La Opinión de A Coruña

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El Rosalía Mera certificará a todos los ascensoristas de Galicia y Asturias

Las empresas necesitan un centenar de técnicos durante los cinco años próximos ELos aparatos requieren una revisión mensual

Obras de instalación de un ascensor en un edificio. Víctor Echave

El instituto Rosalía Mera se encargará de la certificación de los técnicos en conservación de ascensores de Galicia y Asturias gracias al acuerdo alcanzado entre ese centro educativo y la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA). La entidad estima que en los próximos cinco años será necesario un centenar de estos profesionales para atender la demanda existente, ya que solo en la comunidad gallega hay instalados más de 63.000 ascensores y todos deben someterse a una revisión mensual.

“Necesitamos técnicos en el sector”, señala Ángeles Ríos, presidenta de AEGA, quien destaca que los puestos de trabajo en esta profesión “son estables y de poca rotación, no solo por el crecimiento del número de ascensores sino también por el rejuvenecimiento de las plantillas”. Ríos explica que aunque sectores como la automoción y naval generan picos de demanda elevados en determinados momentos, cuando carecen de pedidos se quedan sin carga trabajo, una situación que no se produce en el mantenimiento de ascensores.

“Es una salida laboral muy válida y en la que hay que reciclarse continuamente, por lo que las empresas invierten mucho en formación”, indica Ríos, quien además destaca que en esta actividad “se cuida mucho la seguridad porque se realiza trabajo en altura, pese a lo que no hay muchos accidentes ni de trabajadores ni de usuarios porque la prevención de riesgos está muy cuidada”.

Las acreditaciones de los nuevos profesionales las realiza la Fundación del Metal de Alicante en colaboración con la Federación Empresarial Española de Ascensores. La elección del instituto coruñés Rosalía Mera se debió a la colaboración que se había desarrollado en el pasado entre AEGA y este centro, al que las empresas facilitan ahora material para las pruebas prácticas que deben llevar a cabo, que consisten en el ajuste de la puerta de la cabina de un ascensor y de la que da acceso al rellano de una planta.

La Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores obliga a efectuar a estos aparatos una revisión mensual y otra bianual o cuatrienal de la que se encarga la Dirección Xeral de Industria a través de entidades de control. La presidenta de AEGA asegura que en Galicia “aún hay ascensores que no están en regla, con la inspección caducada o con defectos sin subsanar”, por lo que las empresas exigen a la Xunta que actúe, aunque indica que la administración autonómica “siempre fue bastante reacia a sancionar”, pero que debe hacerlo para garantizar la seguridad.

Según los datos de AEGA, en 2021 se instalaron en Galicia 1.275 ascensores, de los que 507 fueron en la provincia de A Coruña y 370 en la de Pontevedra. La asociación consiguió en 2019 que la Xunta diferencie en esta estadística los que son de nueva construcción de los renovados, de los que estos últimos fueron 177 el año pasado, frente a los 187 de 2020 y los 173 de hace tres años.

Sustituciones

“Sería necesario incrementar el ritmo de sustituciones de ascensores”, admite Ángeles Ríos, quien recuerda que el Instituto Galego da Vivenda e Solo concede ayudas a las comunidades de propietarios para hacerlo y que este año se consiguió además que se haga también para modernizarlos, porque no siempre es necesario cambiar el aparato. La presidenta de AEGA comenta que aunque este año habrá una mayor cuantía de ayudas gracias a los fondos Next Generation, su aprobación se retrasará debido al gran volumen de peticiones.

Ríos destaca que tanto la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), como AEGA consideran que la instalación de un ascensor en un edificio no puede esperar a que sea imprescindible para una persona y reprocha que el Ayuntamiento de A Coruña se demora en la aprobación de los proyectos que se presentan.

“Somos los primeros que no vamos a instalar un ascensor donde no se pueda o no haya condiciones para los usuarios”, pone de relieve sobre este asunto, a lo que añade que son proyectos “muy revisados por ingenieros y arquitectos y no pueden quedar a la interpretación de una normativa urbanística poco clara y demorarse meses y meses”.

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