El Ayuntamiento sigue “gestionando la adquisición” de la antigua cárcel provincial situada en las cercanías de la Torre con el Estado, pero las condiciones previstas para el acuerdo, según una respuesta escrita del Gobierno local al PP, pasa porque las arcas municipales abonen un pago de cerca de 2,3 millones de euros, que incluyen 1,1 millones de intereses. La cesión gratuita que demanda la oposición queda descartada. Según han señalado fuentes municipales a este diario, el Estado ya ha aceptado una rebaja de medio millón, puesto que la deuda total “cuando se empezó a negociar” era de 2,8 millones de euros.
De acuerdo con el Ayuntamiento, la alternativa a este pago era que se ejecutase una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), emitida en 2020 y que no se recurrió por parte del Concello. El fallo establece que el Concello debía pagar al Estado por recuperar la parcela, originalmente municipal, y esta posibilidad sería más gravosa para las arcas municipales. “Si en lugar llegar a un acuerdo fuésemos a una ejecución de sentencia estaríamos en este momento ya en unos tres millones de euros”, señalan fuentes municipales.
Para evitarlo se optó por llegar a un acuerdo extrajudicial, cuyas condiciones permanecieron ocultas al público hasta ahora. Según reveló este diario a partir de documentación de Siepse, la empresa pública que gestiona actualmente el edificio, en febrero del año pasado el Ayuntamiento pidió entablar negociaciones extrajudiciales, y en mayo de ese año se llegó a un “pleno acuerdo”, pero que nunca se llegó a firmar. El Gobierno local ha señalado desde entonces que seguía negociando el montante de la quita y las condiciones del pago, y la alcaldesa, Inés Rey, afirmó este mismo viernes que no había “ninguna novedad” de un acuerdo definitivo.
Los 1,2 millones del principal provienen de un acuerdo firmado en 2005 entre el Estado y el Gobierno local, que en aquel momento presidía el socialista Francisco Vázquez. En él se estipulaba que la antigua prisión volvería al patrimonio municipal y, a cambio, el Ayuntamiento realizaría este pago y cedería una finca para la construcción de un centro de inserción social. Estas funciones se realizaron en la cárcel, que había dejado de ser un establecimiento penitenciario años atrás, hasta 2009. Desde entonces el inmueble permanece sin uso, excepto por unos pocos meses en 2018.
El Ayuntamiento cedió la finca que alberga actualmente al centro de inserción situado cerca de las cocheras de los autobuses, en la antigua cantera de Monte Alto. Pero el pago previsto en el convenio nunca se efectuó, por la oposición del PP y Marea cuando ocuparon el Gobierno local.
Apoyos para cerrar el acuerdo
En 2011 ganó las elecciones el popular Carlos Negreira, que defendió la reversión gratuita basándose en que el Ayuntamiento había traspasado la finca al Estado en 1925 para fines penitenciarios y previendo recuperarla cuando acabasen estos. Un informe del Consello Consultivo respaldaba esta interpretación, que también defendió Marea tras asumir el Gobierno local en 2015. Pero el Estado insistió en cumplir el convenio, y el asunto se judicializó hasta que en 2020 el TSXG le dio la razón y falló en contra de la reversión gratuita.
Sin embargo, la oposición municipal se ha manifestado en contra de pagar, y PP, Marea y BNG han expresado su rechazo a un plan que acarrease costes para las arcas municipales. Esto complica la posibilidad de materializar un acuerdo, ya que si hay que abonar 800.000 euros al Estado este año y se necesita modificar los presupuestos para cubrir esta partida el Gobierno local tendrá que llevarlo al pleno, donde no tiene mayoría absoluta.
El portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage, aludió a esto en la sesión plenaria de la semana pasada, en la que afirmó que “tendremos que ver si hay apoyo suficiente por parte de los diferentes grupos para poder plasmar” un acuerdo con el Estado. “Entre pagar lo que dice la sentencia y pagar menos todos estamos de acuerdo en pagar menos”, señaló.
El impacto de la adquisición del edificio, más allá de las cuestiones políticas, sería bajo para las arcas municipales, que este año contemplan un presupuesto de 310 millones de euros. Pero cuando se traspase la propiedad habría que hacer reformas de calado en el edificio, con un elevado estado de deterioro. El Gobierno municipal estimó el coste en unos 30 millones.
Uso para la ciudadanía
En respuesta a las preguntas escritas del Partido Popular, el Ayuntamiento señala que tiene un “estudio preliminar” para recuperar y utilizar la antigua prisión. El Gobierno local prevé emplear las instalaciones para usos ciudadanos, tanto culturales y educativos como sociales, deportivos y de ocio, pero también “turísticos” y “económicos”.
Durante la época de Marea al frente del Gobierno local el edificio se cedió temporalmente al Concello, y se realizaron algunas intervenciones, pero solo llegaron a utilizar algunas partes en 2018. En febrero de 2019 el edificio volvió a Siepse y las instalaciones permanecieron dos años sin reformas y sin vigilancia. Se acumularon los desperfectos y los grafitis, y también las entradas ilegales.
Según la empresa pública, en febrero del año pasado se produjeron dos fuegos y las fuerzas policiales expulsaron a una veintena de personas que habían accedido a las instalaciones. Tras esto, y una petición del Ayuntamiento en este sentido, la empresa publica procedió a tapiar los accesos y contratar a una empresa de seguridad; durante el proceso para adjudicarlo el edificio sufrió más actos de vandalismo. Siepse pretende cargar el coste al Concello.
