La batalla judicial de Sandra Ortega, primogénita del fundador de Inditex y la segunda mayor fortuna de España, contra su antigua mano derecha, José Leyte, se recrudece. Tras denunciar a su exgestor el pasado mes de agosto por, supuestamente, haber suplantando su firma en distintas comfort letters, una suerte de avales que presentó para financiar a una de sus participadas (la cadena hotelera Room Mate de Kike Sarasola), la heredera de Rosalía Mera le reclama ahora casi tres millones de euros por una supuesta variación de las tablas salariales en la compañía coruñesa que ella preside, Rosp Corunna.
El Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña ha acordado continuar con la tramitación del procedimiento derivado de la demanda presentada por Rosp Corunna contra el antiguo gestor de la entidad, al que le reclama 2,87 millones, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Por tanto, el magistrado ha decretado que se celebre el juicio, que fue suspendido el pasado mes de abril debido a alegaciones presentadas por el demandado.
No obstante, el juez ha estimado que concurre una de esas cuestiones, la prejudicialidad, derivada de los dos procedimientos abiertos en juzgados de instrucción de A Coruña y que estarían relacionados con esta demanda al pivotar también sobre la presunta falsedad documental. Por eso, suspendió el plazo para dictar sentencia hasta que se resuelvan las causas criminales y, en consecuencia, el fallo sobre la reclamación no se llevará a cabo hasta que no se haya resuelto la querella en la que se asegura que el ejecutivo incurrió en un delito de falsedad documental al variar las tablas salariales del grupo.
En esas dos causas penales, según destaca el magistrado de lo Social, se investiga un delito de falsedad documental, el cual asegura que tiene “una notoria influencia en el pleito, hasta el punto de ser la clave de bóveda de la demanda articulada”. Por tanto, concluye que concurre la excepción de prejudicialidad penal, pues subraya que “el juez de lo Social no puede entrar a calificar la falsedad de un documento de notoria influencia en el pleito y, menos, declararlo falso”, según recoge el auto, contra el que cabe presentar recurso.
Así, indica que las tablas salariales que, “conforme se afirma en la querella y a lo concretado en la prueba pericial”, han sido presuntamente “modificadas” por el querellado son “la base de la reclamación ahora planteada, la misma, por cierto, que la reclamada en sede penal, lo que denota la importancia que el mismo conlleva”. Por todo ello, el juez ha estimado la excepción de prejudicialidad penal alegada.
Causas anteriores
Por tanto, hasta que no se aclare si, efectivamente, el exgestor de Sandra Ortega incurrió en un delito de falsedad documental al modificar las tablas salariales de Rosp Corunna no se podrá resolver esta otra demanda, en la que le reclama casi tres millones de euros por ese motivo.
Hasta el pasado mes de noviembre, Sandra Ortega, propietaria de un 5% de Inditex, delegaba la gestión de su riqueza en Leyte, un ejecutivo que venía de la banca privada y que trabajó para ella y su madre durante más de dos décadas. Su número dos era el máximo responsable de Rosp Corunna, su family office o gestora patrimonial.
Hace solo tres meses y medio, el juzgado de lo Social número 1 de A Coruña dio la razón a Sandra Ortega en la demanda laboral del exdirector de Rosp Corunna. Entonces, el juez desestimaba la demanda de José Leyte, que reclamaba despido nulo o improcedente, aunque sí dejaba a puerta abierta a la reclamación de una indemnización superior a los 1,6 millones.
