La conselleira do Mar, Rosa Quintana, reclamó ayer a Europa una moratoria de dos meses para la entrada en vigor del reglamento que prohíbe pescar a flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el golfo de Cádiz, decisión que tachado de “cafrada”. “Retrasar dos meses la medida no provocaría daños irreversibles en los hábitats, pero sí los evitaría en la flota”, advirtió en una comparecencia en el pleno del Parlamento a petición propia y por solicitud del BNG.
El veto, cuya aplicación comienza el 9 de octubre, supone un “golpe mortal” al sector pues, según datos trasladados por la conselleira a la Cámara, tendría un impacto por persona de unos 24.000 euros anuales, más de 347,5 millones de euros para la flota afectada y unos 816 millones para el conjunto de la economía gallega. Puede “llegar a afectar” a más de 4.400 tripulantes, de acuerdo con sus cálculos, en torno al 40% del total de la comunidad y repercute de forma “directa” en la actividad de más de 200 barcos de capital gallego y a otros 900 de manera indirecta, “con su consecuente impacto en las ventas en lonja, en los salarios de las tripulaciones y en la prestación de bienes y servicios”, entre otros aspectos.
Por eso, en una intervención que finalizó emocionada, Quintana apeló a la unidad de los grupos para “frenar esta cafrada” con “consecuencias incluso letales” para el sector.
El reglamento entrará en vigor en 11 días y la titular de Mar ha recordado cómo “se conoció” el día 15 “por sorpresa y sin anuncio previo”, sin “mejora alguna” con respecto a lo planteado inicialmente, por lo que la Xunta considera su aprobación “un acto de mala fe”.
Ahora, el Gobierno gallego apuesta por “buscar argumentos sólidos” junto al sector para armar un recurso que entiende que debe presentar el Ejecutivo central, como actor privilegiado por ser país miembro. “Esa es la vía, la de la rigurosidad, la que debemos seguir”, ha apostillado. En cualquier caso, en su “defensa ante este atropello”, ha anunciado que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo interpone finalmente —asegura estar estudiándolo-—, lo hará la Xunta, “aunque tenga pocos visos de prosperar”.
No obstante, apeló a que haya “una posible revisión antes de su entrada en vigor”, que “podría dar lugar a una moratoria en su vigencia y abriría la puerta a una aportación de datos y revisión del fundamento”, toda vez que en noviembre estará listo un nuevo informe sobre el estado de los recursos.
Quintana espera tener una reunión con el comisario y la directora general de Pesca de la Unión Europea “porque su nula escucha no puede durar para siempre”. “Debe quedar claro que el sector pesquero no está en contra de que existan zonas protegidas, sino que lo que quiere es que se establezcan de forma dialogada, equilibrada y sostenida en la ciencia”, argumentó
También denunció las “muchas y evidentes carencias” del reglamento, entre las que ha citado que hubo “extralimitaciones” tanto en especies como en profundidades que abarca el veto.
Tanto el BNG como el PSdeG han coincidido en solicitar que sea la Xunta la que interponga recurso contra el reglamento que prohíbe faenar a la flota de fondo en 87 zonas.
