Sorral Inversiones, Sociedad Valenciana Tenedora de Valores, Holder Inversiones, Inpisa, la Alameda del Sol, Inversiones Veral… son solo algunos ejemplos de las sicavs, sociedades de inversión colectiva conocidas por canalizar la inversión de grandes fortunas, que en la últimas semanas han enviado su acuerdo de disolución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El aluvión de notificaciones se ha acelerado en el final de 2022 y cada día, al menos tres de ellas, informan de su voluntad de liquidarse.
Antes de este aluvión, las fortunas gallegas echaron el candado a sus sicavs en los primeros meses de este año. Fue el caso de Sandra Ortega, hija del fundado de Inditex, Amancio Ortega, que cerró Soandres de Activos, una de las mayores sicavs del país con un patrimonio de 255 millones al cierre de 2021. También hizo lo mismo el inversor Modesto Rodríguez, con Cibrán y Solainainvest, o el exvicepresidente de Inditex, José María Castellano, con Cariveja, y Juan Carlos Rodríguez Cebrián, exdirector general de Inditex, con Río No. De su matrimonio con Dolores Ortega, sobrina de Amancio Ortega, también nacieron las sicavs Silleiro y Vivero de Inversiones, que también las han cerrado. Hace más de una década que Amancio Ortega no tiene sicavs.
Los cambios introducidos por el Gobierno dentro de la ley antifraude en 2021 han endurecido los criterios para las inversiones en este tipo de vehículos. A partir de ahora cada uno de los que participe en este instrumento tendrá que realizar una aportación mínima de 2.500 euros. Las mayores críticas que han cosechado las sicav, que nunca han tenido buena prensa y siempre se han asociado a una forma privilegiada de pagar pocos impuestos, es que no han llegado a ser realmente un instrumento colectivo. Por ese motivo, desde 2015 se han introducido una serie de modificaciones legales que poco a poco han desinflado la inversión en este tipo de vehículos.
Si a finales de 2021 estos productos alcanzaban una inversión cercana a los 29.247 millones de euros, existían 2.307 y 361.000 personas estaban detrás de ellos, a principios de octubre este volumen se había reducido hasta los 20.200 millones, según los datos que maneja Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva. En el punto álgido de la inversión en sicav, en 2015, el dinero que llegaron a representar estas inversiones alcanzó los 34.084 millones. El 31 de marzo de 2022 hasta 1.756 informaron de su decisión de darse de baja y 467 comunicaron que continuarían.
“La gran mayoría de estas empresas han entendido que los nuevos requisitos no son fáciles de cumplir y se han acogido a disolver la sociedad. La evolución negativa en los mercado financieros de este año ha incentivado que no haya prisa por ejecutar la decisión tomada, dejándolo para el último momento y por eso las notificaciones se están acelerando a final de año”, señala Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de la del grupo de banca privada A&G.
La ventajosa fiscalidad de la que disfrutan estos vehículos se ha justificado históricamente por apoyar el ahorro colectivo. Este tipo de inversiones permite a los pequeños ahorradores acceder a carteras amplias y diversificadas (similares a las de los fondos de inversión) con posibilidad de influir en las decisiones, algo que no es posible en un fondo. Las plusvalías generadas por estos inversores tributan en base al IRPF, con tipos de entre el 19% y 26%, y lo mismo sucede con los dividendos que reparten.
Los que quieran seguir disfrutando de esta inversión colectiva gravada solo con un 1% de impuestos, podrán hacerlo. Pero a partir de ahora se incrementa la inversión mínima por accionista y la supervisión de estos productos pasa a estar bajo vigilancia de la Agencia Tributaria. “Este cambio ha podido influir en las decisiones tomadas por algunos socios para liquidar este tipo de inversiones”, señala José Luis López-Hermida, director de Cliente Privado y Family Offices de la consultora KPMG. “Ha dejado de ser un producto tan atractivo como antes”, indica Unai Ansejo, cofundador de Indexa Capital.
Las que no cumplan con las exigencias, están en tiempo de descuento, puesto que tienen que comunicar su acuerdo de disolución antes del 31 de diciembre de este año, aunque la cancelación en el registro aún puede alargarse hasta junio de 2023. “Tienen que comunicar lo que van a hacer y adherirse a las nuevas normas, las que no lo hagan tendrán que tributar hasta un 25% en vez del 1%”, explica Paloma López, abogada del área fiscal de LABE Abogados.
“Los cambios pretenden terminar con la figura del mariachi. De los cien socios necesarios para conformar una sicav algunos eran ficticios y solo eran acompañantes de un inversor principal. Pero sigue siendo un régimen muy interesante. La familia del Pino ya ha anunciado que mantendrá la suya, por ejemplo”, aclara López. Los que ya no quieran continuar en el régimen de sicav tienen la opción de retirar la inversión de la sociedad y ahorrarse la plusvalía si ese dinero se reinvierte en una sociedad española.
El patrimonio gestionado por la sicav llegó a representar el 2,25% del PIB en 2019. Tras la reforma, el futuro de este patrimonio es incierto.
