Memoria del asentamiento en A Coruña: más allá del “problema chabolista”

Poblado chabolista, núcleo de infravivienda, asentamiento precario, barrio bajo. En Argentina las llaman villa miseria, en Chile, población callampa, y en Uruguay, cantegriles. Núcleos residenciales de implantación universal, con coyunturas diferentes, pero ligados siempre, en sus realidades materiales y en el imaginario colectivo, a la precariedad, la carencia habitacional, la insalubridad y a las periferias urbanas. La larga historia de A Coruña con sus núcleos periféricos pareció llegar a su fin la semana pasada, con el desalojo del último residente en A Pasaxe, el único asentamiento chabolista propiamente dicho que quedaba en la ciudad tras experiencias pasadas, como el desmantelamiento de Penamoa , A Cubela o los arcones de Orillamar, pero, advierten desde organismos ligados al derecho a la vivienda, el escenario actual dista mucho de poder definirse como exitoso u óptimo.

“Decir que en A Coruña ha llegado el final del chabolismo es, más que falso, tramposo. A Pasaxe era el último en esas condiciones, por ser el más precario, pero hay otras situaciones, como el chabolismo vertical, que no están siendo contempladas”, asegura la arquitecta Cristina Botana, integrante de Arquitectura sen Fronteiras durante la redacción del Plan de acceso ao hábitat digno para as persoas habitantes dos asentamentos precarios da Coruña, publicado en 2016. Para Botana, autora de una tesis sobre los asentamientos de esta tipología en Galicia, los relatos que hablan de la “usurpación” de terrenos urbanos por parte de población en exclusión se han ido distorsionando a lo largo de los años. “El origen de Penamoa fue el desmantelamiento de A Cubela y San Diego. Ahí empezó un proceso de realojo selectivo y por sorteo. Fue un proyecto de construcción de infravivienda financiado y promovido desde el Ayuntamiento. Desde el primer momento se decidió mandar a esas familias a la periferia, sin acceso a agua ni electricidad. Se optó por mandarlos allí porque ya residía una familia gitana y parecía que no molestaban”. En ese proceso, hubo familias que decidieron asentarse en As Rañas en un terreno de su titularidad, donde ellos mismos construyeron sus viviendas. Otras familias compraron parcelas aledañas e hicieron lo propio. La coyuntura en ese asentamiento, matiza, es notablemente diferente a A Pasaxe, pues las parcelas son propiedad de las familias que las habitan; pero el proceso para regularizar estas viviendas, asegura Botana, quedó truncado por intereses urbanísticos.

“Se intentó dotarlas de legitimidad administrativa. A principios de los 2000, había pelotazos a su alrededor que hicieron que no interesase: el Marineda, el AVE, la tercera ronda... el hecho de que esas viviendas no sean legales impide a los residentes optar a ayudas para rehabilitarlas”, señala. En 2007, el Gobierno local aprobó una partida de 300.000 euros para que los vecinos arreglasen sus casas con la colaboración de personal especializado en la construcción. El proyecto quedó paralizado y nunca se finalizó tal y como estaba planteado.

“Recetas urbanas decían que había que trabajar en la regularización, pero el Ayuntamiento prefirió trabajar en la autoconstrucción. El proceso dependía de la agenda urbanística”, cuenta Botana, que lamenta que esta agenda se diseñe sin tener en cuenta el contexto ni las necesidades de la población. “Hay una retórica casi bélica, de que “cae la última chabola, la ciudad contra el chabolismo”. Nunca se les consulta ni se trata como agentes políticos. En cualquier otro barrio, hay acercamientos por parte del ayuntamiento. Aquí, no”, señala.

Diferente, también, es el caso de O Campanario, un barrio erigido en O Portiño por el ayuntamiento en los 60 e inicialmente proyectado como vivienda social para realojados de distintos asentamientos previos. Los residentes pagaron alquiler durante unos años, pero en los 90, “dejaron de llegar los recibos”. “Tampoco en este caso fue una usurpación de un entorno privilegiado: les mandaron para allí. Hay una legitimidad histórica que no se contempla. Ellos reclaman su condición de barrio. El Ayuntamiento tiene una responsabilidad que no ha cumplido con esas viviendas”, lamenta la arquitecta. En O Campanario, como en As Rañas, las carencias habitacionales y en materia de servicios básicos son evidentes. En el caso del asentamiento de O Portiño, hubo actuaciones puntuales de saneamiento y pavimentación, pero la situación dista mucho de ser la óptima.

A Pasaxe, como los anteriores, tiene su propia historia. Nacido al amparo de un acuerdo entre el Concello y la propietaria de las parcelas, entonces la condesa de Fenosa, en este caso el realojo de las familias se produjo en condiciones muy lejanas a la normalidad y con pocas garantías. “Se acordó realojar a unos cuantos en la fábrica de Jabones La Toja y a otros en la Conservera Celta. Fueron trasladados sin condiciones habitacionales básicas. Difícilmente se habría permitido en población no gitanas meter a 56 personas en una nave. Es difícil indagar porque no se recoge en los archivos”, explica Botana. “Reconocer esta historia es clave para saber de dónde procede cada uno y las políticas urbanísticas que hay detrás. Es un acto de responsabilidad hacia la ciudad. Sirve para proponer políticas mejores y para entender por qué en un determinado momento esto se convierte en un problema. La preocupación por sus condiciones llega cuando hay planes de hacer un paseo, una ronda o una macrourbanización”, ilustra.

La vida tras el realojo

El Plan de acceso a un hábitat digno recogía, más allá de estrategias para afrontar desafíos de habitabilidad de la población de los asentamientos, un análisis de sus condiciones socioeconómicas, de sus dificultades a la hora de regularizar sus actividades, ligadas a la economía sumergida; sus desventajas en materia educativa y para acceder al mercado laboral y la realidad casi paralela en la que los vecinos de estos barrios bajos vivían en relación al resto de la ciudadanía, lo que generaba desconfianza en los primeros y desinformación en los segundos.

La vida después de los sucesivos realojos no es fácil para los antiguos residentes en los asentamientos, que han experimentado situaciones dispares desde entonces. “A día de hoy, muchos viven en asentamientos limítrofes. A Coruña no se deshizo del problema, lo desplazó a otra parte, normalmente a ayuntamientos con menos recursos. Se fragmentaron sus redes sociales y laborales, se dividió a las familias”, cuenta Botana.

De aquellos primeros realojados de Penamoa, algunos, explica, consiguieron mejorar su situación, pero muchos corrieron peor suerte. “Hubo muchas familias a las que afectó la crisis de las hipotecas. No fueron capaces de hacer frente a los préstamos y se vieron de nuevo en la calle con deudas”, cuenta. En otros casos, las familias que recibieron una ayuda monetaria para autoconstrucción se encontraron con problemas relacionados con el IRPF de las prestaciones que, de nuevo, resultaron en deudas y en una situación peor que la de partida. “Así hasta el día de hoy. Muchos acabaron, de nuevo, en asentamientos”, cuenta la arquitecta.

El siguiente paso, la condición de incorporarse a las listas de solicitantes a vivienda pública, una vez concluídas las ayudas al alquiler, tampoco cristalizó, dada la poca oferta de pisos públicos de la actualidad. “Las ayudas funcionaron durante un tiempo, pero empezó a haber un goteo de personas a las que no se les renovó el contrato, coincidiendo con la burbuja del alquiler. Tampoco hay bolsa de vivienda social. Hay una lista de 1.500 solicitantes, y está claro que la comunidad gitana no está entre las prioridades”, lamenta.

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