Solo un día después de que Gobierno y Xunta acordaran constituir un grupo de trabajo para buscar un nuevo proyecto industrial para la fábrica de aluminIo de A Coruña —tras la venta fallida de Alcoa hace hoy dos años—, la ministra de Industria, Reyes Maroto, se reunió ayer con representantes de la multinacional aluminera americana y celebró su “positivo cambio de actitud” a la vista de que la empresa accede ahora a posponer hasta el próximo verano la venta de San Cibrao, su última fábrica en España. Tanto en el caso de la planta luguesa como en el de Alu Ibérica (con plantas en A Coruña y Avilés), Alcoa está a la espera de lo que dicten los tribunales, en el primer caso por su recurso contra la anulación del despido colectivo y en el segundo, por su imputación por presunta estafa. Con este cambio de plazos, las dos fábricas gallegas de aluminio buscarán comprador al mismo tiempo. El comité de empresa coruñés ha manifestado su deseo de que las plantas vuelvan a operar bajo la dirección del mismo grupo industrial. Algunos de los inversores que se han postulado para hacerse con la factoría de A Mariña, había pujado también por la de A Coruña, entre ellos Liberty House, la compañía mejor posicionada inicialmente en el proceso de Lugo.
“Una vez que el Gobierno ha descartado una venta directa de la planta a SEPI, el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, —con quien Maroto se reunió en EEUU— ofreció un escenario alternativo para la venta de la planta de aluminio primario de San Cibrao”, apuntó ayer la empresa. Como primer paso, Alcoa sugiere la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) antes del 15 de septiembre por la compañía, el Gobierno, la Xunta, los sindicatos y el comité. En dicho memorando, destaca, “Alcoa mantendría las operaciones de la planta y no iniciaría el despido colectivo hasta el 31 de julio de 2022 en caso de que el Tribunal Supremo fallara a favor de Alcoa antes de esa fecha”.
Este plazo de un año se emplearía, según explica, “para abordar los problemas energéticos de la planta de aluminio primario y obtener un precio de energía garantizado”. La firma reitera que la fábrica “no es viable debido al marco energético poco competitivo de España” y asegura que paga actualmente “un precio medio anual final de unos 90 euros por MWh y más del triple de lo que paga la compañía en cualquier otra planta de aluminio del mundo”. “Los problemas energéticos ocasionan pérdidas de alrededor de 1 millón de dólares por semana en la planta de aluminio, esto incluso con un entorno de mejores precios del aluminio”, añade. Para hacer posible la viabilidad futura de la planta, “el problema de la energía debe resolverse”.
Una vez “resuelto el reto energético”, Alcoa afirma que se comprometerá a realizar “un nuevo proceso de venta directa con potenciales compradores”, pero “tras la confirmación expresa de su solvencia a través de instrumentos del Estado, conforme ofreció la ministra”. Lo condiciona a “que esté garantizado el suministro de energía a un precio que permita a la planta ser competitiva a largo plazo”. Ese precio eléctrico estable sería clave también para poder reactivar la electrólisis en A Coruña.
