Alu Ibérica solicita su entrada en preconcurso de acreedores, una figura legal que le dará tres meses para buscar un acuerdo de refinanciación de la deuda, a la que actualmente no puede hacer frente. Así lo comunicó ayer el administrador judicial a los 600 trabajadores de las antiguas plantas de aluminio de Alcoa de A Coruña y Avilés. El abogado coruñés Ramón Juega, designado a finales de julio por la Audiencia Nacional para tomar las riendas de la compañía de forma cautelar, ha constatado la insolvencia de las fábricas propiedad de Grupo Riesgo y, ante la imposibilidad de atender a sus obligaciones de pago y la inminencia de embargos, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil la situación preconcursal para proteger el patrimonio de la empresa. La situación es “extremadamente preocupante y crítica” para el comité de empresa coruñés, que urge una solución política ante el “engaño y estafa” de la venta de las factorías de Alcoa a Parter Capital hace dos años y la reventa a Grupo Riesgo el año pasado, actualmente investigada por la Audiencia Nacional.

La petición de preconcurso de acreedores evidencia la insostenible situación financiera de Alu Ibérica. Hace casi un mes, el 27 de agosto, el administrador ordenó el cierre inmediato de las fábricas de forma temporal y mandó a los trabajadores a sus casas con un permiso retribuido. Los impagos a las subcontratas de servicio médico y de limpieza, entre otros, hacían imposible mantener la instalación en condiciones de seguridad. Ahora, Juega se ve obligado a dar un paso más y Alu Ibérica entra en coma con el fin de negociar una quita con sus acreedores que aligere la losa de la deuda y abra la posibilidad de un futuro solvente.

“Ante las ejecuciones de deuda que están llegando contra la empresa, [el administrador] se ve obligado preventivamente a solicitar el preconcurso de acreedores”, explicó ayer el comité coruñés, “para proteger el patrimonio de la empresa ante posibles embargos por estas ejecuciones que ponen en riesgo la continuidad de la planta y así minimizar el impacto para su salida de esta situación”.

Juan Carlos López Corbacho, el representante sindical de la plantilla de Agrela, tuvo conocimiento de la decisión por teléfono. Con la mirada puesta en la solución del problema, los trabajadores apelan a la vía política: “ Llegados a estos momentos esperamos que nuestros representantes en las administraciones cumplan con sus responsabilidades y sus promesas”, manifestó el comité en un comunicado, en el que pide la convocatoria urgente de la mesa técnica y responsabiliza de su situación a “la inacción y desidia de las administraciones” por avalar la venta y por “no tener la valentía de pararle los pies a Alcoa en su momento” y permitirle destrozar un sector estratégico como la producción de aluminio primario en nuestro país”.

Desde Asturias, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, valoró ayer que el con el preconcurso de acreedores “por lo menos se para la situación [de riesgo de embargos] durante tres meses, para buscar una viabilidad para la planta o ver lo que pasa en un futuro”. La plantilla confía que esta decisión sirva para minimizar el impacto de la desastrosa situación económica y poder mantener la fábrica.

La causa penal, en instrucción

Las dos fábricas de Alu Ibérica están intervenidas judicialmente desde mayo por los indicios de saqueo. Las medidas cautelares se han ido intensificando en la causa penal que investiga la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. La querella de los sindicatos se dirige contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, todos ellos sospechosos de presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

Tres meses para preparar la venta de la unidad productiva

La entrada inminente de Alu Ibérica en preconcurso de acreedores supone, en primer lugar, la constatación de la nefasta situación financiera de la compañía aluminera que Grupo Riesgo compró en la primavera de 2020, que según ha podido comprobar el administrador judicial está en situación de insolvencia. Pero esta figura legal también abre la posibilidad de aligerar la deuda y de preparar el terreno para un nuevo futuro industrial de las fábricas. “El preconcurso puede servir para preparar la venta de la unidad productiva”, explica José Manuel Mosquera, socio del bufete coruñés FCH Abogados y especialista el procesos concursales. El preconcurso dará tres meses de plazo a Alu Ibérica para negociar con los acreedores (proveedores, bancos, trabajadores...) una quita de la deuda. “Esta figura actúa como un paraguas que impide a los acreedores presentar procesos judiciales contra la empresa y muchas veces están interesados en alcanzar un acuerdo porque en caso de llegar al concurso lo habitual es que no cobren nada”, expone el experto. “Lo que está haciendo el administrador judicial es ganar cuatro meses”, valora Mosquera, en referencia a los tres meses del preconcurso y el mes siguiente que la compañía tendría de plazo para solicitar el concurso de acreedores. “Lo bueno de la venta de la unidad productiva en el concurso de acreedores es que el que compra se lleva lo bueno, los activos; pero no arrastra lo malo, el pasivo, las deudas”, explica el abogado. Con los plazos legales, Alu Ibérica podría estar encarando a principios del próximo año esta situación en busca de un nuevo inversor. Ni la Xunta ni el Gobierno reaccionaron ayer a la noticia del preconcurso de acreedores, pero ambos se comprometieron este verano a diseñar la hoja de ruta para vender Alu Ibérica a un industrial solvente. Los trabajadores pidieron ayer que se convoque de urgencia “la mesa por el futuro de Alu Ibérica, con la participación de los ministerios para la Transición Ecológica y Trabajo”.