El tiempo medio de tramitación de una licencia municipal de obras en A Coruña es de 10 meses, según la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) cuando La Lei do Solo de Galicia establece que sea de tres para las de mayor tamaño. A pesar de esta demora, A Coruña es, junto con Santiago, la ciudad gallega con un menor tiempo de tramitación, ya que Ferrol y Ourense son las que soportan un periodo medio más largo, que llega a los 18 meses, siempre de acuerdo con los datos de Fegein.
“No puede ser que se tarde no solo meses, sino años en dar una licencia municipal de obras, reformas o rehabilitación”, manifiesta Benito Iglesias, presidente de Fegein, quien exige “normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, todo ello con una ventanilla única urbanística y una simplificación administrativa real”.
“Es un tema que nos obsesiona y nos preocupa”, comenta sobre esta cuestión Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), quien destaca que en la última reunión del Observatorio de la Vivienda de Galicia, realizada hace quince días, la Federación Galega de Municipios e Provincias se comprometió a pedir a todos los ayuntamientos que contesten a una consulta de la Xunta sobre los plazos para la concesión de licencias y cuáles son las razones de la dilación actual.
Para el concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, que este Concello figure entre los que menos tardan en tramitar licencias “se debe a las mejoras introducidas en los procesos de tramitación o a cambios derivados del diálogo existente con la mesa de desarrollo urbano”. En ese órgano están representados los agentes implicados en el sector y con ellos se acordaron criterios de interpretación del planeamiento para agilizar la tramitación de las licencias. “La intención es seguir trabajando para contar con una administración más ágil, aunque hay que entender que algunos proyectos, por su magnitud, requieren su necesario tiempo de trámites, que muchas veces dependen de otras muchas administraciones”, advierte Díaz Gallego.
Yáñez considera creíbles los datos de Fegein sobre los plazos de tramitación en las ciudades gallegas y los compara con los de una importante ciudad portuguesa cuyo alcalde dijo en una mesa redonda que estaba “muy preocupado porque las licencias se concedían en quince días”.
“Si queremos avanzar y recuperar la economía se debe reducir la burocracia urbanística a su mínima expresión”, manifiesta Benito Iglesias, para quien las causas de la demora en las tramitaciones son la falta de personal de los ayuntamientos y que en estos puestos de trabajo hay mucha rotación y en ocasiones son ocupados por personas “con limitada formación jurídica”.
Fegein también cita la excesiva burocratización del proceso, la falta de coordinación entre estamentos y la falta de organización en el proceso administrativo como razones de los retrasos, así como “una falta clamorosa de digitalización”.
Normativa
Para Juan José Yáñez, la causa de esta situación “puede ser un poco de todo, ya que la normativa no es todo lo clara que debía ser, hay sobreabundancia de ella y contradicciones entre la estatal, autonómica, local, patrimonio, la de Costas…”. También alude a la falta personal y a “muchos funcionarios no quieren ceder su parcela de poder por exceso de celo”.
El portavoz de Aproinco considera que la demora de las licencias tiene consecuencias más graves en este momento porque se ofertan muchos fondos europeos para obras de rehabilitación y “hay que presentar los proyectos con plazos ajustados, lo que puede agravar el problema al bloquear las licencias para otras obras”. Para Yáñez, las entidades de Certificación de Conformación Municipal pueden ser una solución para intentar reducir plazos, ya que pueden ser contratadas por las promotoras para comprobar que los proyectos se ajustan a la normativa.
“El daño que se produce con los retrasos de las licencias también afecta a los arquitectos”, advierte el secretario de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia, Óscar Pedrós, quien detalla que perjudica a la contabilidad, las previsiones y el funcionamiento de los estudios profesionales. Destaca que las demoras son achacables también a todas las administraciones que deben emitir informes sectoriales, que incluso pueden llegar a los dos años, según afirma.
Pedrós considera que “es posible reclamar un daño patrimonial a la Administración porque quien hizo un proyecto en 2020 y recibe la licencia en 2022 va a tener unos costes desorbitados que descuadran la contabilidad del promotor como el mismo coste de la licencia”. Estima que nunca había habido unos retrasos tan grandes pese a que el Colegio de Arquitectos ofreció al Concello un intercambio telemático de archivos para agilizar la tramitación.
Otro aspecto que pone de relieve es que “las administraciones se cubren las espaldas pidiendo más información de la necesaria” y que las obras de edificación “están sujetas a más exigencias y por lo tanto a más chequeo”. Tras una época en la que considera que “la imagen de la arquitectura se enturbió porque se hacía de todo”, en la actualidad “para que no se haga de todo se exigen cientos de comprobaciones, sobre todo en núcleos rurales y en los entornos de los municipios más pequeños”.
A esto hay que añadir que en algunos ayuntamientos los arquitectos municipales son trabajadores interinos y que en otros los proyectos de obras mayores aún son revisados por aparejadores, lo que Pedrós considera que puede influir a la hora de exigir excesivas garantías para conceder las licencias. En su opinión, estos trabajadores “tienen que pensar que ocupan un puesto para todo este proceso” y que esos retrasos afectan a la economía de todo el sector de la construcción.
