Detenidos cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza por delito fiscal

La Policía Nacional detuvo ayer a cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza —que es mayoritario en el comité de empresa de las concesionarias municipales que ofrecen los servicios de limpieza y recogida de la basura— tras realizar cuatro registros en la ciudad por haber cometido presuntamente delitos fiscales.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña declaró secretas las actuaciones, por lo que, hasta que pasen a disposición judicial —en un plazo que no puede superar las 72 horas desde su arresto—, no se concretarán los delitos por los que se les investiga y por los que han sido detenidos.

En la operación, que se desarrolló durante todo el día de ayer, intervinieron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR) y también de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que acudieron a la sede del sindicato, en la travesía República Dominicana, en las inmediaciones de la calle Barcelona, para investigar estos presuntos delitos económicos.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron ayer a este diario que, además del registro de la sede del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, se habían realizado otros tres más. En el marco de esta operación, cuyas diligencias se han declarado secretas y que sigue abierta, se efectuaron cuatro detenciones, una de ellas, la del secretario general de la formación, Miguel Ángel Sánchez.

La última aparición pública de Sánchez fue hace justo dos meses, cuando acudió a la administración de Loterías de la calle Barcelona a festejar que le había tocado el premio Gordo. Él y otro compañero más del sindicato, según él mismo explicó entonces a la prensa y a los vecinos, habían adquirido un boleto cada uno del 05490, un número que compraron al margen del que juega el sindicato cada año.

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza ha acumulado denuncias durante estos años en los que se han sucedido los conflictos laborales, sobre todo, por la mejora de las condiciones de trabajo, tanto en el servicio de recogida de la basura como en el de la limpieza viaria, antes, de la misma concesionaria, Cespa, ahora, de Prezero y FCC.

A principios de marzo del año pasado, la alcaldesa, Inés Rey, declaró incluso la emergencia sanitaria en la ciudad después de seis días de incidencias y actos vandálicos —con quema de contenedores por la noche y sabotajes en los vehículos que los dejaban inutilizados para el servicio diario— que acababan siempre con que la basura se quedaba en la calle y con que los camiones no llegaban a Nostián.

La empresa concesionaria del servicio, PreZero, entonces, abrió expediente sancionador a una parte de su plantilla por estos hechos y la Policía Nacional llegó a detener a un hombre por la quema reiterada de contenedores en esta época.

La emergencia sanitaria requirió la contratación de refuerzos para poder retirar de la ciudad las toneladas de residuos acumuladas durante una semana en conflicto —tan solo en una noche, los trabajadores de Tragsa y el servicio normal de recogida de basuras se quitaron de las calles 260 toneladas de desperdicios urbanos—. A pesar de que este diario se puso en contacto con la empresa PreZero para saber si alguna de las denuncias presentadas contra los miembros del sindicato habían detonado esta investigación sobre presuntos delitos financieros y económicos, la multinacional —que compró en diciembre de 2021 el negocio de medio ambiente que tenía Ferrovial tanto en España como en Portugal por más de mil millones de euros— no se pronunció sobre estas actuaciones.

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