Prisión para el responsable de la empresa de Cambre que recibió 7,2 toneladas de cocaína
El 091 y la Agencia Tributaria decomisaron el alijo en diciembre | La Audiencia Provincial ve indicios de que el investigado pertenece a una banda internacional que trafica con sustancias
REDACCIÓN
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del administrador de una empresa de Espíritu Santo, en Cambre, destinataria de un alijo de 7,5 toneladas de cocaína. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria decomisaron la droga a comienzos de diciembre pasado y detuvieron a cuatro personas en la localidad coruñesa. El alijo, el mayor de este tipo de droga incautado en Galicia, había sido transportado hasta Galicia desde Sudamérica por una organización criminal de origen balcánico en la que participaba un empresario coruñés, según la Policía Nacional.
El alto órgano judicial provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 21 de diciembre de 2023 dictado por el Juzgado de Instrucción 5 de A Coruña, que decretó la puesta en libertad del detenido. Además, ha ordenado que se mantengan las medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de expedición de uno nuevo.
El tribunal explica en el auto que los indicios que se derivan de lo actuado hasta el momento en la instrucción de la causa permiten afirmar que “nos encontramos ante un delito contra la salud pública previsto en los artículos 368, 369.5 y 370 del Código Penal, que tiene señalada pena de prisión que podría alcanzar los doce años”. Por ello, concluye que concurre el primer presupuesto del artículo 503.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión provisional del investigado.
Los magistrados destacan que se trata del administrador único de la empresa destinataria de la droga, por lo que afirman que existen indicios de su presunta responsabilidad criminal en los hechos, al tiempo que señalan que también han tenido en cuenta, a la hora de adoptar la medida cautelar, el riesgo de fuga. Argumentan que dicho riesgo está presente “dada la gravedad de la pena que se puede imponer”. Y subrayan que el investigado “cuenta con medios para facilitar su huida” debido a su capacidad económica y a que cuenta con el apoyo de personas que se la podrían facilitar. Los jueces añaden que “existen indicios de que el investigado es integrante de una organización internacional dedicada al tráfico de sustancias”.
Esta banda habría creado una red empresarial para traer grandes partidas de cocaína a través de una empresa dedicada al comercio internacional al por mayor de pescado y marisco congelado, así como a la compra venta de fincas rústicas y urbanas y edificaciones y construcciones en general, según el 091.
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