El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo ha sobreseído una de las piezas de la operación Pokémon, en la que investigaba presuntas donaciones a partidos políticos en mayo de 2011, en la que se investigaba a, entre otras personas, al ex portavoz municipal con el PP en A Coruña, Julio Flores, y al exconcejal del BNG Xan Cajigal, también al expresidente de la Diputación de Ourense y presidente del PP en la provincia, José Luis Baltar Pumar.
Contra esta decisión cabe todavía recurso de reforma ante el propio juzgado y de apelación ante la Audiencia Provincial, por lo que no es firme todavía.
La magistrada considera que "no cabe reputar mínimamente justificada la perpetración de delito en relación con las supuestas donaciones efectuadas en el año 2011" e incide: "Se desconoce qué elementos condujeron a las aseveraciones efectuadas", explica en los fundamentos de derechos del auto de sobreseimiento. La instrucción apuntaba a que los investigados habrían participado "en un supuesto sistema de financiación ilícita" ideado por el grupo Vendex para entregar dinero "sin recibí ni facturas" "a los partidos gobernantes o con posibilidades de gobernar" en los municipios en los que tenían contratos y que las formaciones políticas integrarían en sus cuentas en una "supuesta caja B".
La instrucción se centraba también en la información privilegiada que recibiría la empresa para poder optar a los contratos en mejores condiciones que los demás candidatos.
"Las hipótesis investigativas no resultan refrendadas por las diligencias, en relación con la supuesta constancia de que, en Arteixo figuran las siglas TG (Terra Galega), si bien no consta ingreso alguno en la cuenta del partido irregular", se recoge en la sentencia. También hace referencia a la aportación de Vendex al PSdeG de A Coruña de 3.250 euros y a la entrega "sin causa lícita" de 2.000 euros al exconcejal Pepe Nogueira.
A pesar de los apuntes de las empresas del grupo Vendex con el concepto de partidos políticos con cantidades de 6.000 euros incluso de 50.000 euros, la instrucción considera que "no es posible encajar penalmente las conductas analizadas de supuesta financiación ilegal".
