La empresa pública propietaria de la antigua cárcel provincial de Monte Alto, Siepse, afirma que en mayo del año pasado llegó a un “acuerdo extrajudicial” para traspasar al Concello la antigua cárcel provincial de Monte Alto, poniendo así fin a años de disputas en los tribunales sobre las condiciones de cumplimiento de un convenio firmado en 2005. La sociedad estatal reclama 1,2 millones, añadidos a la finca de 9.000 metros cuadrados cedida ya para el centro de inserción de presos construido junto a las cocheras del tranvía, pero sucesivos gobiernos locales han pedido la reversión gratuita, pues la finca fue en origen municipal. Sin embargo, afirma el organismo, ha pasado casi un año “sin que desde entonces el Ayuntamiento haya procedido a su firma”.
Siepse realiza estas afirmaciones en un pliego para contratar vigilancia en las instalaciones de la cárcel, pues ni esta institución ni el Concello habían hecho público este pacto. La empresa pública indica que el proceso judicial contra el Ayuntamiento “está aún pendiente de una resolución definitiva”. En noviembre de 2020, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que el Concello no recurrió establecía que el Ayuntamiento debía pagar los 1,2 millones a Siepse, si bien no se ha ejecutado hasta el momento.
El fundamento de las desavenencias se fundamenta en la cesión original de la finca, entregada por el Concello en 1925 con la condición de que se le devolvería cuando finalizase el uso penintenciario. Ya en los años 90 del siglo pasado se anunció que la función de prisión se trasladaría a Teixeiro, si bien se mantuvieron actividades de inserción hasta 2009. Para regular la reversión al patrimonio municipal, el Estado y el Ayuntamiento, entonces con Francisco Vázquez de alcalde, firmaron un convenio en el que se contemplaba la indemnización.
Pero tras la victoria del PP en las elecciones municipales de 2011, el nuevo Gobierno local defendió la reversión gratuita, una postura avalada por el Consello Consultivo y que, a partir de 2015, siguió también el Ejecutivo local de Marea Atlántica.
Ya con los socialistas de nuevo en el Gobierno local, y tras la sentencia del Superior contraria a las tesis del Concello, el Ayuntamiento afirmó en enero de 2021 que estaba teniendo contactos con el secretario de Estado de Memoria Histórica para conseguir la reversión, pero que antes sería necesario elaborar un plan director para las instalaciones y declararlas Bien de Interés Cultural (BIC). Ese mes contrató por 18.000 euros un servicio de asesoría para realizar “un proyecto de contenido cultural para la recuperación de la antigua prisión”. Desde entonces, el Gobierno local ha señalado que estaba realizando gestiones, pero sin indicar soluciones concretas.
De acuerdo con la versión del Siepse, fue el propio Ayuntamiento el que en febrero de 2021 se dirigió a la empresa “para proponer suspender el pleito” y negociar una solución: en mayo se habría llegado a un “pleno acuerdo”. El Ayuntamiento no ha aclarado a este diario las condiciones de este acuerdo. Tras recibir el edificio debería pagar la rehabilitación, que el actual Gobierno local estima en 30 millones de euros por su avanzado deterioro.
Tapiado tras incendios
Desde su abandono en 2009, el inmueble ha estado sin uso, con la excepción de algunos meses en 2018 en los que Proxecto Cárcere realizó actividades en parte del centro: una iniciativa promovida por el Gobierno local de Marea Atlántica interrumpida por cuestiones de normativa. Durante estos años Siepse no ha rehabilitado el centro y se ha deteriorado, además de sufrir incendios y actos de vandalismo, pues estaba sin cerrar y se podía acceder al interior. De acuerdo con fuentes municipales, el Ayuntamiento pidió a principios de este año que se tapiase y se instalase un servicio de seguridad.
Actualmente ya se han cerrado con ladrillos las puertas de acceso al edificio, excepto la principal, que está cerrada y asegurada. Sí se puede entrar en un patio lateral, pues las chapas que lo protegían han sido arrancadas parcialmente, la garita y los soportales del frente. El Siepse no respondió a las preguntas de este diario acerca de si ubicaría seguridad, pero según el pliego de condiciones del concurso para adjudicar el servicio, por el momento en evaluación, este no se contrató después de llegar al acuerdo con el Concello, “principalmente para no asumir nuevos gastos que finalmente serán reclamados al Ayuntamiento”. Así, contratará seguridad las 24 horas durante tres meses, prorrogables a seis. El presupuesto mensual, sin IVA, de la licitación alcanza los 14.200 euros.
