Cuatro años sin cumplir los acuerdos del edificio Fenosa que evitaron la ruina de la Hacienda local de A Coruña

El arquitecto Valentín Souto pasó dos décadas denunciando en los tribunales las irregularidades urbanísticas de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías, derivadas de una licencia ilegal concedida por el Gobierno local en 1997. El pleito acabó con un acuerdo con el Ayuntamiento, aún con Marea en el poder, ratificado en los tribunales en febrero de 2019. Pero cuatro años después, los tratos a los que llegó la administración local con el denunciante y con los vecinos siguen sin cumplirse al completo: el inmueble no tiene protección especial, y no se ha construido el edificio de viviendas públicas prometido. “Me da la sensación de que el Gobierno local entrante”, indica Souto, refiriéndose al actual, “consideró que los acuerdos precedentes no iban con ellos, cuando las personas pasan pero la institución está comprometida”.

De acuerdo con los tribunales, el Ayuntamiento tendría que haber corrido con los gastos de demoler y reconstruir parcialmente el edificio, actualmente ocupado casi completamente por viviendas, para retrotraerlo a lo establecido a la normativa, además de pagar el realojo de vecinos e indemnizaciones. Según el auto que cerró el proceso, el coste se aproximaría a los 60 millones, ocasionando un gran descuadre a las arcas municipales. Por ello, Souto aceptó un trato que dejase sin ejecutar la sentencia. “No voy a decir que se nos haya hecho un chantaje emocional, pero se nos puso delante un panorama demoledor”, recuerda.

El acuerdo exigía que el Ayuntamiento reconociese públicamente que fue “responsable de la ilegalidad urbanística” y que le causó al demandante daños al oponerse durante dos décadas a su reposición con una actuación que “dista mucho de los dictados de la buena fe”. También debía indemnizarlo con una cantidad cercana a los tres millones de euros, que Souto señala que se le abonó en poco tiempo: “se ejecutó con el anterior Gobierno municipal, no esperaron a las elecciones”.

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También se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en marzo de 2019, aún con Marea, un protocolo de buenas prácticas urbanísticas, que incluía exigir responsabilidades a funcionarios y autoridades que provoquen que el Ayuntamiento tenga que abonar indemnizaciones con actuaciones dolosas o negligentes. Souto indica que tiene “sus dudas” de que el caso Fenosa haya servido de lección a la administración local, aunque indica que velar por el protocolo “no nos corresponde a nosotros exclusivamente: establece herramientas y procedimientos que cualquier persona puede invocar”. El PP interpreta que este punto del acuerdo “no se está cumpliendo” y que los vecinos “no perciben una mejoría en el departamento de Urbanismo”.

Pero la principal obligación del Concello en términos monetarios, unos ocho millones, era construir un edificio de viviendas de protección oficial en Xuxán (donde la Xunta está acabando una obra de vivienda pública y tiene proyectos para otras dos). Las obras no han empezado, y el actual Gobierno local ha incumplido sus propios plazos. En opinión de Souto, “si han pasado cuatro años y el edificio no está levantando no parece que se esté cumpliendo” el acuerdo, y la última información que le remitió el Concello, a petición del arquitecto, fue en 2020.

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Aunque en el trato de mediación se señalaba que el proceso para construir el edificio debía empezar de manera inmediata, no se contrató la redacción del proyecto hasta diciembre de 2020. Tendría que haberse entregado en septiembre de 2021, pero el Concello no lo presentó hasta febrero del año pasado, cuando la alcaldesa, Inés Rey, anunció que se sacaría a concurso la obra en 2022, algo que tampoco se concretó. El proyecto estaba en los presupuestos del año pasado con 2,75 millones, la mitad de préstamo, y se preveía invertir otros 5,5 este año, pero es una de las partidas que se eliminaron con la prórroga del presupuesto.

En este año, la única acción para avanzar el proceso de la que tiene constancia este diario es una petición del Ayuntamiento a la Xunta para que el proyecto tenga la calificación de promoción pública, que no se hizo hasta el 2 de septiembre, siete meses después de aprobar solicitarla. El Gobierno local ha dejado sin responder a las preguntas de este diario sobre la situación de este proyecto y sobre otros puntos de los acuerdos relativos al edificio Fenosa.

Pero, según señala Souto, “francamente, no parece” que esté actuando con diligencia, e indica que “también duele” que cuando el Gobierno local se refiere a este proyecto lo plantee como un plan propio y no como el cumplimiento de un acuerdo que le precedió. “Es como si no le vinculasen las acciones del Gobierno local saliente”, denuncia.

En el mismo sentido se manifiesta Marea, que afirma que resolvió un problema causado por una licencia de tiempos de Francisco Vázquez que “estuvo a punto de llevar al Concello a la bancarrota” pero que ahora “tenemos que lamentar que otro Gobierno socialista siga sin cumplir los términos”. “Está claro que Inés Rey tiene serias dificultades para incumplir la palabra dada”, señala el grupo.

Lo que reclamaban los propietarios del edificio Fenosa: entre 500.000 y 750.000 euros

Y, según recuerda Souto, él todavía podría reclamar judicialmente la construcción del edificio, si el Ayuntamiento incumple su parte del trato. Otro de los puntos del acuerdo de 2019 le impide seguir pleiteando por el motivo de su demanda, pero nada le impide hacerlo por “el cumplimiento del convenio”. Aunque admite que los largos años de juicios lo han dejado agotado y “con el síndrome del corredor de fondo”, indica que “no vamos a olvidarnos de que los acuerdos están para cumplirse, pacta sunt servanda [lo pactado obliga]”.

Sin protección al edificio

Como parte del proceso de mediación para resolver el pleito, el Ayuntamiento también llegó a un acuerdo con la comunidad de vecinos, que repite varios de los puntos del que firmó con Souto y admite los “daños y perjuicios” que se ocasionó a los residentes por la licencia ilegal y el “sufrimiento padecido” durante el proceso. El Concello se comprometía a establecer unas bases para compensarlos, aunque les dejaba la puerta abierta a ejecutar acciones judiciales si no estaban de acuerdo. A finales de 2020 se inició el procedimiento para abonar las compensaciones a los 94 de 96 propietarios que las reclamaron: 12.000 euros para viviendas habituales y locales comerciales, 9.000 en otros casos. El Gobierno local no ha querido indicar si hay reclamaciones judiciales en marcha, y la comunidad de vecinos ha rechazado hacer declaraciones.

Y el Concello también se comprometía a garantizar “tranquilidad y seguridad jurídica” en relación al edificio: es decir, blindar que es legal tal y como está. Así, prometió cambiar la normativa urbanística municipal para declararlo “edificio singular”, una modificación que debería impulsar el concejal del ramo “en un plazo máximo de tres meses”.

La Junta de Gobierno local del 19 de enero de 2022 aprobó enviar a la Xunta esta modificación del plan urbanístico para que realizase una evaluación ambiental, y el Gobierno gallego le dio vía libre, aunque pidiendo al Ayuntamiento que revise su catálogo de bienes protegidos para “identificar todos los bienes culturales que puedan verse afectados” y tomar “medidas precisas” para protegerlos, sin que se aprobase desde entonces el cambio normativo.

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