Primero fue el parque eólico de Campelo, en los municipios de Santa Comba y Coristanco. Le siguió el de Bustelo, que afectan también a Coristanco y a Carballo. En apenas un mes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó la suspensión cautelar de los dos proyectos de Greenalia. Nada más conocer la decisión del Alto tribunal gallego, la energética gallega defendió haber cumplido “escrupulosamente” todos los trámites y ayer anunció la interposición de un recurso contra las medidas cautelares en el que —avanzó— “aportará informes elaborados por entidades independientes” que avalen los beneficios ambientales, económicos y sociales de las instalaciones.
“Los autos recurridos no han valorado los efectos positivos (reducción de emisiones y dependencia energética, inversión económica y movilización de empleo, entre otros) que tendría la ejecución de estos parques eólicos ni los negativos que generaría su inejecución”, argumenta la empresa coruñesa. Con este recurso, la compañía pretende dar respuesta al TSXG que justificó la decisión de paralizar la ejecución del proyecto en la “no aportación de documento o dato alguno que avale la imperiosa necesidad de contar con el nuevo parque, ni siquiera por la incidencia que viene produciendo la menor entrada de gas con ocasión de la guerra en Ucrania”.
Ante la orden judicial que paraliza los dos proyectos, Greenalia sostiene que la medida cautelar fue establecida “sin que los demandantes hayan demostrado los supuestos riesgos para el medio ambiente”. Ambos proyectos —recuerda— cuentan con la evaluación ambiental (DIA) favorable por parte del organismo competente y sostiene que “no hay ningún documento que acredite eventuales perjuicios medioambientales”.
Greenalia defiende los “efectos positivos” que la ejecución de estos parques tendrán tanto a nivel medioambiental, como económico y social que, lamenta, no han sido valorados al tomar la decisión como tampoco el impacto negativo que generaría el no desarrollo de los mismos.
Incide además en que la puesta en marcha de nuevos proyectos eólicos, en especial los de alto factor como los previstos en la comunidad gallega, “son un instrumento de mitigación de la crisis energética actual y elementos clave para cumplir con los objetivos 2030” según los cuales “España quiere pasar de 40% de energías renovables en 2020 a casi 80%” en diez años. “La energía eólica —destaca la energética gallega— permitió reducir la factura eléctrica el año pasado en más de 4.400 millones de euros gracias a la sustitución de centrales de gas, de lo contrario la factura hubiese sido mayor”.
La compañía concluye que la producción de electricidad a partir de fuentes renovables es un “objetivo primordial de las medidas públicas —nacionales e internacionales— adoptadas en la lucha contra el cambio climático”. Con la puesta en marcha de estos parques, destacan, se produciría energía verde equivalente al consumo de 90.000 familias, con la que se evitaría la emisión de más de 100.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al evitar el consumo de combustibles fósiles.
