Kiosco

La Opinión de A Coruña

Primera advertencia de la Unesco sobre el estado ruinoso de la cárcel de la Torre

El Icomos, órgano consultivo del ente internacional en España para cuestiones de Patrimonio, atiende el SOS de Proxecto Cárcere y reclama que se establezcan “cuantas medidas ayuden” a detener la ruina del inmueble

Vista de los tejados de la antigua prisión provincial. | // CARLOS PARDELLAS

El Icomos, el órgano consultivo de la Unesco en España para asuntos de Patrimonio, ha exigido a todas las administraciones con competencias la inmediata recuperación de la antigua prisión provincial. El penal, situado frente a la Torre, y dentro del ámbito de protección del monumento, permanece en estado de abandono y casi ruinoso desde que cesó el uso penitenciario, con numerosos incendios, intrusiones ilícitas y otros incidentes en su interior. El Icomos, que vela por la conservación y la protección del patrimonio cultural mundial, ha remitido un escrito de solicitud de medidas preventivas para que “se implemente la normativa que tutela la antigua Prisión Provincial de A Coruña” y se establezcan “cuantas medidas ayuden a restablecer la conservación y ornato del inmueble”, con el objetivo de evitar, asimismo, su “afección” sobre la Torre de Hércules, nombrada Patrimonio Mundial en 2009. Una declaración en la que el Icomos, como organismo asociado a la Unesco, tuvo un papel determinante.

El Icomos interpela, en su escrito, a todas las administraciones implicadas: Ayuntamiento, Consellería de Cultura de la Xunta, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y la Subdirección de Gestión de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. La entidad ha emitido su informe a instancias de Proxecto Cárcere, que denunció la situación ante el Icomos el año pasado, comprometiéndose este a evaluar la situación. La asociación Proxecto Cárcere, nacida en 2010 para cuidar el espacio y darle un nuevo uso, pidió amparo al organismo tras “el silencio de la Siepse, propietaria del edificio, Concello y Patrimonio”. Desde Proxecto Cárcere constatan el mal estado de las dependencias. “El interior del edificio está completamente destrozado y absolutamente lleno de graffitis en las galerías”, lamentan.

Unos desperfectos que también manifiesta el panóptico del edificio, donde se encuentra la garita desde donde se controlaban las galerías, cuyos metacrilatos “están todos rotos y tirados por el suelo”. La visión del interior, para los activistas, es “apocalíptica”, y lamentan el “poco interés” de las instituciones por salvaguardar el patrimonio. A este respecto, los últimos avances institucionales para recuperar la cárcel han sido los movimientos del Ayuntamiento para “gestionar la adquisición” del inmueble al Estado, pero las condiciones previstas para el acuerdo pasan porque las arcas municipales abonen un pago de 2,3 millones de euros, que incluyen 1,1 millones en intereses.

La oposición demanda una cesión gratuita, que queda descartada. Según señalaron fuentes municipales a este diario, el Estado aceptó una rebaja de medio millón, puesto que la deuda total “cuando se empezó a negociar” era de 2,8 millones de euros al no renunciar el Estado a cobrar los intereses. El PP, Marea y BNG rechazan la solución. El Partido Popular esgrime que el acuerdo supone “pagar por la cárcel dos veces”, pues la parcela en la que se emplaza el edificio fue originalmente municipal, y hace casi un siglo se cedió al Estado para usos penitenciarios. El Concello, con el PP en la Alcaldía, inició en su momento un procedimiento judicial para conseguir la reversión gratuita, pero el Supremo, basándose en un convenio firmado por el alcalde Francisco Vázquez en 2005, determinó que había que pagar.

Marea culpa también al convenio. Su portavoz, María García, señala que el edificio “fue construido en terrenos municipales y que debió regresar al Concello cuando dejó de tener uso como prisión”. El grupo, con un voto favorable a un modificativo de crédito, podría asegurar los fondos para cubrir los pagos que el Ayuntamiento quiere realizar al Estado este año, unos 814.000 euros, pero afirma que solicitará más información sobre el acuerdo “antes de decidir nuestro posicionamiento definitivo al respecto”. El portavoz municipal del BNG Francisco Jorquera, señaló explícitamente que no apoyará en el pleno “ningún acuerdo que suponga un desembolso económico” para el Ayuntamiento. La quita le parece “insuficiente” y reclama una devolución gratuita, que considera posible si hay “voluntad política” por parte del Estado.

Otras organizaciones, como la Comisión en Defensa do Común, han reclamado al Gobierno local que busque la devolución gratuita de la cárcel para “ejecutar” el acuerdo plenario que así lo pidió en marzo de 2017, cuando el pleno aprobó una moción en la que se pedía la recuperación gratuita de la cárcel, entre otros terrenos como la Solana y el Hotel Finisterre y las fincas de Defensa en A Maestranza.

Compartir el artículo

stats