La ministra de Industria, Reyes Maroto, abogó ayer por que tanto la parte inversora como la acreedora de Isowat Made -filial del holding gallego Invertaresa, en concurso de acreedores- puedan "acercar posturas" para llegar a un acuerdo que permita mantener la actividad en las plantas que esta empresa de producción de componentes eléctricos tiene en A Coruña y en Medina del Campo (Valladolid). Maroto consideró que el precio de la nave de Isowat en el municipio vallisoletano es "muy alto" y pidió a Abanca, principal acreedor, que pueda rebajarla para facilitar la llegada de un nuevo inversor.

La titular de Industria realizó estas declaraciones durante una visita institucional a Valladolid y recordó que existen dos inversores interesados en estas plantas, aunque indicó que la venta "tiene que ser conjunta" y reconoció los problemas de precio fijados para la fábrica medinense, la cual "se valoró a un precio muy alto" en su momento, si bien en estos meses "ha perdido valor", aseguró. Tras admitir que se trata de un "problema complejo" y que "los tiempos corren", Maroto subrayó que "todas las administraciones" están "intensificando los contactos" en estos días tanto con los inversores como con el principal acreedor de Isowat Made, Abanca, para poder llevar a buen fin la transferencia de las factorías y evitar la pérdida de empleos, un centenar en cada localidad.

El presidente del comité de empresa de Isowat en A Coruña, Cándido López, matizó que el plan de liquidación de la compañía desliga las dos unidades de producción, para facilitar la venta de la planta de A Coruña y la de Medina de forma independiente. El representante sindical añadió que el documento no incluye los inmuebles -hipotecados con Abanca- y que en el caso de la factoría de A Grela el posible comprador no valora la adquisición en propiedad de la instalación, sino que se decanta por el alquiler. López solicita al Gobierno que medie para dar garantías al inversor de que no se enfrentará a reclamaciones de deuda de Invertaresa por parte de la Seguridad Social, un riesgo que a su juicio es actualmente el principal escollo para cerrar la operación y salvar el empleo industrial.