El ahora expresidente de Novagalicia, José María Castellano, comunicó al Banco de España ya el 10 de enero de 2012 que la ratio de capital principal de la entidad era inferior a la mínima legal exigida a la banca al término del ejercicio 2011, lo que haría necesario inyectar una nueva suma millonaria cuatro meses después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entregase los 2.465 millones que le dieron el control accionarial del banco de las antiguas cajas. Esta comunicación, que suponía reconocer la entrada en pérdidas de NCG, se produjo al menos dos días antes de que una veintena de empresarios gallegos desembolsasen los 70 millones con los que pretendían asegurar la galleguidad del banco y que ahora pretenden recuperar en los tribunales.

El déficit de capital aparece reflejado en un balance "confidencial" de Novagalicia que obraba en poder de su auditor y que entre sus papeles de trabajo fueron aportados -a petición de la acusación- a la causa que enfrenta a siete inversores gallegos con el FROB y NCG. Este agujero, que reveló que la entidad necesitaría al menos otros 948 millones de euros, se produjo como consecuencia de la revisión del asiento contable de la fusión de las cajas un año después de producirse, para corregir a la baja la valoración de activos. Y llevó a Novagalicia a incumplir la ratio de capital principal impuesta un año antes por el Gobierno de Zapatero y a incrementar sus necesidades de capital.

El abogado de Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable (grupo Invertaresa), Concable, Inversiones Subel (Familia Somoza), Río Breiro (Jealsa), Coren y Copasa, Daniel Jiménez, recordó en la vista de ayer, en el juzgado de Primera Instancia número 5, que los inversores, que habían firmado compromisos de compra de acciones en diciembre de 2011, formalizaron dos días después del balance, el 12 de enero, su desembolso. El 11 de enero, como consta en el acta de la reunión del comité ejecutivo de la entidad para aprobar los presupuestos de 2012, el consejero delegado, César González-Bueno reconoció la necesidad del ajuste contable.

La modificación del asiento de la fusión se convirtió en uno de los ejes de la vista de ayer. El letrado de los inversores centró sus intervenciones en intentar demostrar que tanto el fondo de rescate bancario como el banco actuaron con "secretismo" y ocultaron información fundamental a los empresarios, que de haberla conocido a tiempo, no habrían arriesgado su dinero. De hecho, según el acta aportada del comité directivo de NCG del 15 de diciembre de 2011, el director financiero, Enrique Tellado, anunció que era posible que se necesitase hacer ese ajuste, aunque todavía no estaba cuantificado. Los inversores firmaron los compromisos de inversión al día siguiente.

Tanto la abogada del Estado que defiende al FROB como el letrado de NCG y los peritos que aportaron, apoyaron sin embargo la tesis de que la revisión del asiento contable de la fusión fue una consecuencia lógica de la ínfima valoración (181 millones) que el Banco de España hizo en septiembre de 2011, y que se conoció con la publicación de los resultados (pérdidas de 168 millones) en marzo de 2012. La otra gran controversia de la vista fue el día de enero de 2012 que se conoció que el Gobierno preparaba un nuevo Real Decreto de saneamiento financiero -el llamado Guindos I-, que obligaría a NCG a incrementar sus provisiones sobre activos inmobiliarios y provocó (junto con el decreto conocido como Guindos II, promulgado en mayo) que Novagalicia fuera rescatadas por la UE.

Durante la vista, el abogado de los inversores echó mano de las actas de las reuniones del consejo de administración de NCG y su comité de auditoría para asegurar que el 16 de enero de 2012, en un consejo de administración José María Castellano manifestó que en la semana anterior -cuando se formalizaba la entrada de los inversores- había acudido a una reunión en el Banco de España, con el director del FROB, en la que le advirtieron de que el Gobierno preparaba una nueva regulación sobre saneamiento que obligaría a incrementar las provisiones de la banca española en 50.000 millones.

Tanto en esta reunión, según la tesis de la acusación, como en la del día siguiente del comité de auditoría, los miembros de estos órganos detallaron que el ajuste exigiría 948 millones de capital que la entidad tenía que aportar con cargo a sus reservas o contra la cuenta de resultados. En estos encuentros cuando los directivos de la entidad advirtieron que de realizarse contra resultados, las pérdidas serían mayores y provocarían un daño a la reputación de la entidad y hasta una posible retirada masiva de depósitos, una situación "alarmante" que según Daniel Jiménez, tenía que haberse trasladado a los inversores.

El auditor de NCG, Miguel Ángel Bailón, explicó en la vista que su informe de auditoría anexo a las cuentas de 2011 incluyó una "salvedad limitacional al alcance" en la que expresaba sus dudas de que Novagalicia generase beneficios suficientes en el futuro para compensar créditos fiscales. "A 31 de diciembre el banco presentaba pérdidas, un nivel de capital por debajo de lo requerido y debía afrontar nuevas provisiones en 2012", dijo.

El responsable de participadas del FROB, Leopoldo Puig, aseguró sin embargo que tuvo constancia el 17 de enero y no antes, de la próxima promulgación del decreto, a través de un correo electrónico de un miembro de la comisión rectora del FROB. Antes, reconoció, "había noticias y rumores de que se iba a hacer". El empleado del fondo también incidió como hizo el asesor jurídico de NCG el martes en que la negociación con los inversores la asumió José María Castellano en solitario, por lo que desconocía la información que se les había trasladado. "La captación [de inversores] la llevaba personalmente Castellano porque había una opción de compra que le daba ese derecho", dijo.

Puig desvinculó así al fondo público de que la información sobre el estado de NCG que se trasladó a los inversores fuese elaborada entre mayo y agosto de 2011 y que en ningún momento fuese actualizada, una cuestión fundamental en la causa. El FROB, según dijo, tampoco participó en la elaboración del plan de recapitalización de NCG de septiembre de 2011 ni en el cálculo de las necesidades de fondos que pronto se vieron superadas: "Por la normativa vigente entonces, el FROB era un simple ejecutor".

El perito aportado por la acusación, José Enrique Rovira, dio versiones contrapuestas sobre el caso de las aportadas por los auditores propuestos por el FROB, José Luis Sanchidrián, y el banco, Juan Solana Gutiérrez. Mientras el primero consideró suficiente la información trasladada a los inversores "si reflejase la realidad" recogida en el llamado proyecto Sotomayor, los otros dos opinaron que era más fiable la recogida en las cuentas y los informes de auditoría. Rovira defendió que NCG no era una entidad "saneada" al finalizar 2011, mientras Sanchidrián opinó que sí, de acuerdo con el criterio del auditor de la entidad, y Solana declaró que le parecía "una imprecisión" decir que no era solvente.

El auditor aportado por los inversores, el único que analizó el proyecto Sotomayor, comentó que el documento defendía que la exposición al riesgo inmobiliario del banco era "muy bajo en comparación con otros". Sanchidrián y Solana culparon a los empresarios de no haber analizado las cuentas del banco antes de invertir en él. "No he visto nunca inversiones significativas de este tipo sin hacer una due diligence"dijo el primero, mientras que el segundo apuntó: "Corresponde al inversor verificar el riesgo de la inversión", una tesis muy en línea con la del FROB, cuya letrada advirtió de que los inversores no eran "pobres preferentistas", sino inversores "altamente cualificados", algunos de ellos como Subel y Río Breiro, sociedades especializadas en la compra y venta de acciones.