Aunque sea revisable cada año y aunque esté sujeta a una nueva evaluación de los científicos del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano), la normativa ya estaba viciada desde un inicio y en su columna vertebral. Porque el reglamento comunitario 2022/1614, con el que se pretende prohibir la pesca de fondo a lo largo de más de 16.400 kilómetros cuadrados, se elaboró con datos desfasados, sin información sobre la huella que dejan las artes fijas (palangre, enmalle o nasas), sin un informe de impacto socioeconómico y con copiosos errores batimétricos. Es el manojo de irregularidades en base a las que el Gobierno central presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El denominado “acto de ejecución”, impulsado por Virginijus Sinkevicius y Charlina Vitcheva, comisario y directora general de Pesca y Asuntos Marítimos, respectivamente, irá a juicio.
Lo anunció ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. “Tengan por seguro que el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en nuestra mano” para evitar la implantación de este veto, exhortó. No quiso desvelar, como le reclama el sector extractivo y la Xunta, si la demanda irá acompañada de una petición inmediata de suspensión que evite la entrada en vigor del reglamento este próximo domingo. El máximo mandatario gallego, de igual modo, apuntó que continuará apoyando al Gobierno y a la pesca “hasta que se dé la razón sobre una medida que no tiene ni pies ni cabeza” ya que “no está fundamentada en informes técnicos”. “Seguiremos todos juntos en esta lucha hasta que venzamos”, valoró Alfonso Rueda.
En su intervención, en el Congreso, Planas recordó que las medidas de conservación de los ecosistemas marinos vulnerables deben ser “proporcionadas” de acuerdo a lo que establece la Política Pesquera Común (PPC), y que por tanto han de mantener un equilibrio desde el punto de vista económico, social y medioambiental. En este caso, el reglamento es “absolutamente desproporcionado e injusto”. El ministro recordó que la información científica aportada está desfasada y es insuficiente, por cuanto el informe del ICES —como avanzó este periódico— reconoce no disponer de datos sobre las artes fijas. “La huella bentónica [en el fondo del mar] y los impactos de estas artes también se desconocen en gran medida”, apunta textualmente el documento, que es el que ha utilizado Bruselas para promulgar esta normativa.
La Comisión de Pesca insiste en que es un veto únicamente aplicable a aguas muy hondas, de más de 400 metros. Pero lo cierto es que el equipo de Sinkevicus y Vitcheva ha fijado unas áreas que son de todo menos profundas. De los 87 polígonos (zonas) afectados, en casi la mitad no se alcanza ese umbral. Por último, tampoco se han aportado informes de su impacto socioeconómico. “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”, reconocen los autores del documento.
Hasta la fecha, el Gobierno español no había planteado un recurso contra una medida impulsada por Bruselas en materia pesquera.
