloga. Más tarde, siguiendo con el carácter “participativo” del plan, coordinaron talleres con grupos de diferentes sectores y “comunidades racializadas”.
Y una de las principales conclusiones de este diagnóstico es que existe “bastante racismo institucional” desde las administraciones públicas, un punto que precisa de dar “formación” a los que trabajan en ellas para corregirse. Hay, por ejemplo, “racismo de las normativas, el trato en las fronteras, con la policía”.
Pero la xenofobia también la realiza la población. “Es muy difícil que las personas se declaren racistas”, explica la investigadora “y si le preguntas a las personas migrantes, se percibe a Navarra como aparentemente tolerante. Pero cuando empiezas a incidir el discurso te das cuenta de que identifica comportamientos xenófobos con los que convive en la vida cotidiana”, como “el típico: “Vete a tu país”.
Exclusión laboral y de vivienda
Según señala Oso, además de lo relativo a las administraciones públicas, “los principales espacios de discriminación son la vivienda y el trabajo”. En la primera, se limita en la práctica el derecho a acceder a una casa digna al colectivo inmigrante “que sufre muchos prejuicios y etiquetas a la hora de poder alquilar”. En cuanto a las cuestiones laborales, “a la población migrante se la sigue relegando a puestos de trabajo que son rechazados por los españoles”.
Esto se hace patente en casos en los que llegan a España personas con estudios y experiencia a los que en la práctica no les sacan provecho debido a las barreras sociales y los prejuicios. “Hay un cierto bloqueo a la movilidad social a personas que disponen de una mayor cualificación pero que no la pueden hacer valer” señala la socióloga.
La exclusión afecta también a españoles nativos. “La población gitana, con la que hemos trabajado, es una de las que sufre mayores acciones racistas y xenófobas, junto con la de origen magrebí”, explica Oso.
Investigar los delitos de odio
Las conclusiones de la investigación indican que no existe “ninguna institución de atención integral a las víctimas de delitos de odio por racismo o xenofobia”, y propone corregirlo. Así, se presenta como “medida estrella” la creación de una oficina pública de atención a las víctimas. “Se busca es un espacio que sea integral, que dé seguridad jurídica y administrativa”, indica la catedrática, que señala que los empleados deberán trabajar “la relación de empatía” con las víctimas para mejorar la atención.
También propone que la policía foral cree una unidad específica para cuestiones de odio. “Nos hemos dado cuenta de que es muy difícil la denuncia y tramitación” de este tipo de delitos, indica Oso, pues son crímenes “muy invisibilizados y que no se suelen denunciar. Por ello, crear un cuerpo específico, para tratarlos será una “medida muy operativa”.
Y, señala Oso, esta iniciativa podría trasladarse a la Xunta con un plan gallego. “No hay nada previsto, pero nos haría mucha ilusión”, afirma.
