Un lustro del último centro okupado

El 23 de mayo de 2018 se llevó a cabo el desalojo del Centro Social Okupado Autoxestionado A Insumisa, que se hallaba en las conocidas como Naves del Metrosidero, la antigua Comandancia Militar de Obras. Cinco años más tarde, no existe en A Coruña o su entorno otra instalación de este tipo, por lo que si antes de final de 2023 no se abre una nueva, se habrá superado el periodo más largo en el que no habrá existido desde que en 1993 comenzó la actividad en el edificio conocido como Torre Bescansa, en la ribera de la ría de O Burgo que pertenece al municipio de Oleiros y que se encontraba abandonado desde mucho tiempo antes.

Ese inmueble histórico, hoy en día reformado, fue convertido en el centro social Okupa da Ría, también conocido como Bategada, que desarrolló actividades sociales y culturales alternativas. Durante décadas había permanecido abandonado hasta que el Concello de Oleiros lo adquirió en 1993, el mismo año en que los okupas entraron en él. El Gobierno municipal lo desalojó en 2002 y su actividad fue sucedida por la que se inició en el lugar de A Revolta, en Arteixo, por el centro conocido como Las Ruinas, que operó entre los años 2003 y 2004.

También en la comarca se puso en marcha la siguiente experiencia de este tipo, bautizada como La Cúpula del Trueno y situada en Sabón, donde funcionó entre 2005 y 2007. Hubo que esperar a 2008 para que surgiera la primera iniciativa en la ciudad, el Centro Social Okupado Autoxestionado Casa das Atochas, ubicado en un edificio de la calle Atocha Alta que era propiedad de una inmobiliaria. El colectivo A Cultura Preokupa fue el responsable de la iniciativa, mediante la que se llevaron a cabo todo tipo de actividades.

La empresa propietaria del edificio, la inmobiliaria Juan Pérez Paz, consiguió una orden judicial para su desalojo, que se produjo en abril de 2011 y puso fin a tres años de actividad en la Casa das Atochas. Tres años después, en septiembre de 2014, la compañía derribó el inmueble, pero, doce años después de haber expulsado a quienes lo habían ocupado, el lugar donde se encontraba sigue siendo un solar. Este periódico contactó con la inmobiliaria para recabar su opinión sobre este hecho, pero rehusó hacer declaraciones.

El mismo año en que se desalojó la Casa das Atochas se inició la presencia de okupas en el antiguo convento de las Oblatas próximo al santuario de Santa Gema, que se encontraba deshabitado tras la marcha de las monjas en 2003. Allí nació el Centro Social Okupado Palavea, que puso en marcha nuevas iniciativas de tipo alternativo. Como en los casos anteriores, los propietarios del recinto, con una parcela de 8.000 metros cuadrados y 3.600 construidos, tomaron medidas para acabar con la presencia de estas personas, lo que derivó en movilizaciones para evitar el desalojo, como ya había sucedido con Casa das Atochas.

El primer centro se abrió en la Torre Bescansa de Oleiros en 1993

En marzo de 2014 se ejecutó la orden de salida de los okupas, lo que dio pie a sus propietarios a ponerla a la venta al año siguiente por 3,3 millones de euros. En 2018 comenzó a funcionar en el antiguo convento una residencia de mayores que hoy en día continúa su actividad.

La Comandancia Militar de Obras fue uno de los edificios incluidos en el convenio de 1984 entre el Concello y el Ministerio de Defensa que debía pasar a manos municipales, pero permaneció sin uso durante años desde que el Ejército dejó de usarlo. El Gobierno local del PP proyectó en 2014 la instalación en ese lugar de un Centro de Producción de Diseño mediante la rehabilitación de las antiguas naves militares, pero terminó su mandato sin haber puesto en marcha el proyecto. A su llegada al Gobierno local, Marea Atlántica optó por abrir en la Comandancia un centro para la realización de actividades juveniles, pero el retraso en el comienzo de los trabajos hizo posible su ocupación en 2016 para convertirse en el centro social A Insumisa.

También allí se desarrollaron propuestas de todo tipo y una vez más el conflicto se inició cuando el propietario, el Concello en este caso, trató de conseguir la salida de los okupantes. A pesar de que se intentó mediante la negociación con los miembros del colectivo para evitar un desalojo forzoso, las conversaciones no fructificaron. Ni siquiera la presencia en aquel Gobierno local de personas que habían participado en las actividades de Casa das Atochas hizo posible el acuerdo.

El 23 de mayo de 2018 se produjo finalmente el desalojo, en el que se produjeron incidentes con los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía que acabaron con varios detenidos. Finalmente siete personas fueron acusadas de desórdenes públicos, daños y lesiones, delitos por los que se les pedían condenas de cárcel de diez años, pero un acuerdo previo al juicio evitó que llegaran a ingresar en prisión al aceptar condenas por debajo de los dos años, ya que carecían de antecedentes. Al mes siguiente de esa resolución judicial, las Naves del Metrosidero abrieron al público como espacio para la realización de actividades juveniles.

Para el arquitecto Iago Carro, miembro del colectivo Ergosfera y que ha investigado sobre el fenómeno de los centros sociales okupados, se trata de una iniciativa “continuista, porque muchas personas participaron en todos estos procesos”. A su juicio, la utilización de estos edificios abandonados se debe a que “faltan espacios para gente que no tiene recursos para alquilar o hacer actividades públicas”, así como a que hay personas “que luchan porque no haya espacios sin uso en las ciudades”, en la que aprecia una “crítica al funcionamiento del sistema inmobiliario”. La ausencia en la actualidad de centros de este tipo en A Coruña hace que, en su opinión, “la ciudad, desde una perspectiva sociocultural, es mucho peor que cuando existían estos lugares, que crean un circuito de movimientos diferente al de otro tipo de espacios”.

Carro considera así positiva la existencia del complejo para los jóvenes abierto en las Naves del Metrosidero que sucedió al centro social A Insumisa, pero advierte que “uno no puede ser a costa del otro”, ya que destaca que en A Insumisa se realizaban actuaciones musicales, charlas y actos sociales que ahora han desaparecido.

“No recuerdo que hubiera problemas nunca con los vecinos”, afirma Carro sobre la relación de los habitantes del entorno con los centros sociales okupados, ya que recuerda que este tipo de iniciativas se desarrollan siempre en edificios abandonados durante muchos años y que sufren un continuo deterioro. Para constatar esta afirmación, rememora el taller que Ergosfera dirigió en Casa das Atochas para fabricar bancos públicos y distribuirlos por el barrio.

En cuanto a la actitud de los propietarios, este arquitecto pone de relieve que en España “a pesar de lo que dice la Constitución, hay una creencia popular de que la propiedad privada está siempre por encima del derecho al uso social del espacio y de la ciudad”, lo que califica de “visión anacrónica” ante casos de abandono de inmuebles.

También recuerda el tiempo que pasa desde que se desaloja un centro okupado hasta que finalmente se da un uso a esos lugares, si finalmente se hace, ya que piensa que “en cuanto se ve que existe un uso por lo abandonado, a las administraciones o a los propietarios les entra la prisa porque se desocupe, ya que se teme que si se permite uno, van a aparecer muchos más”, lo que cree desproporcionado.

“Hay centenares de edificios que llevan abandonados más de una década”, recuerda Carro, quien se pregunta qué sentido tiene que tanto los propietarios como muchas personas prefieran que estén en esa situación en lugar de que se les dé un uso sin necesidad de que haya un documento que lo autorice.

“Estoy seguro que los vecinos de Atocha Alta preferían la vida que había cuando durante dos o tres años hubo actividades en la Casa das Atochas, ya que también se hacían en el exterior y para gente de todas las edades”. “Y eran actividades diferentes”, remarca Carro, para quien eso “es un valor urbano trascendental, porque había charlas que no tienen cabida en un centro cívico municipal ni en una entidad privada porque no tienen interés para ellos”.

La aparición en el mercado de “seguros antiocupación” para propietarios de inmuebles es para este arquitecto un paso más en la campaña mediática que se desarrolla desde hace años contra este fenómeno, en la que además “se mezcla la ocupación para centros sociales, la residencial, la que se hace por necesidad y el chabolismo para hacer creer que es el gran problema de la ciudadanía”.

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