Marea Atlántica detecta retrasos de año y medio en el cobro de la Renta Social Municipal

Marea Atlántica ha detectado, a través de las atenciones que dispensa en su Oficina dos Dereitos, retrasos de hasta año y medio desde que se concede la Renta Social Municipal a personas en situación de vulnerabilidad hasta que reciben la prestación. Así lo han hecho público durante la presentación del balance del trabajo realizado por el organismo a lo largo de 2022.

La formación ha mostrado su preocupación por los retrasos en la tramitación de la Renta Social Municipal, que comportan, tal y como alertó el candidato a la alcaldía, Xan Xove, “ un problema gravísimo” al ser una ayuda “de último recurso”. Del mismo modo se expresó el educador social y número tres del partido, Rodri Gil, que apuntó que el Concello “está dejando morir esta prestación”, puesta en marcha por Marea Atlántica, lo que sitúa como “un error”, ya que es un recurso al que puede acceder la ciudadanía de A Coruña cuando se les es denegada la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). El organismo notificó, a través de las entrevistas con las 97 personas a las que atendió el personal del recurso, problemas con la prestación de otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital o la propia Risga. “Por más que sea un avance tener una prestación a nivel estatal que pueda cubrir necesidades en algunos casos, esta está bastante mal diseñada, y deja mucha gente fuera. La Risga igual, hay retrasos de meses para cobrarla”, alerta Rodri Gil.

Además de las cuestiones relativas a las ayudas económicas, en la Oficina dos Dereitos detectaron otra serie de problemas que afectan a sus usuarios, entre los que destacan la dificultad para encontrar vivienda a precios asequibles, que achacan, en parte, a la ausencia de un parque público de vivienda que ayude a amortiguar esa demanda. “Detectamos problemas de acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler social. La bolsa de viviendas del Concello lleva cerrada desde 2013. No nos deja de sorprender la falta de acción del Gobierno local, cuando hay aprobado un plan de vivienda, con Marea, de 9 millones de euros”, afea Gil.

La Oficina dos Dereitos atendió en 2022 a un 54% de personas más que el año anterior, lo que acredita, según sus responsables, que el organismo “sigue siendo útil” para las personas “en situación de vulnerabilidad”.