La dirección de Alu Ibérica (Grupo Riesgo) ha dado órdenes a sus trabajadores de paralizar la producción en la fábrica coruñesa a raíz del operativo policial del pasado jueves, en el que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revisaron la planta en busca de pruebas sobre la posible venta irregular de Alcoa a Parter en 2019 y de Parter a Riesgo en 2020, y del supuesto saqueo (“despatrimonialización fraudulenta” ) de Alu Ibérica por parte de su dueño actual (Riesgo). “Estamos aquí mirando para las máquinas”, afirmaba ayer el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, quien incide en que “hasta el jueves la producción era mínima” pero desde el registro del caso Alcoa, que instruye la Audiencia Nacional, “se dejó de fabricar por completo”. La situación es análoga en Avilés. La empresa rehusó ayer dar explicaciones, a preguntas de este diario.
La actividad se limita desde hace dos años al aluminio secundario. La multinacional americana paró las cubas de electrólisis en febrero de 2019, de forma que cuando vendió las plantas de A Coruña y Avilés el comprador (primero Parter y luego Grupo Riesgo) ya no se dedicó a fabricar aluminio primario, sino solo a refundir chatarra —lo que en su proyecto industrial denomina “aluminio verde circular”—. Ahora, con la cúpula de Alu Ibérica y nueve empresas relacionadas bajo la lupa de la Justicia, el comité de empresa coruñés teme que la compañía “esté vaciando las existencias de la fábrica”.
Los sindicatos personados en causa por la supuesta estafa en la venta solicitaron el viernes medidas cautelares. Piden que las empresas investigadas sean administradas judicialmente, que se suspendan los contratos de compraventa y que se embarguen los bienes los querellados a fin de “garantizar el abono de salarios”. También, que la jueza prohíba disponer de sus activos a Alu Ibérica (en cuatro filiales), Alcoa Inespal SL y varias empresas del entramado de Riesgo. UGT-FICA y USO se unieron ayer a esta petición e incidieron en la necesidad de que se “conserven las unidades productivas operativas” a fin de “salvar” los 600 empleos (315 en A Coruña).
Corbacho apunta además que en estos momentos existe una “situación de mercado favorable” para la venta de aluminio, con un precio de 2.200 dólares por tonelada del metal refundido, frente a los 1.700 dólares que tenía dos años atrás, en pleno conflicto por la decisión de Alcoa de cerrar las fábricas coruñesa y asturiana, que finalmente vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital Partners, quien las dejó en manos de Grupo Industrial Riesgo (con el 75% del capital) el pasado abril.
Alcoa, Parter y Riesgo están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción junto a otras seis sociedades relacionadas y diez personas físicas. La orden la dio la jueza María Tardón, que es la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 y admitió a trámite la querella en la que el sindicato CCP denunciaba un posible delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores.
El presidente de Riesgo y director general de Alu Ibérica, Víctor Rubén Domenech fue detenido el jueves, junto a otros tres mandos: Alexandra Camacho, directora ejecutiva de Alu Ibérica; Luis Losada, administrador único de System Capital Management (compañía con la cual Riesgo entró en el accionariado de Alu Ibérica); y Diego Peris, administrador de varias firmas de Riesgo. Tras declarar, están en libertad con prohibición de salir del país y obligación de comparecer en el juzgado cada mes. La causa está bajo secreto de sumario y el juicio será el 20 de mayo.
El primer despido disciplinario, a juicio el 7 de abril
El Juzgado de lo Social número 1 bis de A Coruña ha fijado para el jueves 7 de abril el juicio por el despido disciplinario de una trabajadora del servicio de comedor de Alu Ibérica A Coruña. El comité de empresa de la fábrica confía en que la Justicia declare nula esa decisión que la empresa comunicó a la empleada el 17 diciembre. Aquel hecho desencadenó un enfrentamiento sindical que propició la huelga indefinida que aún está en vigor (desde el 26 de diciembre) y llevó a la empresa a abrir expediente al presidente del comité y otros tres miembros, acusados de “actos violentos” y despedidos por vía disciplinaria el mes pasado. Todos ellos han anunciado impugnación. El Juzgado de lo Social número 1 bis de A Coruña ya condenó la semana pasada a Alu Ibérica a indemnizar a los sindicalistas con 75.000 euros por lesionar su derecho a la huelga. La empresa comunicó su intención de recurrir.
Nueva sentencia condenatoria, en la planta de Avilés
Otro revés judicial para la dirección de Alu Ibérica. La magistrada del juzgado de lo social número 2 de Avilés ha condenado a la empresa a abonar al comité de la fábrica 29.608 euros en concepto de ayudas a la realización de actividades culturales, deportivas y de ocio. La juez ratifica el derecho de los trabajadores al cobro de estas ayudas, cuestión que los responsables de la compañía pusieron en tela de juicio y que dio lugar al impago de las ayudas de la caja social de 2020.
