Quince rebajas de condenas y 34 revisiones denegadas en A Coruña por la ley del ‘solo sí es sí’

Desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, la Audiencia Provincial de A Coruña ha examinado 49 sentencias judiciales por delitos sexuales, de las que 15 han sido revisadas con una rebaja de pena; en las otras 34 se ha denegado la revisión y la pena impuesta se ha mantenido, según datos proporcionados por fuentes judiciales.

Las tres secciones de la Audiencia Provincial han dictado casi medio centenar de autos en el marco de la ejecución de sentencias vinculadas a la ley del solo sí es sí: 15 y 18 en las dos con sede en A Coruña y 16 en la de Santiago. De las 15 revisiones acordadas, se producen modificaciones que rebajan las condenas por delitos sexuales de tres a dos años, de seis a cuatro, de siete a cinco años y medio, de ocho a seis, de nueve a ocho, de diez a nueve, de once a diez años y medio, de trece a doce años y cuatro meses y de 14 a 13 años.

“No todas las penas se rebajan, es obvio. En realidad, se subieron las penas de los abusos sexuales muy notablemente y bajaron algunas de las penas por agresiones. Es normal que si se revisa todo, solo una parte produzca una reducción de las penas”, valora Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la Universidade da Coruña (UDC), diplomada en Criminología y una de las expertas que participaron en la redacción de la polémica ley. El Ejecutivo socialista y su socio de gobierno Unidas Podemos debaten una revisión de la norma después de que desde su aplicación hace más de cuatro meses casi 500 delincuentes sexuales se hayan beneficiado de la reducción de penas en algunos delitos de carácter sexual, con casos en los que incluso ha habido excarcelaciones.

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La ley del solo sí es sí acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y considera que todo acto sexual sin el consentimiento de la otra persona se determina como una agresión, que el Código Penal castiga con pena de prisión de uno a cuatro años. Desaparece así el abuso, de forma que todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Se considera violación la agresión sexual con penetración, castigada con prisión de cuatro a doce años. La pena máxima que la Justicia puede imponer es de 15 años, en el caso de la violación, y de ocho años en el de la agresión sexual sin penetración, cuando concurra alguna circunstancia agravante como la especial vulnerabilidad de la víctima o la agresión grupal.

En las sentencias que se han revisado en la provincia de A Coruña desde octubre concurren diferentes delitos sexuales, entre ellos violación, abuso sexual continuado a una persona menor de edad, agresión sexual, agresión con penetración o agresión sexual en grado de tentativa; en algún caso se suman los delitos de violación continuada, maltrato y amenazas a la víctima. La revisión de estos fallos judiciales motivó que los castigos fueran reducidos de catorce a trece años, de seis a cuatro o de tres a dos, según las circunstancias agravantes o atenuantes en la sentencia judicial original que haya tenido en cuenta el tribunal provincial, que es lo que determina la rebaja. Otros jueces, con el mismo examen de estas circunstancias en otros fallos, han denegado en cambio una reducción de condena.

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Patricia Faraldo lamenta que la ley de garantía integral de la libertad sexual motive ahora una posible contrarreforma salpicada por “el debate electoral”: “Se plantea una reforma que sube las penas introduciendo un agravante basado en violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Si lo hacen para poner fin a las excarcelaciones, como dicen, no van a conseguir nada y van a transmitir todavía más desazón en el ciudadano y en las víctimas. ¿Penas más altas? Creo que es una confusión enorme pretender igualar más penas a los delincuentes con una mejor protección de la víctima, porque no es así. La mejor protección de la víctima se consigue dotando económicamente, de una vez, todas las medidas no penales que esta ley orgánica recoge. Y todavía no hay presupuesto. Si se tomaran en serio nuestros políticos la protección de las víctimas, se apresurarían a dotar esas partidas”.

La catedrática y participante en la ley del solo sí es sí apunta que la norma ha tenido una interpretación simple: “La idea que tenemos es que es una ley penal, y no lo es, va mucho más allá del Derecho Penal. Todo el debate se está reduciendo a un aspecto mínimo de la ley, que son las penas para los delincuentes en unos delitos que ya están contundentemente sancionados. No se ha conseguido transmitir a la ciudadanía el objetivo real de la ley, y es una pena".

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