El gasto en renta social municipal de A Coruña cae a la mitad por su caducidad y el ingreso mínimo vital

La renta social municipal, una ayuda directa del Ayuntamiento que implantó en 2016 el Gobierno local de Marea Atlántica para reforzar la red social, cada vez llega a menos usuarios. Si en 2019 el Concello gastó casi 1,4 millones, y casi la misma cantidad en 2021, cerca del límite de lo presupuestado, la liquidación de las cuentas del año pasado muestra que la cantidad bajó a menos de 900.000, de una partida de 1,5 millones. Y en los nueve primeros meses de 2023 solo se han concedido ayudas por algo más de medio millón, pese a que estas aumentan a medida que sube el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). El Gobierno local propondrá en el pleno del jueves reducir la partida de este año a 700.000 euros, ya que no plantea gastar más, y achaca la caída de la demanda a la implantación, desde 2020, del ingreso mínimo vital (IMV) del Estado. Además de ofrecer mayores cuantías, la ayuda estatal no tiene fecha de caducidad, y no obliga a someterse a un seguimiento.

De acuerdo con un informe de Servicios Sociales que pide retirar 800.000 euros de los 1,5 millones presupuestados este año para “optimizar los escasos recursos municipales”, el principal motivo de la reducción de la demanda es la consolidación del ingreso mínimo vital y los “requisitos exigidos para el acceso a dicha prestación”. El IMV, que se unió a la ayuda autonómica ya existente, la Risga, “minoró la demanda de la prestación municipal”, que ahora se solicita “de forma residual en los casos de personas o unidades familiares que no tienen acceso” a las otras dos.

Según explica la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, las familias “optan primero por las prestaciones más estables: primero el Ingreso Mínimo Vital, luego la Risga y en tercer lugar la renta municipal, que es temporal y de menor cuantía según la unidad familiar”. De acuerdo con la ordenanza reguladora, la renta social es del 100% del Iprem para las personas solas, mientras que en familias puede aumentar hasta un máximo del 200%. Este año eso equivale, respectivamente, a 600 y 1.200 euros. El Ingreso Mínimo Vital tiene un mínimo de 565,37 euros mensuales, pero puede llegar a 1.368 en familias, y además hay complementos para personas con discapacidad y menores. Esto hace que lo prefieran “familias numerosas y bien arraigadas”.

Además, la renta social municipal se concede por un plazo de seis meses, que se pueden incrementar, como mucho, hasta el año y medio, con lo que el propio éxito de la ayuda en sus primeros años limita su crecimiento. En 2017, el primer año con gasto efectivo, el Concello gastó unos 350.000 euros, y al año siguiente la inversión ya era de algo más de un millón: el presupuesto prácticamente se agotó. En 2019 se rozaron los 1,4 millones, también al filo de la dotación económica comprometida. En 2020 se pasó a algo más de 1,25 millones de euros, y a mitad de año entró en funcionamiento el ingreso mínimo.

En 2021, pese a que la población vivía las secuelas del COVID, el dinero gastado fue de unos 1,36 millones, menos que antes de la pandemia, y para 2022 había bajado en casi medio millón. Los que pidieron la ayuda en sus tres años de mayor eclosión ya no pueden beneficiarse de ella.

Entonces, ¿cuál es el perfil del usuario? Según explica Farjas, y corroboran otras fuentes de entidades sociales del municipio, se ofrece para “está quedando para inmigrantes”, puesto que la pueden pedir sin permiso de residencia; aunque, señala la directora de Cáritas, en cuanto se ven en situación legal “acceden a la Risga o al ingreso mínimo”.

Lo mismo afirman desde otras fuentes de las asociaciones sociales de la ciudad, que recuerdan que en su momento “se negoció y pactó con las entidades” que pudiesen acceder a la renta personas en situación irregular. Las mismas fuentes señalan que, pese a que hay debate interno entre el movimiento social de la ciudad sobre la ayuda, esta permite “facilitar el proceso de inclusión social” de los inmigrantes recién llegados, aunque sea de manera temporal. Además, cuando el año y medio de cobertura se termina, “hay un sistema de ayudas de emergencia que funciona” por parte del Concello, que cubre a las personas que no han regularizado su situación y, por tanto, siguen sin poder optar a otro tipo de subvenciones. Y otro factor que lleva a los usuarios que pueden hacerlo a preferir el ingreso mínimo, puntualizan, es la “simplicidad del acceso”, que implica “menos burocracia y trámites” que la renta social municipal.

Mejor seguimiento local

Además, el ingreso mínimo vital se concede en base a la situación económica, y tanto la renta social municipal como la Risga están “más vinculados a itinerarios de inserción”. En el caso de la ayuda municipal, la ordenanza establece que los solicitantes deben participar en medidas propuestas por el trabajador social del Ayuntamiento para lograr su “mejora personal y social”, así como intentar que sean autónomas y que participen e integren en la sociedad. Si el beneficiario está en desempleo, este itinerario recoge cuestiones como mejorar su empleabilidad y capacitación, y si tiene problemas para acceder a la vivienda, se incorpora la búsqueda de una solución a este problema.

Según explican fuentes de las entidades sociales de la ciudad, estos requisitos son un motivo para que algunas personas que no quieren adquirir “compromisos” prefieran otras ayudas, pero desde Cáritas indican que esto es un punto fuerte de la renta social. “Nuestra experiencia es que la falta de seguimiento es un hándicap”, explica Farjas, y en las ayudas en las que no se sigue este procedimiento, en algunos casos, esto va “en detrimento” de cuestiones como la escolarización de los menores o “la situación de las mujeres”, por lo que se muestra favorable a que haya un “proceso de apoyo” además de simplemente dar recursos económicos. Farjas también destaca que hay “muy pocos ayuntamientos que tienen una renta municipal”, como A Coruña, aunque opina que “las políticas sociales son más eficaces cuando son estables, homogéneas y equiparables” en el conjunto del territorio.

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