La suculenta rentabilidad de la Autopista del Atlántico desencadenó una de las mayores guerras accionariales de los últimos años en España. Su concesionaria, Audasa, es, con los peajes de la principal vía de pago de Galicia, el corazón del grupo Itínere, por el que se llevan peleando un año ya su principal accionista, el fondo norteamericano Corsair, y la también firma de gestión de infraestructuras Globalvia, presente, por cierto, en el capital de algunas de las carreteras gestionadas por Itínere. Sacyr, socio histórico, tenía en sus manos el poder de dar a uno u otro el control sobre una compañía que suma una cifra de negocio cercana a los 300 millones de euros con la AP-9 y otras seis carreteras, entre las que están también la AG-57 entre Puxeiros y Val Miñor, la AG-55 de A Coruña a Carballo y la AP-53 de Santiago al Alto de Santo Domingo. Y ha decantado la balanza hacia Corsair y su aliado en la operación, el fondo de pensiones holandés APG, que ayer alcanzaron cerca del 60% del capital tras hacerse con el 15,5% que mantenía la empresa presidida por Manuel Manrique. Tras los ataques y contraataques de los últimos meses entre las dos partes, esta podría no ser la batalla definitiva porque Globalvia va a recurrir la operación en los tribunales, el otro escenario del culebrón.
Para entender lo que está sucediendo hay que irse muy atrás, a marzo de 2015. El hasta ese momento máximo accionista de Itínere, Citi, pasó toda su cartera de activos a Corsair, que articuló su presencia en el grupo concesionario (37,9%) a través de la sociedad Gateway Infrastructures, integrada, a su vez, en un pacto parasocial llamado Arecibo a medias con Kutxabank (16,3%). El banco vasco y el resto de socios tenían ganas de irse, pero finamente se quedaron para ganar tiempo y maximizar el valor de sus títulos, con el compromiso de que Corsair facilitaría la desinversión cuando apareciera algún interesado.
Apareció a mediados de 2017. Globalvia estaba dispuesta a comprar Itínere. Las reticencias de Corsair a la operación llevaron a Abanca, Kutxabank y Sacyr a demandar a Corsair y a Liberbank, alineado con la postura del fondo norteamericano, ante la Corte de Arbitraje de Madrid por incumplir el viejo acuerdo entre los accionistas.
La operación
Los tres denunciantes anunciaron en julio del pasado 2018 un acuerdo para vender a Globalvia el 55,6% que sumaban por 723 millones de euros, a lo que Corsair respondió con su intención de ejercer el derecho de tanteo como principal accionista que era de Itínere. Daba por hecho que manejaba el 59,2% del capital. Pero un juzgado de lo Mercantil de Madrid aceptó la petición de Globalvia de paralizar cualquier movimiento de Corsair como medida cautelar hasta que existiera un laudo. Globalvia, controlado también por tres fondos de inversión, ejecutó el acuerdo con Abanca y Kutxabank en octubre -se embolsaron 521 millones de euros- y amenazó a Sacyr, desmarcado de la operación, con reclamarle una indemanización de 100 millones de euros. Liberbank hizo lo propio con Corsair el pasado 26 de febrero. Para entonces, el juzgado había levantado ya las medidas cautelares. ¿Camino abierto para Corsair? No. La Corte de Arbitraje entró en escena: prohibió "a Gateway" temporalmente la adquisión de la participación de Sacyr y le instó incluso a que evitase que lo hiciese "por un tercero" vinculado al fondo norteamericano.
En el anuncio de ayer de Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la venta de su 15,5% por 202 millones de euros figura como comprador Itínere Investco. Está gestionado por Corsair junto con el fondo de Holanda. Y a él, según explicó Corsair a Europa Press, le traspasó en septiembre el paquete de Itínere y el derecho de compra a Sacyr.
A Globalvia no le vale la estrategia de Corsair y mantendrá "y ocasionalmente ampliará las distintas acciones judiciales" contra Sacyr y contra Investco ahora.
