El desafío portuario: tres administraciones y todo por hacer

Tres administraciones, un mapa en blanco para empezar a trabajar sobre el futuro de 800.000 metros cuadrados de superficie portuaria y una deuda por pagar. Es el nada fácil desafío que tienen por delante el Concello, la Autoridad Portuaria, la Xunta —que nombra al presidente de la anterior— Adif, el Ministerio de Transportes y Puertos del Estado —estos tres últimos, por parte del Gobierno central— que se sentarán este miércoles para trazar las primeras líneas. Dos colores políticos —PSOE y PP— que deberán entenderse para buscar una solución a la situación financiera de la Autoridad Portuaria, un plan de usos para los terrenos desafectados, un acuerdo sobre el volumen de industria que se trasladará al puerto exterior y el ente que gestionará el ambicioso proyecto.

La deuda. Es la gran cuestión de la que se descuelgan todas las demás. La Autoridad Portuaria debe hacer frente a las amortizaciones del crédito de 200 millones que le concedió Puertos del Estado para construir la dársena de Langosteira. El pago de esas cantidades, sumadas a las del crédito del Banco Europeo de Inversiones, dejarían las cuentas del Puerto comprometidas. Tanto la Autoridad Portuaria como la Xunta, que designa a su presidente, defienden la búsqueda de una solución que evite el bloqueo económico, con la condonación de la deuda como fórmula preferente; una posición reciente, ya que su anterior presidente, manifestó en numerosas ocasiones que el perdón no era posible. La Xunta promovió en 2018 un protocolo en el que se mostraba dispuesta a aportar hasta 30 millones de euros para financiar la deuda a cambio parte de los muelles liberados. La llegada de Marea Atlántica a la Alcaldía marcó un punto de inflexión, ya que rechazó desde un principio que la Autoridad Portuaria asumiese en solitario el pago de las amortizaciones, postura en la que se ha mantenido el actual Gobierno local. El Gobierno central siempre se cerró a la condonación de la deuda, aunque esta misma semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, se abrió a estudiar su “reestructuración”, sin concretar en qué consistirá. El pleno se pronunció por unanimidad a favor de la condonación, ya con el PSOE en la Alcaldía.

El diseño de los muelles y la actividad industrial. La urbanización de los muelles que se desafecten suscita discrepancias entre las partes. La administración central sigue considerando válidos los acuerdos de 2004 que preveían financiar el puerto exterior mediante la venta de terrenos portuarios en la ciudad, una fórmula que ahora ya descartan todas las fuerzas del Concello. Tanto la Xunta como el Concello defienden que los muelles más céntricos, Batería y Calvo Sotelo, permanezcan como suelo público, y ven en ellos la oportunidad para corregir algunas carencias del espacio urbano, como zonas verdes. El punto de fricción está en el muelle de San Diego. Los convenios de 2004 situaban una ambiciosa operación inmobiliaria en este muelle, que recoge el plan general de la ciudad. Con el rechazo unánime a esta operación, surge la discordancia sobre a qué destinar la superficie, donde Adif dispone de una terminal de mercancías. El traslado de la actividad industrial a Punta Langosteira es otro de los horizontes que genera debate. Algunas voces sostienen que no se debe confinar la actividad industrial en localizaciones periféricas ni permitir que pierda su carácter central —e identitario— en el urbanismo de la ciudad. Una propuesta elaborada por la Universidade da Coruña defiende conservar la actividad industrial actual en el muelle y transformar la terminal en una de cercanías, lo que redundaría en las posibilidades de movilidad, pero la Autoridad Portuaria aboga por la continuidad de las empresas ligadas al sector pesquero. Otro punto caliente de industria portuaria es el muelle petrolero, donde Repsol dispone de una concesión hasta 2027, pero que trasladará sus instalaciones a Langosteira antes, tal y como acordó con el Puerto. Este muelle formaba parte en 2004 de la operación de San Diego, y, su uso futuro es objeto de disputa.

Un mecanismo para gestionar. El ministro de Transportes manifestó esta semana en A Coruña su intención de consensuar un “instrumento jurídico integrador de las tres administraciones” para trazar esta ordenación, que podría traducirse en un consorcio, una sociedad instrumental o incluso una sociedad anónima, tal y como se ha propuesto en ocasiones pasadas para comandar esta transformación, en la que muchos actores implicados sitúan la elaboración de un plan director como primer paso. No obstante, colectivos sociales y políticos reclaman también que se dé participación real a la ciudadanía en la planificación y que se implique a la vecindad en la ordenación a través de procesos participativos, debido al peso que tendrán las transformaciones que se aprueben en el futuro de la ciudad.

El Gobierno defendió la venta de los muelles y rechazó condonar la deuda en la anterior cita