Los fondos tenedores de una parte importante de la deuda de Celsa, la siderúrgica catalana de la familia Rubiralta que cuenta con una factoría en A Laracha (A Coruña), presentaron ayer en los juzgados de Barcelona un plan de reestructuración para sanear la compañía con el propósito de hacerse con el 100% del capital, según informaron fuentes financieras. Los acreedores, representados por Houlihan Lokey, lanzan un órdago a la compañía de la que poseen el 90% del pasivo: ofrecen una quita de 1.291 millones y aplazar los vencimientos actuales. Con la propuesta, aseguran que no sería necesario el rescate de la SEPI y ofrecen una inyección de recursos en el futuro, en caso de ser necesario.
Tres meses después de que el Gobierno aprobase el rescate del grupo industrial, la empresa aún no ha visto ni un euro. El Ejecutivo y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) supeditaron la entrega de los 550 millones a un acuerdo entre la compañía y los acreedores que todavía no ha llegado. Después de semanas de negociaciones infructuosas, los fondos han aprovechado la entrada en vigor de la Ley Concursal para presentar un plan de reestructuración con una nueva oferta: reducir la deuda en 1.291 millones a cambio de hacerse con el 100% de la metalúrgica española. Los fondos pretenden convertir el préstamo Jumbo de 750 millones y parte del crédito convertible de 1.500 millones de euros en acciones. Eso sí, exigen el 100% de la compañía, lo que evidentemente les daría el control absoluto.
Su decisión se debe a que, además de préstamos vencidos ya por un importe de en torno a los 400 millones, en octubre vencerá la deuda marco de 525 millones que está en manos de los bancos además de otros 980 millones del crédito Jumbo que controlan los fondos. Y no existe la certeza de que puedan hacer frente a esos pagos.
El plan, avanzado ayer por Expansión, se centra en reducir el endeudamiento capitalizando la deuda convertible y parte de la deuda Jumbo y en alargar los vencimientos del resto del pasivo cinco años. Estos acreedores, que representan el 90% de la deuda Jumbo y el 89% de la deuda convertible, han pedido que se designe a un experto para ejecutar el plan de reestructuración, que, si se aplicara, dejaría a la familia Rubiralta fuera del control de Celsa, que ahora es de su propiedad al cien por cien.
Esta propuesta no contaría con el apoyo de los bancos acreedores, que son Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, y no tendría en cuenta el plan de rescate de la SEPI, que aprobó inyectar 550 millones en la siderúrgica el pasado junio siempre y que hubiera un acuerdo sobre la deuda.
El movimiento de los fondos se produce después de meses de negociaciones para la reestructuración de la deuda de unos 2.800 millones de Celsa. En concreto, la propuesta consiste en reducir el endeudamiento en 1.291 millones de euros e incluye un compromiso para inyectar más liquidez en la compañía, mantener el centro de operaciones en España y el empleo de todo el grupo.
Las mismas fuentes han apuntado, según Efe, que la propuesta se enmarca en un “proceso preliminar” al preconcurso con el propósito de solucionar la situación antes de llegar a él, y después de que “la empresa no haya hecho ningún intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable con sus acreedores”.
Los fondos se apoyan en las últimas modificaciones de la ley concursal española, que busca preservar los derechos de los acreedores frente a los de los accionistas en circunstancias en las que los accionistas no tienen valor económico en la compañía y contribuir a reducir el endeudamiento del negocio.
Con la entrada en vigor de la nueva ley concursal, será un juez el que deberá tutelar las conversaciones. Los ochos fondos que cuentan con la mayor parte del pasivo de Celsa son Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Capital Group, Goldentree, Attestor y Anchorage. Además de la quita, ofrecen adaptar el calendario de pagos del próximo lustro.
