La familia de Diego Bello continúa su lucha para esclarecer el asesinato del joven empresario coruñés a manos de la policía filipina en 2020. Su última determinación ha sido la de solicitar que el juicio se celebre en la capital del país, Manila, en lugar de en la isla donde ocurrieron los hechos, Surigao. “Se están haciendo escritos para solicitar el traslado del procedimiento, para que sea el propio tribunal de la capital el que juzgue los hechos. Surigao es una isla pequeña, todo el mundo se conoce, y el juez puede recibir presiones”, explica el abogado de la familia, Guillermo Mosquera. Sobre los agentes responsables de la muerte del joven pesa una orden de detención nacional, que no se ha ejecutado al encontrarse estos en paradero desconocido. Una coyuntura que, sostiene la familia, no es del todo real, pues, aseguran, el paradero de los agentes es un secreto a voces entre la vecindad de la isla.
“La propia Policía Nacional filipina les otorgó un permiso retribuido sin necesidad de acudir a su puesto, como una excedencia pagada. No los localizan, pero todo el mundo sabe dónde están. No los quieren detener, porque si no, los tendrían que meter en prisión. Todo el mundo los conoce, el tratamiento es de impunidad”, lamenta el letrado de la familia, que juzga que el hecho de trasladar el procedimiento a la capital dota al caso de una mayor dimensión. “Es casi un asunto de estado. Diego fue el primer extranjero en ser asesinado por la supuesta Ley Antidroga”, señala Mosquera. La demora en la detención ya despertó los recelos de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que hizo pública el mes pasado su “grave preocupación” por el retraso en el cumplimiento de la orden judicial de arresto de los tres policías implicados . La entidad considera que esta demora “va más allá de la razonable prontitud requerida en la eficaz administración de justicia”, ya que los policías —el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda— habían sido informados de los cargos contra ellos, y la orden de arresto fue dictada el 25 de marzo.
La familia lamenta que el nuevo presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, que sucedió a Rodrigo Duterte el pasado mayo con la promesa de “dar una nueva imagen al país” y “pasar página” de la polémica ley, no haya escenificado ningún avance desde su nombramiento, a pesar de ser conocedor del caso y anunciar su compromiso con su resolución.
La sensación de impunidad de la que gozan los agentes implicados en los hechos lleva a la familia a valorar el solicitar, además del traslado de la instrucción, la expedición de una orden de busca y captura internacional, con el fin de evitar una salida del país de los presuntos asesinos. Una herramienta que daría potestad a las autoridades de otras naciones para ejecutar la detención. Paralelamente, los representantes legales de la familia han concertado citas con las entidades bancarias filipinas para presentar la documentación necesaria que permita retirar los fondos depositados por Diego Bello durante sus años en la isla. “Es el dinero que Diego ganó, y el procedimiento para hacer justicia conlleva unos costes muy elevados. Retirar esos fondos también es una manera de cerrar un capítulo en esto”, explica Mosquera.
