Ocho comunidades reclaman una financiación que frene los “desequilibrios territoriales”

El tablero geopolítico interno español experimenta los primeros movimientos de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado en 2014 y que ni el Gobierno de Rajoy (PP) ni el de Pedro Sánchez (PSOE y UP) han abordado. Un frente de la España vaciada ejercerá de contrapeso frente a las comunidades más pobladas, como Andalucía, o con peso político vital para la continuidad del Ejecutivo, como Cataluña.

Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias reeditaron este martes en Santiago el frente creado en 2018 en Aragón con un mensaje firme que trascendió las siglas políticas, pues se mezclaron gobiernos populares, socialistas y regionalistas convocados por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Exigen que se tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos para distribuir recursos entre los territorios y no solo el volumen de población, criterio que las penaliza.

El presidente de la Xunta declaró que “hoy no es noticia la bronca o el ruido, es noticia el acercamiento” y negó que el frente se crease “contra nadie”, una apreciación compartida por sus homólogos. Todos ellos comparten comida en un hotel compostelano.

Envejecimiento y dispersión poblacional son dos ejemplos. El primero incrementa el coste de la sanidad, que trata a mayor porcentaje de población con dolencias crónicas. El segundo dispara, por ejemplo, el precio del transporte escolar.

“El objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos”, reclaman las ocho comunidades. “Este es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las comunidades y evitar desequilibrios territoriales”, añade.

Su declaración conjunta reclama blindar el principio de “solidaridad”. “Debe preservarse en las decisiones gubernamentales para garantizar en todo momento los mismos derechos a todos los ciudadanos, con independencia de su condición y del lugar en el que vivan”, reza el documento.

El bloque de ocho comunidades que representa el 62% del territorio y el 24% de población considera la “emergencia demográfica” el principal reto a abordar, por lo que urgen colaboración “activa y leal” de todas las administraciones para reformar la financiación autonómica.

Consideran la pandemia “una ventana de oportunidad” para revitalizar el medio rural, siempre que se blinden la financiación de servicios públicos.

La reedición de la cumbre supone casi un deja vù respecto a la de 2018 en Zaragoza, pues entonces también tuvo lugar tras mensajes reiterando que no se trata de un frente contra el Gobierno ni contra otras autonomías y el Ministerio de Hacienda aseguró tener casi lista una propuesta. El guion es casi calcado al actual, pues la ministra María Jesús Montero había prometido que en noviembre revelarían un modelo para renovar el sistema que permite pagar los servicios públicos en las autonomías.