Las empresas de trabajo temporal (ETT) atraviesan en este 2022 su particular annus horribilis. Desde el pasado 1 de abril no se pueden firmar contratos por obra o servicio. La duración de los formalizados en el periodo de gracia contemplado en la reforma laboral entre su entrada en vigor, el 1 de diciembre, y el 31 de marzo, no pueden superar los seis meses, ahora mismo deberían estar extinguidos; y aquellos que coleaban de antes se rigen por la normativa anterior y mantienen un periodo de vigencia total de 3 a 4 años. La lucha contra la enorme tasa de eventualidad en la ocupación en España tumba los cimientos de las ETT, donde alrededor del 40% de los contratos eran de este tipo. Además, el Tribunal de Justicia de la UE consolidó en mayo los derechos de los trabajadores contratados por ETT a raíz de una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Primera Instancia de la localidad portuguesa de Braga: deben recibir la misma compensación por vacaciones en días y paga extraordinaria que los empleados en plantilla de la compañía a la que prestan sus servicios en caso de extinción de la relación laboral.
Los cambios estructurales en el modelo de negocio de las ETT empezaron en 2020, cuando el parón y las restricciones por la pandemia desplomaron su papel en Galicia. En febrero, antes de la declaración del primer estado de alarma, había 11.092 afiliaciones a la Seguridad Social en la comunidad vinculadas a las llamadas “actividades relacionadas con el empleo”. En marzo bajaron a 5.605 y a 5.226 en abril, una caída del 53% en apenas seis semanas. Con la reactivación económica se recuperó también esta vía de contratación externa, pero la media de 2021 (11.481 altas laborales) se quedó por debajo de los niveles prepandemia (12.116 en 2019 y 12.564 en 2018).
¿Qué está pasando este año ante las nuevas reglas de contratación de la reforma laboral? El peso de las ETT en la ocupación se ha ido desinflando, especialmente a partir de abril, cuando los contratos de obra y servicio quedaron expresamente prohibidos. De los 12.900 afiliados de enero, en Galicia se pasó a alrededor de 10.500 en los últimos tres meses, lo que supone un descenso de casi el 20% en comparación con las cifras de la Seguridad Social anteriores a la crisis del COVID-19.
Las “actividades relacionadas con el empleo” perdieron casi 2.700 trabajadores en Galicia desde 2019. Solo la agricultura, la ganadería, la caza y los servicios relacionados con el campo destruyeron más empleo en este tiempo, unos 2.900, el 8%, según los datos de afiliaciones que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE), y unos 550 desde abril. La inmensa mayoría son de Pontevedra (417), una provincia donde las grandes industrias como el naval y la automoción —ambas ralentizadas este año— solían tirar de la externalización de los refuerzos. El recorte en el conjunto del país desde la activación total de la reforma laboral ronda el 4,6%, con 9.900 trabajadores menos. La bajada en Murcia llega al 26% y supera el 15% en Baleares y Cantabria, mientras que el personal de ETT aumentó un 27% en Canarias, un 13% en Castilla-La Mancha y un 4,2% en Madrid.
La otra cara de la reforma laboral para las ETT es la posibilidad de firmar contratos fijos-discontinuos con una casuística mayor que antes. Ahí está la razón de que el número de contratos entre enero y octubre de estas empresas en Galicia aumente ligeramente, un 4,5%, hasta los 5.162, muy por debajo de los más de 7.000 de 2019.
