El fiscal del Tribunal de Cuentas considera que hay indicios “de alcance contable” de que Repsol se pudo haber enriquecido indebidamente al extraer roca de dos canteras propiedad de la Autoridad Portuaria para la construcción del dique de la dársena exterior de punta Langosteira. Es por este motivo por lo que considera que es necesaria la designación de un delegado instructor para investigar estos hechos, denunciados por un particular.
El denunciante calcula que Repsol se enriqueció indebidamente al utilizar 602.143,67 metros cúbicos de piedra, que valora en 18,6 millones de euros. El abogado y exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas ya había puesto en manos de la Justicia estos hechos, que fueron investigados hace dos años por la Fiscalía Provincial y el Seprona de la Guardia Civil que, finalmente, archivaron las causas. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, decidió el pasado 24 de mayo iniciar una investigación sobre este supuesto enriquecimiento indebido.
La Autoridad Portuaria, como adelantó ayer este diario, formuló alegaciones contra la admisión de esta petición de investigación, en las que asegura que la actuación había sido “plenamente lícita y habitual en el contexto de cualquier obra de interés público”, y también que no había generado “el más mínimo perjuicio” a la institución.
En sus alegaciones, la Autoridad Portuaria también indica que “el material se destina a una obra de marcado interés portuario que se ejecuta en la zona de servicios del puerto”, y que, una vez que Repsol termine su concesión, el dique pasará a formar parte de la entidad portuaria. Hace hincapié también en que esta operación de extracción de roca para la construcción de la infraestructura portuaria estaba recogido en el proyecto de construcción del puerto exterior y que se trata de una “operación concebida en interés recíproco”, ya que resultaron beneficiarios tanto la Autoridad Portuaria —que cobró a Sacyr, la empresa matriz de Cavosa, la empresa que ejecutó las obras, tasas de ocupación y de actividad— como Repsol. La Autoridad Portuaria se escuda también en que, en todo caso, los hechos habrían prescrito, ya que la concesión se inició en 2014 y la ley da cinco años para exigir responsabilidades por estos hechos.
El denunciante valora en 18,6 millones de euros el precio del material de construcción extraído de las canteras de la Autoridad Portuaria basándose en un informe del Ministerio de Fomento para la construcción del dique de abrigo de Langosteira.
