La ampliación del puente de A Pasaxe impedirá mariscar en una franja de unos 200 metros en torno a la infraestructura durante el tiempo que duren los trabajos, que, según estima el proyecto de obra, durarán “entre cinco y seis meses”. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé indemnizar a los mariscadores de la ría de O Burgo con 22.500 euros por el cese de actividad durante los trabajos, y con otros 330 euros por un área que se perderá para siempre por la actividad económica debido a la construcción de las nuevas pilas.
El proyecto de ampliación, actualmente en exposición pública para recibir alegaciones, indica que las obras afectarán a la “turbidez” del agua y a la concentración de metales pesados, como cadmio, plomo, cobre y mercurio, por lo que los bancos marisqueros “directamente afectados”, de acuerdo con el estudio de integración ambiental del proyecto, “no podrán ser objeto de explotación” mientras dure la obra.
En cuanto al mejor momento para realizar esta, el proyecto indica que el fitoplancton, esto es, el conjunto de organismos microscópicos que supone la base de las cadenas de alimentación de peces y mariscos, se vería menos afectado si los trabajos se ejecutan entre noviembre a febrero, lo que “se tendrá en cuenta en el plan de obra”. También afirma que se "intentará consensuar” el calendario con “el sector marisquero”.
Sin embargo, el colectivo de mariscadores de O Burgo (que ahora tiene la actividad paralizada por el dragado de la ría y ha peleado meses para recibir indemnizaciones por el cierre) señalaba este lunes que no tenía conocimiento de que el proyecto contemplase su actividad hasta que este diario se lo comunicó, sin que el Estado se hubiese puesto en contacto con ellos.
El presidente de la la Agrupación de Mariscadores a Pie, Andrés Pena, también prefirió no pronunciarse sobre las indemnizaciones hasta que la directiva las vea con más detalle. El documento, pese a establecer que se afectará a algunos bancos marisqueros, no establece cuáles se podrían ver perjudicados, y calcula el dinero a pagar en base a una estimación del área afectada en proporción al conjunto de la ría.
Así, el Estado estima que los trabajos afectarán a unos 41.274 metros cuadrados de “bancos marisqueros”, pero realmente no se refiere a áreas en las que se concentra el marisco en realidad, sino al conjunto de la zona para la que se pide la exclusión. El proyecto de Transportes compara esta área con el conjunto de la ría, que tiene una superficie de más de 1,5 millones de metros cuadrados. Luego, a partir de los datos de captura de bivalvos en la ría entre 2015 y 2018 y los precios medios que alcanzaron por kilo, calcula que en cada día de extracción se sacaron cantidades por valor de unos 4.600 euros.
A continuación, el Ministerio de Transportes estima que como la superficie cerrada de la ría será un 2,7% del total, las pérdidas por cada jornada de actividad serán proporcionales, unos 125 euros por cada día de actividad, o, calculando que las obras durarán seis meses, 22.500 euros. Sin embargo, esta estimación parte de la base de que el marisco se distribuye uniformemente por toda la superficie de la ría, cuando en realidad se concentra en bancos; si varios de estos quedan afectados por el cierre, el perjuicio para los mariscadores podría ser superior al 2,7%. El proyecto no incluye un estudio o mapa que localice los bancos marisqueros de O Burgo y su productividad y señale cómo se verán afectados en la práctica.
A mayores, el documento calcula que las nuevas pilas de la obra cerrarán al marisqueo permanentemente 179 metros cuadrados, apenas el 0,010% de la ría, y “estimando la compensación a diez años” propone pagar 330 euros.
Para evitar la afectación a las aguas del resto de la ría, y, “en particular”, sobre las áreas de recolección de marisco, el proyecto propone desplegar una especie de cortinas fijadas al fondo y flotadores, y señala que si durante los trabajos se detectan afecciones al medio natural a mayores de las previstas, estos deberán paralizarse.
