Landcompany 2020, la inmobiliaria del grupo Santander que posee el solar de los antiguos Astilleros Valiña, recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la denegación del estudio de detalle para esa parcela que presentó en el Concello el 4 de noviembre de 2020, el día anterior a la suspensión de licencias urbanísticas en el litoral de la ría para la modificación de la normativa sobre ese sector. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el personamiento del Concello en el recurso con el fin de defender los intereses municipales.
El plan propuesto por la empresa preveía la construcción en el solar, situado frente a la playa de Oza, de cuatro edificios de siete alturas en los que se distribuirían 112 viviendas. El complejo dispondría además de un ascensor y unas escaleras con acceso público que permitirían unir la calle Xubias de Arriba con la costa. El proyecto incluía además la creación de 48 plazas de aparcamiento de uso público. Landcompany 2020 reclamó inicialmente al Concello que se pronunciase sobre su estudio de detalle, ya que decidió no tramitarlo con el argumento de que no contenía la información necesaria para hacerlo.
La inmobiliaria presentó los datos requeridos en julio de 2021, pero en ese momento ya había entrado en vigor la paralización de la concesión de licencias entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe. La nueva ordenación propuesta por el Concello para el solar de Valiña reduce de 88 a 56 las viviendas que podrían construirse en ese lugar. Al finalizar la suspensión de licencias, Landcompany 2020 reclamó que se retomase la tramitación de su estudio de detalle, pero el Gobierno local lo rechazó, al igual que las alegaciones que presentó la compañía posteriormente, por lo que el 3 de agosto dio por cerrado este asunto.
Astilleros Valiña vendió en 2005 el solar, de 14.434 metros cuadrados, a la inmobiliaria Isoman, que proyectó un edificio de ocho plantas. El Gobierno local modificó la propuesta por una de cuatro inmuebles escalonados de entre cinco y siete plantas. Isoman tuvo que vender la parcela en 2011 a causa de la crisis inmobiliaria a Mesena, inmobiliaria de Banesto que tiempo después se integró en el grupo Santander y que pagó entonces casi 24 millones de euros.
Recurso de limpieza
La Junta de Gobierno Local aprobó también la comparecencia del Concello en el recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 por las empresas FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica contra la imposición de una sanción de 47.764,53 euros “por la negligente prestación de los servicios contratados de limpieza viaria, fundamentalmente en el mes de marzo de 2022”. Ambas compañías son las concesionarias de ese servicio municipal, cuyos trabajadores realizaron una huelga en esas fechas, al igual que los de la recogida de basura, lo que hizo que los residuos se acumulasen en las calles y que el Concello contratase a la empresa Tragsa para retirarlos tras declarar la situación de emergencia sanitaria.
